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La deuda de unos 2,000 millones de dólares que se calcula provocó la confiscación y repartición de bienes que promovió Daniel Ortega cuando perdió las elecciones de 1990 aún no se termina de pagar, y ya existe otra similar, que crece a medida que se determina el valor de las propiedades confiscadas desde el inicio de la crisis de 2018. Y aunque los afectados evitan mencionar al valor de estas, algunas de las más conocidas evidencian su alto costo, que en conjunto rondaría los 354 millones de dólares.
Pero más allá del valor histórico y del impacto que provocará en el desarrollo económico y social del país, la confiscación de estas propiedades crea una alta deuda sobre cada uno de los nicaragüenses. Ya que tal como ocurrió con «la Piñata» de los años 90, cuando se restablezca la democracia, el Estado tendrá que pagar todos estos daños.
Entre los centros de estudio, por el alto valor de sus instalaciones y el impacto en la formación académica de los jóvenes, sobresale la Universidad Centroamericana (UCA). Era propiedad de la congregación de sacerdotes Jesuitas y su vocero, padre José María Tojeira, cuantificó en unos 25 millones de dólares el valor de la infraestructura educativa del campus, que tiene una extensión de 14 manzanas.
El robo a las universidades
Pero la confiscación de la UCA, que este año llegaría a 66 años de existencia, también incluyó el laboratorio de ingeniería ubicado en la misma zona, cuyo valor ronda los 2 millones de dólares; una finca de cien manzanas ubicada en Carretera a Masaya que costaba 50 millones de dólares y fincas con centros experimentales ubicadas en León, Jinotega y Río San Juan. Aunque Tojeira no confirmó el valor total de la pérdida, esta podría superar los 100 millones de dólares.
También el campus Francisco de Sola, del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Construido en un terreno de 95 manzanas, contaba con aulas de clase, edificios administrativos, residencias para albergar a unos doscientos estudiantes, cafetería, comedor y muchos equipos. Tras su confiscación en septiembre de 2023, su rector Enrique Bolaños Abaunza en una entrevista al diario La Nación de Costa Rica, dijo que el valor de lo confiscado superaba los 30 millones de dólares.
A estos dos centros de estudios superiores se suman al menos otras treinta universidades, cuyo valor total todavía no se determina, pero en su momento se sumará al de la UCA y el Incae cuyo primer cálculo genera un valor conjunto de unos 130 millones de dólares.
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Las confiscaciones en el sector empresarial
Entre las organizaciones empresariales la propiedad más valiosa podría ser la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ubicada en residencial Las Colinas, en Managua, que al momento de su confiscación en marzo de 2023 costaba unos 500,000 dólares. A este valor se suma el de las propiedades y terrenos de medio centenar de organizaciones gremiales, tanto de la capital como del resto del país.
El valor de algunas propiedades de las organizaciones empresariales, como el Parque de Ferias de Expica, superaba el millón de dólares. A estas pérdidas se suman las que a título personal sufrieron dirigentes empresariales y empresarios.
Una investigación preliminar que publicó en mayo de 2024 el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia, cuantificó en alrededor de 164 millones de dólares el valor de los bienes confiscados a organizaciones empresariales, empresarios y políticos. Entre ellas algunas ubicadas en San Juan del Sur que convirtieron en hoteles.
Entre estos bienes se cuentan decenas de casas amuebladas, fincas con cultivos, ganado y equipos, restaurantes, casas de playa, condominios, vehículos, incluso una isleta en el Lago de Granada cuyo valor de mercado supera el medio millón de dólares.
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Medios de comunicación confiscados
A ese valor se sumarían los 4 millones de dólares que costaba la empresa guatemalteca Tomza, confiscada en 2021; y entre 30 y 50 millones de dólares más que sería el valor aproximado de Cisa Exportadora y Mercapital, las dos empresas subsidiarias de Mercon Coffee Group que la dictadura Ortega Murillo confiscó en diciembre de 2023 alegando una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos.
Esta cuantificación no incluye la reciente confiscación de los bienes de los hermanos Amelia y Amílcar Ybarra Rojas, accionistas de la empresa Agricorp. Tampoco el de la empresa BHMB Mining Nicaragua, subsidiaria de la estadounidense BHMB Inc. y su plantel minero ubicado en Palacagüina, Madriz, que se calcula en 78.3 millones de dólares. Ni el de la hacienda de la familia de Michael Healy (q.e.p.d.), último presidente del Cosep, que fue encarcelado y luego desterrado. Tampoco el del Jockey Club de Granada, ni el de la mayoría de los bienes de las 5,441 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Ortega Murillo cerraron para luego confiscar sus bienes.
Entre los medios de comunicación confiscados sobresale el valor del plantel industrial de Editorial LA PRENSA, que al día del robo estaban valoradas en unos 20 millones de dólares, que no incluyen el valor económico ni histórico de su hemeroteca.
El plantel albergaba la redacción, rotativa, talleres, imprenta comercial, bodegas, hemeroteca, oficinas de los departamentos de ventas, circulación, mercadeo, contabilidad y administración. Al valor de LA PRENSA se suma el de las propiedades y equipos de alrededor de treinta medios más, que en su gran mayoría todavía no se han cuantificado.
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Propiedades confiscadas a la Iglesia católica
Otra propiedad que, por su valor histórico y económico, resalta entre las confiscadas, es la sede de la Curia Episcopal de Matagalpa. El edificio de dos plantas ubicado en el centro de esa ciudad tiene una extensión de alrededor de media manzana, servía como residencia del obispo y albergaba también algunas oficinas. Aunque su valor no ha sido cuantificado oficialmente, conocedores del tema consideran que puede rondar 1 millón de dólares.
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Pero esta es solo una de las casi cuarenta propiedades que los Ortega Murillo le confiscaron a la Iglesia católica. También hay centros de retiro, emisoras de radio, centros de estudio, conventos y otras propiedades que según cálculos preliminares pueden costar alrededor de 10 millones de dólares.
Como ya se mencionó a esta cuantiosa lista se suma el valor de los bienes de las 5,441 OSC confiscadas. Valor que en algunos casos, como el de Operación Sonrisa que tenía instalaciones físicas, equipos médicos y clínicas móviles, es de varios millones de dólares. Y como esta hay miles más que todavía no se sabe su valor, pero que alimentarán la enorme deuda que por segunda vez en la historia del país generan las confiscaciones promovidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
