Como parte de la singular “transición hacia la transición” que Estados Unidos (EE. UU.) está haciendo funcionar en Venezuela, el gobierno chavista de la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez está aprobando una ley de amnistía. Lo cual es importante, por la significación política que la amnistía tiene en sí misma, pero sobre todo por su consecuencia humanitaria, ya que todas las personas presas políticas están saliendo o deben salir de la cárcel para su bienestar y el de sus familias.
Según el Gobierno de Venezuela, la ley de amnistía es para perdonar y borrar los expedientes de todos los delitos políticos y conexos que se hubieran cometido en Venezuela, desde el 1 de enero de 1999 (un mes antes de que el extinto dictador Hugo Chávez tomara el poder), hasta el 30 de enero del presente año. El proyecto de ley de amnistía fue aprobado por la Asamblea Nacional en primer debate, el pasado jueves 5 de febrero, y está pendiente de su aprobación definitiva que se espera ocurra antes de terminar la presente semana.
Sectores de la oposición venezolana y organismos de derechos humanos critican el proyecto de amnistía del gobierno chavista. Unos porque lo consideran incompleto y otros porque opinan que si los presos políticos no cometieron delitos, sino que han sido víctimas de una represión injustificada, la sociedad y el Estado no tienen nada que perdonarles. Lo que corresponde es declarar nulos todos los juicios arbitrarios y las sentencias ilegítimas que fueron dictadas para condenarlos y mantenerlos en prisión.
Por su parte, la Misión de las Naciones Unidas para Venezuela, cuyo mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026, ha acogido con cautela el proyecto de ley de amnistía; y advierte que su legitimidad y consecuencias positivas dependen de que no sea para darle impunidad a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, y que se aplique de manera transparente, inclusiva y conforme a los estándares internacionales.
Desde los tiempos de los antiguos griegos que crearon la amnistía, esta ha servido eficazmente para promover la reconciliación nacional y restañar las heridas sociales, después de graves conflictos armados o civiles. Pero en los últimos tiempos la amnistía ha sido desacreditada porque según el derecho internacional humanitario los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y por lo tanto no se puede perdonar ni olvidar esos crímenes espantosos que cometen las dictaduras, solo porque así lo dispone una ley de interés político circunstancial.
En Nicaragua, el expresidente Enrique Bolaños Geyer escribió en su libro de historia La lucha por el poder. El poder o la guerra, que desde la Independencia Nacional hasta 2017 se dictaron 52 amnistías, “equivalentes a una cada cuatro años escasos, de promedio”.
A esas 52 amnistías hay que agregarle la que dictó la actual dictadura de Ortega y Murillo en 2019, después de las masivas protestas políticas y sociales de 2018 y la sangrienta represión que desató para sofocarlas. Muchos presos políticos fueron liberados por esa amnistía, pero la oposición y los organismos de derechos humanos la rechazaron por considerar que el verdadero objetivo de la dictadura era cubrir de impunidad los numerosos crímenes que se cometieron durante aquella gran represión.
Volviendo al caso de Venezuela, la ley de amnistía que está aprobando el gobierno sucesor del dictador Nicolás Maduro excluye las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, porque así lo dispone la Constitución venezolana en su artículo 29.
Habrá que ver si los operadores de la dictadura que durante más de 20 años han cometido esa clase de crímenes, serán llevados ante la justicia para que respondan por sus graves delitos. Pero en todo caso, se trata de crímenes imprescriptibles de manera que cuando se restablezca la democracia en Venezuela se podrá acusar a los culpables y juzgarlos conforme a derecho. Y de esa manera implementar la llamada justicia transicional que ahora se considera indispensable para reparar los graves daños humanos y sociales que causan las dictaduras.
