El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea, en Costa Rica, denegó la extradición de Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense radicado en ese país, quien se encuentra detenido luego de que el Ministerio Público del régimen nicaragüense solicitara su entrega para procesarlo por los homicidios de un policía y un civil.
En la resolución, los magistrados acogieron parcialmente el recurso presentado por la defensa y revocaron la sentencia de primera instancia que había autorizado la extradición.
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“Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Daguer Alberto Hernández Vásquez, defensor particular del señor Nombre101647. Se revoca la sentencia venida en alzada y, en su lugar, se resuelve rechazar la solicitud de extradición de Nombre101647 formulada por el Estado de Nicaragua”, señala el fallo.
El Tribunal dejó claro que, si el régimen nicaragüense pretende sostener su acusación, deberá hacerlo por las vías legales internacionales correspondientes. En ese sentido, ordenó que la remisión de pruebas se realice mediante el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, suscrito en 1993. Para ello, dispuso comunicar la resolución a la Fiscalía General de la República, obligando al Estado requirente a demostrar que su acusación tiene fundamento.
Cumplirá un año preso
Fernández Sandoval fue capturado el 27 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía de Nicaragua lo vinculara con el asesinato de la oficial de policía Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas.
Según la acusación nicaragüense, los hechos ocurrieron durante un asalto registrado el 1 de octubre de 2022 en la comunidad de Buena Vista, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
Aunque un tribunal costarricense aprobó inicialmente la extradición, la decisión fue apelada y finalmente revocada este lunes 9 de febrero por el Tribunal de Apelación, que ordenó rechazar de forma definitiva la entrega del campesino al régimen sandinista.
Pese al rechazo de la extradición, Fernández no recuperó su libertad de inmediato. Los jueces dictaron el cese de la detención provisional por fines de extradición, pero ordenaron comunicar la resolución al tribunal de origen para que el campesino quede a la orden del Ministerio Público costarricense.
Ahora será la Fiscalía de Costa Rica la que deberá realizar las diligencias necesarias para determinar si existe mérito para una persecución penal bajo jurisdicción nacional y una eventual vinculación formal a una causa penal en el país.
El Tribunal de Apelación también dispuso comunicar lo resuelto a la Fiscalía General de la República y a la Sala Constitucional, que conoce un recurso de habeas corpus presentado a favor del ciudadano nicaragüense.
Organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio denunciaron desde el inicio el arresto de Fernández y advirtieron sobre la grave amenaza de daño irreparable en caso de concretarse la extradición. Según estas organizaciones, de haber sido enviado a Nicaragua, el campesino enfrentaba un riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte.
Estos temores no son infundados. Un antecedente reciente refuerza las denuncias: el campesino opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado desde Costa Rica en febrero de 2024, no corrió con la misma suerte. El Movimiento Campesino denunció que Pérez es sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
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De acuerdo con esa denuncia, Pérez permanece en condición de desaparición forzada, recluido en una de las celdas 300 de máxima seguridad, en la galería conocida como el “infiernillo”, completamente aislado y engrilletado de forma permanente, sin que su familia lo haya vuelto a ver desde su regreso forzado a Nicaragua.
Hasta septiembre de 2025, Douglas Gamaliel Pérez Centeno continuaba con paradero desconocido tras ser entregado por la justicia de Costa Rica al régimen de Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar medidas cautelares a favor del preso político.
«Hacer notar que la presente solicitud refleja una situación excepcional que se basa en el riesgo extremo, urgente e irreparable a los derechos», se lee en la resolución.
También el régimen sandinista intentó extraditar al campesino Reynaldo Picado Miranda, acusado por los mismos homicidios, pero el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica le concedió el refugio político en mayo del 2025 y lo liberó tras casi tres años de detención.
