Al cumplirse un año de la reforma constitucional de la dictadura que creó el extravagante sistema de gobierno bicéfalo, o copresidencial, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) emitió una declaración en la que atribuye el engendro a Rosario Murillo. Según el gobierno estadounidense, ella “creó eso sin elecciones porque sabe que no puede ganar en un proceso electoral libre”.
«El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo», señaló el Departamento de Estado en su declaración más política que diplomática. Y con un lenguaje que llamó la atención, enfatizó que Rosario Murillo «cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar».
Esta declaración política del Departamento de Estado se puede interpretar como que el Gobierno de EE. UU. le dice a Rosario Murillo: Señora, usted que realmente manda en Nicaragua, ahórrele problemas a su país y evíteselos usted misma, sometiendo su permanencia en el poder al escrutinio del pueblo nicaragüense, en elecciones competitivas y libres, limpias y supervisadas.
Se conoce muy bien que EE. UU. está forzando el desmontaje gradual de la dictadura de Venezuela, desde que el 3 de enero recién pasado derrocó y capturó a Nicolás Maduro mediante un fulminante operativo armado “quirúrgico”, y comenzó a someter al gobierno de la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez a una irresistible presión militar, política y económica.
El gobierno estadounidense también está coaccionando fuertemente al régimen de Cuba, para forzarlo a una negociación política que conduzca a la desarticulación de la longeva y anacrónica dictadura comunista, y a la recuperación de la libertad y la democracia del pueblo cubano.
En lo que se refiere a Nicaragua, es obvio que en su plan declarado de poner fin a las tres dictaduras que quedan en el hemisferio occidental, la de Ortega y Murillo no es la prioridad principal de EE. UU. Pero ha dicho que irá tras ella después de Venezuela y Cuba, y es obvio que ya le está advirtiendo a Ortega y Murillo, directa e indirectamente, que es tiempo de comenzar a poner fin a la dictadura. Y que deberían hacerlo por las buenas, pues de lo contrario de todas maneras tendrán que terminar.
En este contexto, algunos analistas políticos y activistas opositores nicaragüenses han recordado que en noviembre de este año debería haber elecciones, de acuerdo con lo que establecía la Constitución antes de la ilegítima reforma constitucional totalitaria que creó la presidencia bicéfala y amplió el período presidencial de cinco a seis años. Consideran que esta podría ser una buena oportunidad para la dictadura de Murillo y Ortega de evitar las mismas presiones que están sufriendo los regímenes de Venezuela y Cuba. Y sobre todo de eludir un futuro más que incierto para ellos mismos y los suyos.
Ortega ya tiene experiencia en cuanto a ceder a presiones de fuerzas extranjeras para realizar elecciones libres y competitivas con participación de la oposición. Lo hizo en 1989, como consecuencia de los Acuerdos de Esquipulas II y de las presiones combinadas de EE. UU. y la extinta Unión Soviética, la Federación de Rusia de ahora.
Aquellas elecciones resultaron bien y Nicaragua avanzó por el camino de la transición democrática, muy difícil pero exitosa. Sin embargo, Ortega se empecinó en recuperar el poder y restaurar la dictadura, lo logró en enero de 2007 y entonces el país cayó en una situación política peor que la de los años ochenta, sin guerra armada, pero con una campaña de exterminio de los derechos humanos, de la institucionalidad política estatal, de la oposición, de la sociedad civil y hasta de las iglesias cristianas.
Pero ahora tienen la oportunidad de reflexionar para rectificar, y podrían comenzar anulando todas las sentencias bárbaras que dictaron contra los dirigentes y activistas de la oposición política y social; permitirles que regresen al país y devolverles sus patrimonios confiscados. Y acordar con la oposición un plan decente de reorganización institucional y política que conduzca a la celebración de elecciones auténticas y abra el camino de la transición hacia la democracia.
Básicamente sería lo mismo que propuso la Conferencia Episcopal en el Diálogo Nacional del Seminario de Fátima, en 2018, y lo que el mismo Gobierno acordó con la oposición en 2019 en el Diálogo del Incae, que por arrogancia y su obsesivo aferramiento al poder no aceptaron ni cumplieron los dictadores.
Siete años después, Daniel y Rosario Murillo (o al revés) tienen de nuevo la oportunidad de hacer algo muy provechoso para Nicaragua. Y también para ellos mismos, su familia y sus seguidores.
