No hubo sorpresas en las elecciones del pasado domingo 1 de febrero en Costa Rica. Fueron impecables, democráticas y tranquilas; y ganó la candidata oficialista Laura Fernández con casi el cincuenta por ciento de los votos.
Además, el partido gobernante, Pueblo Soberano, obtuvo 31 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa. Una amplia mayoría, pero no suficiente para imponer una reforma constitucional, cambiar a conveniencia del Ejecutivo la composición de la Corte Suprema de Justicia, ni designar al contralor y al fiscal general. Y esto es muy importante, atendiendo a los temores extendidos en Costa Rica por el avance del “autoritarismo democrático” en detrimento de la tradicional y hasta ahora ejemplar democracia costarricense.
Por cierto que tales temores han sido alimentados por el mismo presidente saliente Rodrigo Cháves, de inocultable talante y actitudes autoritarias mostradas durante su gobierno, que la presidenta electa Laura Fernández ha prometido no solo continuar sino además profundizar.
Chaves impulsó un modelo de cambio político que llamó “refundacional”, lo cual no es otra cosa que empoderar más al Ejecutivo en detrimento de los otros poderes del Estado; reducir los contrapesos institucionales y reformar la Constitución para impulsar la construcción de la “tercera república”, como lo proclamó la señora Fernández al celebrar su victoria electoral.
Laura Fernández es politóloga, experta en políticas públicas y gobernabilidad, que se autodefine como católica conservadora y defensora de la familia, la vida y los valores tradicionales. De allí que haya sido favorecida por el apoyo electoral no solo de la mayoritaria población católica, sino también de la evangélica, que como en toda la región está en franco crecimiento. Tiene y seguramente tendrá mucho apoyo ciudadano.
En su primer discurso como presidenta electa de Costa Rica, la señora Fernández declaró que para ella “la democracia es el respeto a la ley”. Pero juristas democráticos reconocidos replican que “la democracia no es el respeto a la ley”. Que es al revés, o sea que “el respeto a la ley y la democracia derivan del Estado de derecho, (pues) sin Estado de derecho no hay ley, no hay justicia, no hay democracia”.
También dijo la presidenta electa Fernández que “Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio… que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano”. Y aseguró que “hemos dado ejemplo de cómo en paz las urnas electorales pueden alentar una auténtica revolución política”.
A pesar de su proclama revolucionaria, la señora Fernández prometió que su gobierno será de “diálogo y respeto al Estado de derecho”, y declaró ser partidaria de la libertad de prensa. Pero al mismo tiempo insultó a la oposición, calificándola de “caníbal”, y repitiendo el discurso recurrente de Rodrigo Chaves, atacó a la prensa independiente diciendo que sus propietarios “trafican con la información pública y la administran de forma chantajista para favorecer intereses económicos particulares”.
No obstante, el influyente y muy respetado diario La Nación, que ha sido blanco de las fobias de Chaves y su partido, al comentar editorialmente la victoria electoral de Laura Fernández, advirtió que como resultado de la elección “la oposición obtuvo un mandato suficiente para impedir el avance de un proyecto de control político hegemónico, capaz de vulnerar en sus raíces nuestras instituciones democráticas. Esto es algo, sin duda, importante”.
Y con responsabilidad, y a todas luces pensando en Costa Rica, La Nación aconseja a la flamante presidenta electa costarricense: “Sin un golpe de timón desde el Ejecutivo, sin la construcción, desde ya, de puentes con el Legislativo y el Judicial, sin el respeto a los adversarios y sin la búsqueda de soluciones consensuadas, el próximo gobierno fracasará y dañará aún más nuestra democracia. Confiamos en que, una vez a cargo del Ejecutivo, la presidenta electa actúe en consecuencia”. Ojalá que doña Laura atienda este consejo bien intencionado.
Resta decir, de nuestra parte, que la democracia costarricense —como la de cualquier país donde existe este virtuoso sistema político— no tiene seguro de vida. La democracia está expuesta de manera permanente al ataque existencial desde dentro y desde afuera. Por eso hay que cuidarla todos los días, pues, para decirlo parafraseando a Thomas Jefferson en lo que escribió sobre la libertad, el precio que hay que pagar por la democracia es la eterna vigilancia.
