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Los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aceptaron la «renuncia» de Gerardo Arce Castaño, hermano del exasesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce, y uno de los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que aún permanecían en sus cargos después de los nuevos nombramientos que la dictadura emprendió en esa instancia desde finales del año pasado.
La renuncia “irrevocable” del magistrado Gerardo Arce Castaño, presentada a finales de diciembre de 2025, se inscribe en la reconfiguración permanente de la CSJ que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La salida, justificada oficialmente por razones de salud, deja otro espacio abierto para que el oficialismo consolide su dominio absoluto sobre el máximo tribunal del país.
La carta fue dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, órgano que funciona hoy como ventanilla de trámite de las decisiones del Ejecutivo. En ese contexto, la dimisión no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia de decisiones al más alto nivel político que han ido vaciando de independencia al poder judicial y alineándolo con los intereses del régimen. En especial a favor de los de Murillo.
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La dimisión ocurre seis meses después que su hermano Bayardo Arce fuera apresado por la dictadura, bajo acusaciones de corrupción que fueron ignoradas durante décadas, a pesar de investigaciones periodísticas bien fundamentadas. Esta prisión es atribuida como parte de la purga dirigida por Murillo para acumular más poder.
La renuncia de Gerardo Arce ocurre, además, en un momento en que la justicia nicaragüense atraviesa otra crisis de credibilidad, porque los reemplazos de las fichas puestas por Murillo tienen antecedentes como violadores de derechos humanos. La CSJ ha sido señalada por organismos internacionales y por la oposición en el exilio como un engranaje central del aparato represivo, responsable de avalar procesos penales fabricados, confiscaciones y la persecución de la disidencia.
Una renuncia “irrevocable” bajo control del oficialismo
En su misiva, Arce Castaño comunica formalmente su salida del cargo y recalca que la decisión responde a padecimientos crónicos que afectan su desempeño. También subraya que su renuncia no supone un distanciamiento del proyecto político del sandinismo ni de sus convicciones, un énfasis que no pasa inadvertido en un sistema donde la lealtad política es requisito para ocupar cargos clave.
El trámite de la renuncia queda en manos de una Asamblea Nacional sin contrapesos, dominada por el oficialismo. En la práctica, el Parlamento se limita a validar las decisiones del Ejecutivo, tanto para aceptar renuncias como para nombrar sustitutos afines.
Las supuestas renuncias en la CSJ, por el contrario, han sido usadas reiteradamente para realinear el poder judicial: renuncias “voluntarias”, jubilaciones forzadas y destituciones encubiertas han servido para abrir espacios a perfiles dóciles, sin independencia ni trayectoria que los respalde frente al poder político.
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¿Quién es Gerardo Arce Castaño?
Gerardo Arce Castaño asumió como magistrado de la Corte Suprema en abril de 2014, en un periodo en que el sandinismo ya avanzaba en la concentración de poder. Su gestión se desarrolló en años clave para la consolidación autoritaria, marcados por reformas legales, sentencias a la medida del Ejecutivo y el debilitamiento sistemático de las garantías constitucionales.
Durante su permanencia en la CSJ, Arce Castaño formó parte de un tribunal que avaló decisiones ampliamente cuestionadas, entre ellas fallos que facilitaron la persecución judicial de opositores y la neutralización de voces críticas. Su perfil se mantuvo alineado con el oficialismo, sin registros públicos de disenso frente a las decisiones más polémicas del régimen.
Su salida no representa, por tanto, una ruptura con el modelo impuesto desde el Ejecutivo, sino la conclusión de un ciclo dentro de una Corte ya subordinada. La insistencia del propio magistrado en recalcar su fidelidad política refuerza esa lectura.
Una Corte desmantelada y magistrados a la medida
La renuncia de Arce Castaño se suma a un proceso más amplio de desmantelamiento institucional. En la última década, la dictadura ha vaciado a la Corte Suprema de cualquier atisbo de autonomía, convirtiéndola en un órgano funcional al control político y a la represión.
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Según analistas consultados anteriormente por LA PRENSA, el resultado es un poder judicial incapaz de actuar como árbitro imparcial. Únicamente del viejo aparato judicial quedaron en sus cargos, hasta ahora, la expresidenta Alba Luz Ramos y Juana Méndez.
