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En las filas de la dictadura, después de Rosario Murillo, no hay otra mujer que acumule más poder que Wendy Morales. De rostro ovalado y ojos cansados, con orejas grandes adornadas normalmente con pendientes de perlas. Moña baja en su cabello negro y unas cuantas canas blancas. Su mirada transmite paciencia y subordinación, pero quienes han trabajado con ella la conocen también por ser “controladora”, “adicta al trabajo” y “sinvergüenza. No le tiembla la mano para ejecutar una orden”.
Hay quienes la llaman “superministra” desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo la pusieron al frente de la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ), en agosto de 2025. Esta es la antigua Procuraduría General de la República la cual fue renovada para ejercer un mayor control sobre la ciudadanía y los funcionarios públicos. Al frente de esa tarea está Wendy Morales.
Desde la PGJ, Morales controla al Ministerio Público, Fiscalía, Registro Civil, Procuradurías de las Municipalidades que sirven para tener vigilados a los alcaldes de todo el país, además de otras dependencias claves en el aparato represión estatal. Recientemente, la dictadura ubicó a Morales como parte de la directiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y asumirá la vicepresidencia de esta.
A Morales se le ha visto activamente defendiendo al régimen en foros internacionales y repitiendo el discurso del “golpe de Estado”. También ha sido la artífice de confiscaciones a opositores e incluso ella misma ha entregado esas propiedades a nuevos dueños.
En agosto de 2022 durante un acto público Morales entregó las instalaciones confiscadas de LA PRENSA a la directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Loyda Barreda. La dictadura erigió ahí el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
Un día antes, el 22 de agosto de 2022, Morales había entregado la propiedad en donde funcionaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua. Quien la recibió fue la directora del Centro Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, para la construcción del Centro de Estudios del Desarrollo, “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”.
Por estos actos, entre otros, fue sancionada por Estados Unidos en 2024. El entonces subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, la consideró “un actor clave en la represión del régimen Ortega Murillo”.
Una “chavala común y corriente”
Wendy Morales llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) en 2003 para trabajar en la Procuraduría Nacional Ambiental. “Entró como una simple secretaria. Atendía llamadas, llevaba la agenda de don León (Mairena, entonces procurador ambiental) y era bien activa. Caía bien”, explica una fuente que trabajó en la Procuraduría en aquellos años.
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Para entonces, en los pasillos de la PGR se manejaba que Morales era una joven que aún estudiaba en la Universidad Católica (Unica) y que estaba como pasante en esa institución. Nació el 28 de mayo de 1980 en Managua. No se le conocía un pasado como miembro de algún partido político o que fuese parte de la Juventud Sandinista como se afirmó en su momento por algunos medios de comunicación.
“Era una chavala normal, común y corriente. Por eso hay gente que en la Procuraduría le dicen que es una aparecida, porque no le reconocen méritos para estar donde está”, señala la fuente.
Morales estuvo cinco años como secretaria de la Procuraduría Nacional Ambiental hasta que, en 2008, el entonces procurador general de la República, Hernán Estrada, la escogió para que se hiciera cargo de su despacho. Estrada era ya uno de los cercanos a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Él fue el notario de la boda de ambos en 2004, y él mismo salió diciendo ante medios de comunicación tras las elecciones municipales de 2008 que si Ortega daba la orden “no quedaría piedra sobre piedra” en Nicaragua.
Según la fuente, Estrada escogió a Morales como su asistente porque quería a alguien joven a su lado. Él confiaba en ella. Tanto así que le encargó manejarle su agenda personal y reuniones privadas fuera de horario laboral. “Hasta rumores se decían de que la Wendy le tapaba los chanchullos a don Hernán supuestamente”.
Fue a través de Estrada que Morales se volvió cercana a Rosario Murillo “porque cuando don Hernán no podía hacer algo porque estaba fuera del país o por problemas de salud, Rosario llamaba a la Wendy porque no había subprocurador. La otra con la que hablaba era con la Yara (Pérez, entonces intendente de la propiedad), pero más con la Wendy porque no confiaba mucho en la Yara”.
El 3 de junio de 2014, Morales fue nombrada por Ortega como subprocuradora de la República, pasando a ser la segunda de la PGR, solamente por detrás de Hernán Estrada.
Defensora del régimen
Wendy Morales se hizo notar en marzo de 2021, cuando ya había ascendido a procuradora general de la República. Esto sucedió en 2019, tras la sorpresiva renuncia de Hernán Estrada alegando problemas de salud. Se especuló que Estrada había desertado de la dictadura, a como lo hizo ese mismo año el entonces magistrado judicial Rafael Solís.
Sin embargo, Estrada reapareció en marzo de 2025 como embajador de la dictadura en la India. De acuerdo con la fuente que trabajó en la Procuraduría, fue el mismo Estrada quien recomendó a Morales con Ortega y Murillo para que asumiera el cargo que él estaba dejando.
Su nombramiento generó polémica porque no cumplía con los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la PGR y el artículo 161 de la Constitución Política antes de ser reformada, indicaban que para ejercer el cargo era requisito ser abogado con una experiencia mínima de diez años.
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Según documentos públicos del poder judicial, en 2013 Morales aún estaba pendiente de solicitar su incorporación como notaria pública. LA PRENSA reportó en ese momento que Morales tampoco estaba autorizada para cartular, ni presentó en esa época ningún quinquenio, ni carta de no cartulación ante el control de notarios.
Morales fue juramentada como abogada cuando ya era subprocuradora, en julio de 2018, durante el punto más alto de la represión a las protestas antigubernamentales de ese año. Quien la juramentó fue la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos y le asignaron el carné de abogada número 29749.
Para marzo de 2021, Morales apareció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se señalaron varias violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ahí negó “cualquier tipo de desprotección” y repitió el discurso de injerencismo que pregona la dictadura.
En mayo del mismo año, Morales participó en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que solicitaba explicaciones a Nicaragua por las denuncias de persecución contra defensores de derechos humanos.
Morales señaló que la Policía no acosaba a los defensores y dijo que las patrullas afuera de las oficinas de estos organismos eran “la forma del Estado para darles seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por ese organismo regional”.
Tras sus intervenciones en estos foros, Morales figuró como una de las defensoras del régimen a nivel internacional y fue sumando puntos con la pareja dictatorial. En diciembre de 2023, expresó el “rechazo total” a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Nicaragua.
La procuradora mencionó que esas reuniones eran “una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las personas nicaragüenses y nuestra soberanía”. Luego, en febrero de 2024, durante la presentación de un informe del Grupo de Expertos de la ONU, Morales refutó con el discurso orteguista del “golpe de Estado”.
Un mes después, en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones en su contra y le canceló su visa. Los norteamericanos la señalaron de ser la responsable de las confiscaciones de bienes a opositores “sin una justificación legal”.
“En varios casos, se presentó personalmente con escrituras en mano en edificios privados para entregarlos a nuevos propietarios. Además, confiscó bienes a miles de organizaciones no gubernamentales y, a los 222 excarcelados políticos que el régimen desterró en febrero de 2023 a Estados Unidos, también los despojó de sus bienes. Igualmente, Morales se prestó para posibilitar que la dictadura Ortega Murillo se apropiara de bienes inmuebles propiedad de medios de comunicación independientes”, detalló el Departamento del Tesoro.
Por otro lado, Morales también ha representado a la dictadura ante Rusia y China. El 7 de junio de 2024 viajó a Moscú para trabajar en un acuerdo que buscaba enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Y en mayo de este año estuvo en el lanzamiento de la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), un tribunal internacional paralelo al de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, impulsado por China.
El poder de Morales
La Procuraduría General de la República fue creada en 2001, en tiempos de Arnoldo Alemán. Desde entonces ha sufrido varias reformas que buscan ampliar sus funciones y ha ido absorbiendo competencias de otros órganos autónomos del Estado.
La dictadura de Ortega convirtió a la PGR en un gran monstruo capaz de “controlar y vigilar a los funcionarios. No solo los de la Procuraduría. Eso pasa por Asamblea, Alcaldías, Policía, Ministerio Público, Fiscalía. Es una todopoderosa”, explica la persona que trabajó en esta institución por varios años.
La procuraduría está supeditada al poder ejecutivo, es decir a Daniel Ortega y Rosario Murillo que se crearon la figura de copresidentes. Al poner a Wendy Morales al frente de la PGJ, le dieron el poder para controlar y vigilar a todo el aparato estatal.
Además, desde octubre de 2023, Morales tiene a su cargo el Sistema Nacional de Registros (Sinare) del poder judicial. Con esto, mantiene el control del patrimonio de ciudadanos y empresas.
