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Mientras Nicaragua espera conocer en los próximos días la decisión final que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), tomará para frenar los «irrazonables» abusos que comete el régimen Ortega Murillo, y que «obstaculizan o restringen el comercio con Estados Unidos», la Embajada de ese país en Managua inició una campaña en redes sociales para divulgar los delitos que corroboró la investigación de la USTR sustentada, cuyo resultado podría dejar a los productos locales fuera del mercado estadounidense.
«La investigación del Gobierno de los Estados Unidos sobre Nicaragua ha sacado a la luz patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense, especialmente en ámbitos críticos como los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de derecho», dice la presentación de la campaña y luego invita a conocer «de primera mano» los testimonios de los afectados y las pruebas que descubrió la USTR durante la investigación.
Cabe recordar que en diciembre de 2024, la USTR inició una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho que comete la dictadura Ortega Murillo. El proceso, sustentado en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que los abusos que cometen son «irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense».
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Las medidas que propone la USTR
Para frenar estas violaciones la USTR propuso cuatro medidas: suspender parcialmente los beneficios del DR-Cafta; aplicar aranceles de hasta el 100 por ciento, de forma inmediata o escalonada en un periodo de hasta 12 meses, a todos los productos que Nicaragua manda a ese mercado; aplicar inmediatamente aranceles de hasta el 100 por ciento a sectores seleccionados; o suspender, de manera inmediata o gradual durante 12 meses, todos los beneficios del DR-Cafta.
Se espera que en los próximos días se conozca cuál de las medidas que propuso la USTR será la que aplicarán. Los especialistas han advertido que cualquiera que sea la elegida, afectará la exportación de productos nicaragüenses al mercado estadounidense, que históricamente ha sido el principal destino de estas ventas. Muestra de ello es que el año pasado, de los 7,521.90 millones de dólares que generaron las exportaciones, Estados Unidos aportó 3,640.70 millones, que representan alrededor del 50 por ciento del total.
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Pese a las afectaciones que provocará la aplicación de estas medidas, dirigentes empresariales y políticos han advertido que los únicos responsables de estos daños son los Ortega Murillo, ya que pese a múltiples advertencias de lo que ocurrirá, no dejan de violar los derechos humanos, laborales y el Estado de derecho.
Pruebas que incluye la Embajada
La investigación de la USTR, que recibió más de dos mil comentarios, tanto a favor como en contra de las medidas que propone, descubrió muchas pruebas de los abusos de los Ortega Murillo. En la categoría de derechos laborales, la campaña de la representación diplomática estadounidense en Managua incluye prácticas de trabajo forzoso y explotación, «que socavan las oportunidades justas y la dignidad de los trabajadores».
En este segmento menciona la explotación de los trabajadores mediante la negación de los derechos laborales básicos, mediante: la reducción de los salarios de los trabajadores, que permite producir productos con «un bajo costo artificial», en detrimento de los trabajadores y las empresas estadounidenses. También, que explotan a los empleados y promueven competencia desleal, provocando pérdidas en las ventas de las empresas estadounidenses.
La investigación también determinó que un alto porcentaje de los niños nicaragüenses que tienen entre 10 y 14 años realizan trabajos en minas de oro, en la producción de grava y piedra triturada y en canteras de piedra pómez.
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Un reciente informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos detalló aseguró que los Ortega Murillo toleran el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y los abusos en los lugares de trabajo. Como prueba mencionó que datos recientes muestran que el 47 por ciento de los niños nicaragüenses, de entre 10 y 14 años —unos 342,000 menores según el cálculo —, trabajan. Muchos de ellos en minería de oro, canteras y producción de grava y piedra pómez.
¿Cuándo se conocerá el veredicto de la USTR?
Mientras que en la categoría de derechos humanos los hallazgos de la investigación incluyeron la «represión de las libertades religiosas y las restricciones al espacio cívico», que impiden que las comunidades y las personas ejerzan sus derechos fundamentales.
«Los ataques en Nicaragua contra la libertad religiosa han dado lugar al cierre y la incautación ilegal de instituciones y propiedades religiosas, incluidas iglesias estadounidenses», dice una de las publicaciones. Además, recuerda que entre las propiedades que les confiscaron a organizaciones religiosas está la Universidad Centroamericana (UCA), que pertenecía a la congregación de sacerdotes jesuitas.
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Incluyeron también lo referido a la prohibición de ingresar al país que han enfrentado cientos de nicaragüenses. «Imagínate que un día salís de tu casa, dejas a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre y te vas de viaje por cinco días y luego no puedes volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno», menciona otra de las publicaciones.
La USTR no ha confirmado cuándo emitirá la decisión final sobre este proceso. Pero se espera que antes de que concluya este año se conozca la decisión final sobre la investigación; y esto permitirá conocer el costo que pagará el país por los abusos que comete la dictadura Ortega Murillo contra el derecho laboral, los derechos humanos y el Estado de derecho.
