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Luego de recibir 2,008 comentarios sobre las medidas que contempla imponer para frenar los abusos que comete la dictadura Ortega Murillo, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), cerró el expediente de la investigación sobre Nicaragua. Ahora sólo resta esperar la decisión final del proceso que podría incluir, la suspensión de los beneficios del Cafta o el incremento de aranceles a los productos nicaragüenses que entran al mercado estadounidense.
«La culminación de este proceso de recepción de comentarios debería llevar a que en un lapso de treinta días se anuncien las medidas que la Administración Trump tomará. Con eso se esperaría que el violador, en este caso el régimen Ortega Murillo, empiece a pagar costos por las violaciones cometidas en materia de derecho laboral, derechos humanos, y del Estado de derecho», dice un dirigente empresarial que solicita anonimato.
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Además, admite que obviamente cualquiera de las medidas propuestas por la USTR que elijan, provocará un impacto no deseado en una parte de la población. Pero, esta es una forma de presionar para restituir los derechos de miles de nicaragüenses que son violentados desde el 2018.
Tradicionalmente el Estados Unidos ha sido el principal destino de las exportaciones nicaragüenses. El año pasado de los 7,521.90 millones de dólares que generaron estas ventas, Estados Unidos aportó 3,640.70 millones, que representan alrededor del 50 por ciento del total; y cualquiera de las medidas que contempla la USTR podrían dejar fuera de ese mercado a gran parte de los productos que Nicaragua vende en el mercado internacional.
USTR recibió dos tipos de comentarios
Los 2,008 comentarios que recibió la USTR, entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre, incluyeron voces de todos los sectores; y se dividieron casi en partes iguales entre quienes apoyan las medidas y quienes las rechazan. Sin embargo, hubo una marcada diferencia entre ambos grupos.
Entre los que abogaron para que no le suspendan a Nicaragua, parcial ni totalmente, los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, ni le eleven, inmediata o paulatinamente, hasta 100 por ciento el arancel a los productos nicaragüenses que entran al mercado estadounidense, predominaron las voces de empresarios, empresas y organizaciones gremiales estadounidenses, incluida la Cámara de Comercio Americana (AmCham), cuya filial en Nicaragua fue cerrada por la dictadura Ortega Murillo, que además confiscó sus bienes.
Los argumentos que predominaron en este grupo son que cualquiera de las medidas que la USTR contempla perjudicarían a las empresas estadounidenses, reducirían la recaudación fiscal federal y estatal en ese país, causarían estragos en el mercado, privarían a los consumidores estadounidenses de algunos productos a precios accesibles y no contribuirían a que Estados Unidos consiga los objetivos políticos que pretende con esta medida. En menor cantidad algunos mencionaron que en Nicaragua destruirán empleos y afectarán a las empresas que actúan como sus contrapartes.
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Extranjeros pidieron no suspender el Cafta
A criterio del dirigente empresarial, este grupo dominado por extranjeros representó en gran medida a los que tienen negocios en Nicaragua para vender sus productos, los que compran productos nicaragüenses para comercializarlos en Estados Unidos y los que consumen estos productos.
«Ellos tienen una visión rentista y utilitaria, sin importar realmente lo que vive la población nicaragüense… Para ellos no tienen mayor peso los asesinados, presos, desterrados, los que perdieron sus derechos civiles, y sus empleos en estos años de crisis. Les importa que no les suban los costos operativos para seguir funcionando, que no se les reduzcan las utilidades, que no se incrementen los precios de sus productos y que los consumidores no tengan que pagar más por un puro o por una tasa de café para darle la oportunidad a un pueblo secuestrado para que recupere su libertad», expone el dirigente empresarial.
Mientras tanto, en el grupo de los que apoyan las medidas predominaron las voces de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y laborales, y de la destrucción del Estado de derecho; entre ellas estudiantes, profesionales, empresarios, líderes religiosos, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y otras víctimas, la mayoría desde el exilio.
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Víctimas abogaron por sus derechos
Sin embargo, también hubo comentarios de trabajadores de diversos sectores, entre ellos zona franca, que admiten que sus empleos están en riesgo, pero reconocen que actualmente ni siquiera tienen derecho a afiliarse en un sindicato.
«En este lado sobresalió la diáspora nicaragüense, los grupos de oposición y las personas que han sido directamente violentadas en sus derechos, que están en el extranjero, cuya visión es la de recuperar la libertad, la democracia, los derechos y la prosperidad para todos y no sólo para unos pocos… Este grupo también representa a los nicaragüenses sin voz que están en Nicaragua y no pueden hablar porque ahora es un país sin libertades», señala el dirigente.
En diciembre de 2024, la USTR inició una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho. El proceso, sustentado en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que los abusos que comete la dictadura Ortega Murillo son «irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense».
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Lo que propone la USTR
Para frenar estas violaciones la USTR propuso cuatro medidas: suspender parcialmente los beneficios del DR-Cafta; aplicar aranceles de hasta el 100 por ciento, de forma inmediata o escalonada en un periodo de hasta 12 meses, a todos los productos que Nicaragua manda a ese mercado; aplicar inmediatamente aranceles de hasta el 100 por ciento a sectores seleccionados; o suspender, de manera inmediata o gradual durante 12 meses, todos los beneficios del DR-Cafta.
Cabe recordar que los beneficios arancelarios del Cafta desaparecieron a partir del 1 de agosto, ya que desde esa fecha entró en vigencia el arancel del 18 por ciento que la administración Trump le impuso a los productos nicaragüenses que entran a ese país.
El proceso de recepción de comentarios que la USTR mantuvo abierto entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre era para opinar sobre las cuatro medidas que propuso aplicar. Sin embargo, casi la totalidad de los 2,008 comentarios que recibieron se centraron en pedir que se aplicaran o no; en lugar de referirse a la forma de aplicación o combinación de ellas como se solicitó.
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Los Ortega Murillo son los culpables
Por su parte, el economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro, considera que tras siete años de presión contra la dictadura Ortega Murillo, mediante sanciones individuales sin resultados, a Estados Unidos sólo le queda la opción de suspender los beneficios comerciales, y asegura que la posibilidad de que eso ocurra es muy alta.
«Veo el proceso de la USTR como un caso más de las múltiples investigaciones que responsabilizan al régimen Ortega Murillo por violaciones de derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó varias resoluciones que lo condenan, y el Parlamento Europeo también aprobó resoluciones similares. Organizaciones de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han emitido declaraciones y veredictos similares», detalla Chamorro.
Para el economista, la dictadura Ortega Murillo no puede seguir ignorando el sistema internacional y violando todos los derechos fundamentales sin pagar un costo por sus abusos. «No considero que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos forme parte de una estrategia para derrocar un régimen o infligir costos económicos. Esto es una consecuencia de los abusos cometidos por Ortega», señala Chamorro.
El economista considera que la USTR ya identificó suficientes pruebas para establecer que el régimen Ortega Murillo ha violado el Cafta en materia de derechos laborales y económicos, en detrimento del comercio estadounidense.
A esperar decisión final
«La etapa de evaluación de las pruebas concluyó el 19 de noviembre, y ayer comenzó la etapa de la sentencia. Sólo espero que cualquier decisión que tome la USTR pueda revertirse a la situación original tan pronto como se restablezcan las condiciones democráticas, políticas y laborales en Nicaragua», dice Chamorro y reitera que los nicaragüenses saben que Ortega y Murillo son los únicos responsables de esta situación y que la solución está en sus manos si desean superar cualquier impacto negativo.
Finalmente el dirigente empresarial dice estar seguro que después de todo este proceso la USTR aplicará alguna de las cuatro medidas que propuso.
«No hacer nada sería como que den la orden para que todo el operativo militar frente a Venezuela se desmonte y regrese a casa. No creería que ni una ni la otra van a suceder. Son tiempos de esperanza para Venezuela y Nicaragua… Por supuesto que ninguno de los dos países está exento de costos, pero como decía un comentario que cito textual: ‘Soy nicaragüense y es complicado pedir suspensión del DR-Cafta, pero apuesto por la idea de que sin libertad no existe nada y la libertad en Nicaragua es algo que no existe'», concluye el dirigente empresarial.
Hasta ahora la USTR no ha informado cuándo emitirá la sentencia final sobre este proceso, sin embargo, se espera que antes de que concluya este año se conozca la decisión final sobre la investigación, y el costo que pagará el país por los abusos que comete la dictadura Ortega Murillo contra el derecho laboral, los derechos humanos y el Estado de derecho.
