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Aunque aún se desconoce cuál será la decisión de Estados Unidos sobre el futuro de Nicaragua dentro del DR-Cafta, cualquier escenario que ocurra será devastador para la economía, el empleo y las empresas, un costo que la oposición está dispuesta a pagar si esto va a implicar la caída de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque la población no está tan optimista de que eso ocurra al respecto.
El economista Juan Sebastián Chamorro advierte que basado en metodologías usadas por la otrora Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), todos los escenarios son adversos para la economía, con reducción en la inversión y las exportaciones, lo que le costaría al pueblo nicaragüense hasta 3,300 millones de dólares en el peor de los escenarios.
Según Chamorro en un escenario moderado, que supone la aplicación de un arancel a algunos de los productos y pérdidas de beneficios, el efecto sería una caída de las exportaciones del 10 por ciento, sin incluir otros efectos directos e indirectos. «Este escenario es similar a los efectos que sobre la economía tendría una reducción de los precios de las exportaciones y su correspondiente impacto, manteniendo todas las demás variables comportándose de manera similar a las tendencias de los últimos años», precisa.
Lo anterior ocasionaría una pérdida de entre 750 y 1,100 millones de dólares en los dos primeros años. Luego, la economía «iría cayendo a menor ritmo, hasta no crecer por unos años e iniciar un proceso de crecimiento a partir del año 2031. El costo del shock, sin embargo, ocurre por la caída inicial y sus impactos, así como por el crecimiento que la economía tendría sin la cancelación del Cafta», detalló.
En el peor de los escenarios, que incluye una caída del 20 por ciento de las exportaciones y una contracción en la inversión extranjera del 5 por ciento,» producto del impacto reputacional que sufriría Nicaragua en su imagen de país destino de inversiones y de potenciales inversiones que se irían a otros países», habría una pérdida en los primeros dos años de entre 1,900 y 3,300 millones de dólares.
«La caída de las exportaciones, ocasionada por un cierre de mercados, acarrea desempleo en algunos sectores, como los textiles y manufacturas. Esta disminución afecta el consumo, desacelerando su crecimiento. Las finanzas públicas igualmente se ven comprometidas por una disminución de los ingresos fiscales producto del menor consumo y empleo», señala Chamorro.
Caería la recaudación
Una contracción de los ingresos por exportaciones, antes descrita, que implicaría una merma en la tasa de crecimiento del consumo interno, tendría implicaciones en las finanzas públicas, advierte el exreo político y desterrado por la dictadura. «Un escenario severo podría generar una caída de al menos un 15 por ciento de las finanzas públicas, explicadas por la menor recaudación en impuestos al consumo y la renta, esta última reducida por el incremento en el desempleo. Todo esto sin incluir la disminución de los ingresos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) generado por los despidos en las zonas francas», señala.
El economista admite que si bien el impacto será negativo para los negocios, empresas y trabajadores, el nivel de profundidad de este será desigual. «Los trabajadores recibirán una mayor carga del costo por el desempleo generado. Los empresarios podrán amortiguar parte de las pérdidas con la búsqueda de mercados alternativos a sus productos de exportación. No se espera un efecto inflacionario por cuanto el shock es recesivo. Habría un deterioro de la balanza comercial que, aunado con la desaceleración de las remesas familiares, pondría presión sobre el córdoba, actualmente anclado a una tasa fija inamovible», detalla.
Solo en zona franca, donde serían los primeros en sentir el impacto, están en juego 119,376 empleos, en un sector que ya sufre los estragos de la contracción de la demanda de sus productos desde Estados Unidos en los últimos dos años y que ha dejado sin trabajo a más de 40 mil trabajadores.
Una investigación que realiza desde diciembre de 2024 la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), sustentada en la sección 301 de la Ley de Comercio, determinó que la dictadura Ortega Murillo viola los derechos humanos, laborales y el Estado de derecho; y que estos abusos son irrazonables y perjudican el comercio estadounidense. Por tanto, inició el mes pasado un proceso de consulta pública para determinar la sanción que impondrá a la dictadura de Ortega.
La economía no es suficiente fuerte
Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, advirtió que bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo las reglas que regían al DR-Cafta han sido cambiadas, especialmente la libre competencia, «sobre todo para favorecer nuevos intereses económicos y tener una hegemonía ya no solo en los sectores sociales a través del control político, a través del control operativo con las fuerzas armadas, sino también a través del control económico».
Lea Bolt, directora ejecutiva de la Fundación sin Límites, dijo que los efectos de la medida del Cafta se sentirían en una economía que aparenta estar fuerte, pero cuando se desmenuza esa fortaleza realmente está frágil.
«Hay reservas internacionales que han mostrado un récord, que le permiten al Gobierno sostener una imagen de estabilidad monetaria, sin embargo cuando vamos a la superficie la historia ya es otra… las remesas representan más del 20 por ciento del PIB y sostienen un consumo interno, eso significa que es una economía altamente dependiente, el sector exportador también depende de un mercado estadounidense en más del 60 por ciento, la inversión pública está en su nivel más bajo en una década y los ahorros del Estado se han venido agotando por mayores déficits como el INSS, que sigue en crisis sin resolverse», indicó.
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Por tanto, «si Nicaragua pierde los beneficios del Cafta la Fundación identifica como los efectos un sector de zona franca que estaría colapsado, habría una pérdida importante de empleos en cuestión de meses y también habría una contracción económica que podría alcanzar entre 3 y 4 por ciento durante dos años consecutivos», precisó Bolt.
Según el análisis de la Fundación, en un año la dictadura de Daniel Ortega agotaría sus ahorros, lo que lo obligaría a adoptar medidas fiscales duras, reducción de gastos y eliminación de subsidios. «Este escenario no es hipotético porque hay cifras reales basadas en comercio, empleo y recaudo fiscal… Parece ser que la salida de Nicaragua del Cafta parece un costo alto, que lo pagarían los empleadores, los trabajadores, pero al mismo tiempo cuál es el costo que estamos asumiendo por tener un régimen dictatorial dentro del país que ya expulsa una parte importante de población nicaragüense, profesionales, que se sostiene de remesas, que es represivo y que no permite tener ningún tipo de libertad», dice Bolt.
A su vez indicó que se realizó un sondeo en Nicaragua donde se determinó que la gente conoce sobre la posibilidad de que Estados Unidos suspenda al país del Cafta, pero duda que esto implique un cambio en la dictadura y por tanto la gente prefiere no abordar este tema por temor a represalias.
Entonces «acá entra el dilema de qué podría ser mejor, seguir pagando un costo lento de lo que implica estar bajo este régimen dictatorial o que haya una medida que sacuda y obligue al régimen a que haya algún tipo de diálogo para que haya una transición», planteó.
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