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La participación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de Carlos Argüello, en el Simposio 2025 sobre Solución de Controversias Marítimas y Derecho Internacional, organizado por China, demuestra que el régimen de Nicaragua está dispuesto a secundar a ojos cerrados cualquier iniciativa del gigante asiático en materia de derecho internacional, sumándose así a la afrenta contra el sistema internacional vigente.
A juicio de especialistas consultados, el régimen chino busca alternativas al sistema global para promover nuevas interpretaciones del derecho internacional que le resulten favorables. A estas iniciativas, la dictadura de los Ortega Murillo se adhiere sin mayores objeciones para asegurar a toda costa el respaldo del gigante asiático en la arena internacional.
Según informaron los medios de propaganda oficial, Argüello —representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya— expresó su disposición de continuar los intercambios con China en materia de gobernanza marítima, además de presentar como referencia el conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia.
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China desafía al sistema internacional que no le favorece
En el ámbito del derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos, por sus siglas en inglés) es el estándar para discutir la delimitación y división de espacios marítimos entre Estados. Carlos Torres, especialista costarricense en relaciones internacionales y seguridad, dijo a LA PRENSA que cuando surge un conflicto, inicialmente se procura resolverlo a través de negociaciones basadas en dicho acuerdo y, si no existe solución, se recurre a criterios internacionales ampliamente utilizados en el mundo, incluidos países latinoamericanos que han debido acatar fallos resultantes de estas normas.
“Este foro en el que participa Nicaragua es un mecanismo mediante el cual China trata de reconstruir y explorar nuevas formas de interpretar el derecho marítimo según sus intereses. Esto no es reciente, lleva aproximadamente 15 o 20 años desarrollándose, especialmente en el Mar de China Meridional, donde Pekín ha construido islas artificiales para reclamar soberanía marítima, afectando a alrededor de nueve países de la región”, dijo Torres.
CIJ emitió fallo contra China hace nueve años
En ese contexto, la CIJ emitió un fallo histórico el 12 de julio de 2016, rechazando los reclamos de soberanía de China sobre una serie de islas en el Mar de China Meridional en disputa con Filipinas. El gigante asiático desconoció la sentencia y aseguró que carecía de fuerza vinculante, desafiando al máximo tribunal internacional.
En 2013, Filipinas presentó una denuncia ante La Haya alegando que China puso en marcha una expansión territorial en varias zonas del Mar de China Meridional correspondientes a su zona económica exclusiva.
Según Torres, a raíz de estos antecedentes, China intenta legitimar sus reclamos territoriales —como convertir las islas artificiales en una figura reconocida dentro del derecho internacional— y reconfigurar el orden marítimo global para que otros Estados vean en ese esquema beneficios que los incentiven a respaldarlo.
“China busca crear jurisprudencia para operar en dos terrenos simultáneos. Por un lado, intenta modificar el marco tradicional del Derecho del Mar y las interpretaciones de la Corte Internacional de Justicia. Por otro, procura establecer una estructura jurídica nueva y favorable a sus intereses. En ese contexto surge esta conferencia”, explicó Torres.
Foros para captar apoyos
A criterio de Torres, China encontró una vía estratégica para posicionar sus posturas a través de foros internacionales, evitando presentarlas como decisiones unilaterales.
“Si suficientes países apoyan esa visión, podría formarse un establecimiento natural de prácticas que eventualmente influyan en sentencias internacionales y, al mismo tiempo, ofrezcan a Estados inconformes una vía alternativa para reabrir reclamos territoriales ya fallados en su contra”, afirmó.
La dictadura de Ortega y Murillo —junto a sus homólogas de Cuba y Venezuela— participó recientemente en la constitución de la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), autodenominada como la primera organización jurídica intergubernamental del mundo destinada a resolver controversias internacionales mediante mediación, con sede en Hong Kong, China.
La organización se lanzó tras dos años de preparación y se conformó inicialmente por 19 países, entre ellos varias naciones con regímenes autoritarios: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bielorrusia, China, Argelia, Camboya, Pakistán, Etiopía, Sudán, Zimbabue, entre otros.
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Segundo intento en el año
En el caso nicaragüense, la representación recayó en la procuradora general Wendy Morales, señalada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de ser cómplice del régimen en la confiscación de bienes a ciudadanos desnacionalizados.
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Según el filósofo y analista político César Eduardo Santos, investigador de Expediente Abierto, con esta organización el país asiático busca construir una institucionalidad paralela al orden liberal internacional, presentándose como potencia responsable y promotora del diálogo frente al unilateralismo estadounidense —particularmente durante la administración Trump—, y otorgando a regímenes autoritarios como el de Nicaragua un mecanismo que no cuestione violaciones de derechos humanos ni crímenes cometidos.
«Es, ante todo, una herramienta de posicionamiento internacional para China. A partir de antecedentes similares, como el Foro China-África o China-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), puede afirmarse que su función principal no es la resolución efectiva de conflictos, sino la promoción de sus narrativas, valores e intereses estratégicos», dijo Santos a LA PRENSA.
