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La libertad de expresión en Costa Rica se encuentra bajo amenaza, cuando faltan poco más de dos meses para los comicios presidenciales en uno de los países con tradición democrática más robusta del continente.
Una reforma ordenada por el gobierno del presidente costarricense Rodrigo Chaves amenaza con desplomar a la industria de radio y televisión al imponer una subasta de frecuencias con el fin declarado de «democratizar» el uso del espectro de frecuencias y obligar a las corporaciones a pagar «lo justo».
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Bajo la nueva reforma, la subasta empieza en 386 mil dólares para una emisora de radio de alcance nacional y 1.6 millones de dólares por una frecuencia televisiva. Aunque los montos para cobertura regional son menores en comparación con los otros, estos siguen estando fuera del alcance de la mayoría de emisoras. De hecho, sólo 15 empresas figuran registradas en la subasta.
El plazo para pujar cerró la noche del viernes 21 de noviembre. Decenas de emisoras costarricenses han informado desde entonces que se verán obligados a apagar la señal de no cambiar el rumbo el gobierno de Chaves, enfrascado ya en la campaña electoral rumbo a la elección general del 1 de febrero de 2026. De momento, la Sala Constitucional frenó de forma temporal la subasta.
En el contexto electoral, la retórica de Chaves se ha radicalizado. Desde agosto pasado, el oficialismo designó como su candidata a la exministra Laura Fernández, que es la candidata por el partido Pueblo Soberano. Tiene 39 años y fue tuvo a cargo la cartera de planificación hasta enero. El actual presidente es reconocido por su discurso agresivo contra el periodismo crítico. A finales de octubre pasado, calificó como «basura» las publicaciones relacionadas con un supuesto montaje contra el director de Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Chaves enmarca la medida estatal en su llamada «revolución pacífica» contra las que denomina «élites tradicionales». En ese término estaría amontonando a los medios culturales, religiosos y periodísticos con los partidos de oposición, los gremios y organizaciones no gubernamentales, e incluso a la Iglesia católica.
«Bajo la administración de Rodrigo Chaves, la libertad de prensa en Costa Rica enfrenta un deterioro significativo que trasciende ampliamente la polémica generada por la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno», advirtió la vocería del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) en declaraciones al diario LA PRENSA.
En su Monitoreo Anual de Agresiones a la Prensa, la organización ha documentado una escalada represiva desde 2022, lo que atribuyen a la «creciente polarización política que intensifica la vulnerabilidad del ecosistema informativo».
De acuerdo con el IPLEX, «se ha visto cómo la hostilidad del poder político hacia los medios ha aumentado de forma sostenida desde 2022», cuando Chaves asumió el poder.
En un país donde «el 60% de los hogares no tienen acceso a TV de pago» y «el 18% de los hogares de zonas rurales no tiene Internet y cerca del 11% de las zonas urbanas carece de él», la televisión y radio abierta son «un servicio esencial». Sin ellas, el espectro se concentraría en manos de unos pocos y muy poderosos, llevando a «un ecosistema mediático menos diverso, menos inclusivo y con menor capacidad de representar las voces de las comunidades», subrayó IPLEX.
El mal ejemplo de Daniel Ortega
Yiren Altamirano, un periodista costarricense, comentó a LA PRENSA que el panorama para la prensa en su país «es de deterioro claro y sostenido», aunque reconoce que aún así Costa Rica mantiene aún un marco legal relativamente fuerte en comparación con otros países de Centroamérica.
No obstante, Altamirano, quien trabaja para Teletica, uno de los medios más consumidos de su país, dice que las lecciones que trae Nicaragua son contundentes y útiles como «la cooptación de medios y asfixia económica».
«El Estado puede usar sanciones administrativas, multas, control del acceso a la publicidad pública y exigencias regulatorias para dejar fuera a medios críticos; judicialización y persecución selectiva: órdenes de captura a opositores, cierre de organizaciones y uso del aparato judicial para silenciar y exilio y desarticulación de redes informativas: el periodismo independiente se fragmenta o se traslada al exilio, con grave pérdida de información local».
A criterio de Altamirano, la subasta impulsada por el Gobierno —con pliegos y costos base que muchos califican de prohibitivos— ha tenido un efecto directo y práctico sobre el pluralismo ya que muchos medios comunitarios, religiosos y pymes quedaron fuera o no pudieron competir por los requisitos económicos y administrativos, y el resultado favorece a actores con mayor capacidad financiera.
«Eso reduce la diversidad geográfica y temática (menos voces locales, menos radios regionales) y concentra la oferta en menos manos, con el riesgo añadido de que el acceso al espectro deje de reflejar la pluralidad social», dijo.
Para IPLEX, la hostilidad contra los medios incluye «discursos estigmatizantes, el uso abusivo del poder estatal y las restricciones al acceso a la información», evolucionando hacia «formas cada vez más directas de violencia».
Para 2023, el monitoreo del IPLEX registró la primera agresión física contra la prensa. Al año siguiente ya sumaban 5 de esa categoría. El señalamiento es al Poder Ejecutivo, encabezado por Chaves, como el principal responsable, fomentando un «clima de hostilidad que se agudiza año con año» y que genera «un ambiente de riesgo permanente para los profesionales de la información, alimenta la autocensura y deteriora la capacidad de los medios para fiscalizar al poder sin temor a represalias».
