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La periodista nicaragüense Jennifer Ortiz denunció trabas de las autoridades de Costa Rica para resguardar su vida y su seguridad luego de asegurar haber recibido amenazas por parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega.
Ortiz, de 39 años, directora del medio Nicaragua Investiga, dijo que acudió a las autoridades luego de que en abril de este año arreciaran las amenazas a su persona, encabezadas por algunas figuras afines a la dictadura, entre ellas las emitidas por el diputado Absalón Pastora, quien vertió una serie de ofensas en su contra en la televisión estatal.
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«Una de las cosas que me pareció más preocupantes es una advertencia que recibimos de una fuente dentro de las estructuras del sandinismo que nos dijo que acá en el exilio había un grupo de personas que estaban siendo monitoreadas, y que ellos estaban preparados para actuar (…)», dijo.
Según explicó Ortiz, el asesinato del militar en retiro y disidente sandinista, Roberto Samcam, en junio de este año en Costa Rica, encendió sus alarmas. Ella y otros periodistas empezaron a tomar con mayor cautela los mensajes amenazantes, temiendo ser objeto ataques similares ya sobrepasando las palabras e insultos.
Con base en esta advertencia fue que Ortiz acudió a la Unidad de Protección a Testigos del Ministerio Público costarricense. Esta institución, tras un proceso evaluativo, recomendó a la periodista pasar completamente a la clandestinidad, según relató ella misma.
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«Prácticamente yo tenía que renunciar a mi vida y a la de mis hijos. Tenía que dejar de hacer periodismo, borrar el trabajo de ocho años hecho bajo tanto sacrificio y persecución», detalló Ortiz, pero valoró que aquello implicaría darle «a la dictadura exactamente lo que querían».
A juicio de la periodista, «las autoridades costarricenses están fallando» a los refugiados nicaragüenses.
La periodista lamentó que dichas autoridades, al no poder garantizar la seguridad de los refugiados nicaragüenses, tampoco ofrezcan la facilidad de un proceso de salida eficiente.
La periodista cuenta con la nacionalidad española desde que en 2023 la dictadura sandinista la despojó de la nacionalidad nicaragüense, pero este beneficio no fue extendido a sus hijos.
