Una parte importante de la parálisis política nicaragüense no proviene solo de la brutal represión del régimen Ortega-Murillo. También nace de una cultura de feudos: pequeñas parcelas de poder levantadas alrededor de causas legítimas —presos políticos, exilio, reformas electorales, sanciones internacionales, memoria de abril— que terminamos defendiendo como marcas personales. El efecto es conocido: una oposición que habla en nombre del pueblo, pero que cada vez le habla menos al pueblo. Esta crítica me incluye; es una invitación a mirarnos con honestidad.
Los diagnósticos son reiterativos: atomización, desarraigo, proliferación de grupos centrados en intereses individuales. No solo estamos divididos por ideas; también por “propiedad” política: quién “representa” a las víctimas, quién “lidera” el exilio, quién “lleva” la causa internacional, quién “habla” ante Washington o Bruselas. Cada tema se vuelve territorio; cada territorio, capital político; y ese capital, muchas veces, es pura supervivencia personal en el exilio. El resultado es una competencia de legitimidades que consume tiempo, recursos y confianza social.
Mientras tanto, la dictadura hace lo suyo: concentra poder y administra el miedo. Las purgas internas han dejado claro que, para el régimen, nadie es imprescindible. En la oposición, en cambio, tratamos a ciertas figuras como si lo fueran. Allá cortan cabezas para asegurar control; aquí coronamos caudillos para asegurar relevancia. Ese espejo debería incomodarnos y movernos a cambiar la forma en que organizamos el trabajo y medimos el éxito.
Negar el contexto sería ingenuo. Operamos frente a un aparato autoritario que criminaliza la organización social y rompe el tejido comunitario. Pero hay otra verdad incómoda: hemos normalizado que basta “denunciar” para “incidir”. Exigimos sanciones, aislamiento diplomático y condenas multilaterales —todo válido—, pero rara vez explicamos qué cambia en la vida de la gente si eso ocurre, ni qué vendrá después. La denuncia sin hoja de ruta se agota en sí misma: es necesaria, pero insuficiente.
La consecuencia es doble. Por un lado, no debilitamos de forma sostenida al régimen. Por otro, no atendemos urgencias donde sí podemos marcar diferencia desde el exilio. Hay tareas posibles y concretas: incidir en políticas migratorias que reconozcan la realidad nicaragüense en países receptores; fortalecer iniciativas para estudiantes universitarios forzados a salir; diseñar herramientas de protección frente a la desnacionalización de facto que alcanza a profesionales, líderes comunitarios y familias. En estos campos, la organización técnica, discreta y persistente vale más que cien pronunciamientos.
Para superar el feudalismo opositor debemos abandonar la ilusión de la “gran unidad” como fotografía y apostar por alianzas funcionales con objetivos claros. La consigna de unidad, repetida sin definición de actores, metas ni ruta, se ha vaciado de contenido y genera cansancio social. No necesitamos otra cumbre ni otra firma; necesitamos un método que reduzca el espacio para la vanidad y aumente el espacio para el resultado.
Finalmente, hay que volver a hablarle a la gente que sigue dentro. El miedo oficial también alcanza a la base del régimen. Esa grieta no se atiende con moralina, sino con política: rutas seguras para denunciar, garantías para testigos en una futura justicia, acompañamiento legal y psicosocial. No se trata de absolver, sino de ofrecer salidas creíbles a quienes hoy están atrapados y mañana pueden ser aliados o testigos.
No estamos condenados a la irrelevancia; pero podemos volverla permanente si seguimos cuidando parcelas. El régimen opera como proyecto dinástico; nuestra respuesta no puede ser un archipiélago de mini-caudillos. Desarmar los feudos —con misiones, pactos de tarea y reconexión con la base real— es la condición para convertir la denuncia en resultados y la esperanza en un plan. Si organizamos el trabajo alrededor de objetivos específicos y medibles, la oposición volverá a hablarle al pueblo y, sobre todo, volverá a servirle.
La autora es abogada defensora de derechos humanos.
