La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante la trigésima Conferencia de las Partes (COP30), integrada por quienes suscriben la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), exigió fondos sin condiciones y se quejó de las sanciones que se imponen a regímenes autoritarios como el que ellos dirigen en Nicaragua.
Javier Gutiérrez, ministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), enviado por la dictadura orteguista a la COP30, que se desarrolla entre el 10 y 21 de noviembre en Belém, Brasil, argumentó que Nicaragua aporta menos del 1 por ciento en emisiones globales, pero es afectada “desproporcionadamente” por el cambio climático, urgiendo cooperación “incondicionada”.
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Aseguró que el país cada año invierte el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en daños que superan “4 mil millones de dólares en infraestructura, agricultura, salud, educación, agua potable, saneamiento, biodiversidad y otros sectores esenciales para la vida”.
Régimen intenta evitar rendir cuentas
El representante de los dictadores sandinistas en la COP30, además, acusó a los países del “norte global”, entre estos Estados Unidos y Canadá, de concentrar «más del 78 por ciento de estas emisiones, resultado de los modelos de producción y consumo”, exigiendo que estos “países desarrollados cumplan responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, fundamento de la justicia climática”.
Urgió además que la comunidad internacional responda con “cooperación directa, respetuosa e incondicionada, como parte de una política de reparación histórica hacia los pueblos que no provocan esta crisis”.
“La adaptación y mitigación son insuficientes; hemos sobrepasado los límites de la adaptación y por ello es urgente operativizar plenamente el Fondo de Pérdidas y Daños, poner recursos nuevos, adicionales y sin condicionalidades”, resaltó Gutiérrez.
Fondo de Pérdidas y Daños «ha comenzado a funcionar»
La exigencia del régimen orteguista —ampliamente señalado de violar derechos humanos y corrupción por organizaciones nacionales e internacionales— ante la COP30 deja claro que quiere evitar condicionamientos de la cooperación, que pueden incluir auditorías estrictas, criterios de gobernanza, elegibilidad, transparencia o seguimiento, que pueden cuestionar su administración.
La Conferencia de las Partes, que se realiza desde hace ya 30 años, es una reunión anual de países miembros de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y en esta se busca evaluar avances de cada país para mitigar el cambio climático, negociar compromisos con quienes son mayormente responsables de las emisiones y movilizar acciones concretas que apoyen a países en desarrollo afectados por esos cambios.
El Fondo de Pérdidas y Daños, al que hizo referencia el régimen orteguista, es una propuesta que se creó en la COP28, exactamente hace dos años, y ya está funcionando con una primera convocatoria de 250 millones de dólares para proyectos concretos.
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Ana Toni, CEO de la COP30, según declaraciones divulgadas en el sitio oficial de la COP30, aseguró que la Conferencia de este año es de “implementación” y afirmó que dicho fondo “ha empezado a funcionar” y se ha lanzado una “convocatoria de propuestas de 250 millones de dólares, mostrando la rapidez con la que este fondo ya está entrando en ejecución”.
Quejas sobre sanciones
La dictadura orteguista, aunque el espacio es exclusivo para hablar sobre cambio climático, también orientó al ministro Gutiérrez a aprovechar el foro para quejarse sobre sanciones y extender su solidaridad con los “gobiernos de Palestina y Venezuela”, que aseguró son “víctimas de agresiones y ocupaciones, medidas coercitivas unilaterales que violan flagrantemente la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.
“Rechazamos las medidas ilegales e ilegítimas impuestas por la potencia del norte global”, afirmó Gutiérrez durante su discurso, en clara alusión al Gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos este año ha girado fuertes sanciones para funcionarios ligados al dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien además ha acusado de ser parte de estructuras narcoterroristas y ha ofrecido incluso recompensas de millones de dólares para arrestarlo.
