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Los hallazgos de la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con base en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, indican que las acciones, políticas y prácticas represivas, incluidos los abusos de la dictadura Ortega Murillo a los derechos humanos, laborales, las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho, son irrazonables e imponen una carga y restringen el comercio de Estados Unidos.
Las medidas que propone la USTR para frenar estos abusos van desde la imposición de un arancel del 100 % a todos los productos que Nicaragua exporta a Estados Unidos, hasta suspender al país los beneficios que le otorga el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.
El informe de resultados de la investigación señala tres grandes hallazgos, en virtud de los cuales el comercio de Estados Unidos con Nicaragua resulta inviable:
Los principales hallazgos
1. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió o permitió abusos contra los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Estos incluyen reprimir la libertad de asociación y negociación colectiva; interferencia en las organizaciones de trabajadores y empleadores; confiscación de activos y eliminación de la ciudadanía de miembros de organizaciones de trabajadores y empleadores; despidos y arrestos arbitrarios; trabajo infantil y forzoso; trata de personas. También abusos en el lugar de trabajo, que incluyen deducciones y robo de salarios, y represalias por reclamar violaciones de derechos.
Estas violaciones se exacerban por el cierre de más de 5 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que brindaban diversos servicios, entre ellos de prevención del trabajo infantil y forzoso, y el apoyo a las víctimas. Los datos más recientes muestran que el 47 % de los niños nicaragüenses de entre 10 y 14 años trabajan, y realizan trabajos peligrosos, incluso en operaciones de minería de oro, producción de grava y piedra triturada, y extracción de piedra pómez.
2. Incurrió en abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y propiedades estadounidenses. Reprimió a las organizaciones religiosas a través del cierre forzoso y la confiscación de instituciones y propiedades, incluyendo, por ejemplo, en agosto de 2023, el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por sacerdotes jesuitas; y en 2024, al arrestar y juzgar a los líderes y expropiar los bienes de Puerta de la Montaña, una de las iglesias evangélicas estadounidenses con fuerte presencia en Nicaragua.
3. Desmanteló el Estado de derecho. Esto incluyó socavar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial; imponer multas, cobrar impuestos atrasados inexistentes, realizar inspecciones aduaneras y emitir fallos arbitrarios o incorrectos; revocar el estatus legal a organizaciones empresariales y confiscar sus bienes sin que pudieran defenderse.
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El Informe refleja la realidad
Estos hallazgos conclusivos del informe de la USTR reflejan la realidad política de Nicaragua: el imperio de un régimen totalitario que abolió los derechos humanos de los ciudadanos, incluidos los derechos laborales inherentes a los trabajadores, y anuló cualquier límite al poder, cuya base angular es la independencia de los poderes del Estado. Esta configuración autocrática evidencia que el Estado de derecho –como señala el informe– fue desmantelado.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es importante resaltar la coyuntura política en la que la USTR emite el resultado de su investigación, y las medidas que propone para frenar los abusos. En ese marco, en el que la dictadura promueve un traspaso del mando político en el marco de la sucesión dinástica, Murillo requiere asegurar cierta estabilidad interna; para conseguirlo aprobaron reformas constitucionales que les garantizan el control totalitario para asegurar la sucesión.
Por otro lado, desataron un proceso de purgas internas contra viejas y destacadas figuras del Frente Sandinista, entre ellos comandantes de la Revolución, guerrilleros históricos y funcionarios públicos que ahora están encarcelados, bajo imputaciones penales de traición a la patria y actos de corrupción.
Esto implica, que la posible imposición de las medidas que contempla la USTR se implementarían en medio de la incapacidad del régimen de asegurar, en el plano político, la sucesión y de obtener algún margen de legitimidad.
La CDN reitera que, en el actual contexto, el resultado de la investigación demuestra que las medidas de presión solamente son imputables a la dictadura Ortega Murillo y son instrumentos para evitar que regímenes autoritarios actúen con total impunidad y sin ninguna consecuencia por su actuar.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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