Hace algunos años tuve el privilegio de estar en un lugar de Nicaragua facilitando un taller para líderes comunitarios. Fue una experiencia luminosa: personas mayores de 60 años compartiendo mesa con jóvenes de 19; vecinas y vecinos que, en pocas horas, transformaron la timidez inicial en preguntas, propuestas y compromisos. Me fui con la libreta llena y el corazón encendido. Pero también me llevé una frase que todavía me duele. Dos participantes contaron que llevaban casi veinte años militando en partidos políticos y nunca habían recibido una sola capacitación. Un muchacho, desde el fondo, remató: “Ni nos van a capacitar, porque a los partidos no les conviene que estemos bien informados; así pueden hacer lo que les da la gana”.
Esa frase condensa un problema que sigue vigente: la política como fábrica de polarización, no como escuela de ciudadanía. Nos hemos acostumbrado a ver plataformas que invierten más en discursos identitarios —“ellos contra nosotros”— que en formación cívica para sus bases. El resultado es una base con potencial para ser movilizada, pero poco empoderada; una ciudadanía convocada para aplaudir o indignarse, no para deliberar y decidir. En el extremo, una dictadura que secuestra la agencia pública convierte la polarización en combustible y la ignorancia cívica en método de control.
La educación política no es un adorno. Es el cimiento que permite que la diversidad ideológica conviva sin convertir la discrepancia en anulación. Una democracia saludable necesita partidos que representen opciones claras y discrepantes; pero esas opciones deben apoyarse en ciudadanía informada, con herramientas para preguntar, contrastar, exigir cuentas y cambiar de opinión sin culpa. La educación cívica devuelve la capacidad de agencia: enseña cómo funciona el Estado, qué significa un presupuesto, cómo leer una ley, cómo ejercer el derecho a la información, cómo construir acuerdos y cómo reclamar sin violencia. Es, en suma, el antídoto de la polarización hueca.
Por eso, más que profundizar la grieta ideológica, nuestras plataformas —de cualquier tendencia— deberían empezar desde ya a invertir con su compromiso con la democracia apostando por una formación fuera del adoctrinamiento para fortalecer la organización comunitaria, auditoría social, alfabetización mediática, herramientas jurídicas básicas y presupuesto público. Podría parecer inútil en una dictadura, pero la democracia no se construye de un día para otro, debemos de pensar en los ciudadanos para la Nicaragua del futuro.
Devolver la capacidad de agencia a los ciudadanos, no mediante consignas sino a través de herramientas para resolver problemas cotidianos. La pluralidad no se diluye; se ejercita. La gente descubre que puede debatir con firmeza y, a la vez, cooperar sobre lo concreto. Es ahí donde la política vuelve a ser útil.
En una dictadura, cada pequeña capacidad que se socializa —cómo presentar un amparo, cómo pedir cuentas a una alcaldía, cómo proteger datos, cómo armar una veeduría— es un trozo de soberanía recuperada. Y cuando esa capacidad se multiplica, la polarización pierde su hechizo, porque la conversación ya no gira sobre identidades heridas, sino sobre soluciones comprobables.
Vuelvo a aquel taller. Lo que cambió el ambiente no fue una arenga, sino una pregunta práctica: “¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra situación?” Al final, las y los participantes salieron con tareas concretas, contactos, formatos y un calendario. Fue poco tiempo, pero suficiente para recordar que la política es una herramienta, no un tótem. Si los partidos quieren ser parte de la salida —y no del problema— tendrán que asumirlo: formar ciudadanos es más poderoso que fabricar bandos. La polarización grita; la educación cívica, en cambio, enseña a decidir. Y un pueblo que decide es un pueblo que vuelve a ser dueño de su futuro.
La autora es abogada defensora de Derechos Humanos.
