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El cifrado, el simple acto de codificar datos para que no puedan ser leídos por terceros, nos protege a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades, protegiendo todo, desde mensajes privados hasta datos bancarios en línea e historiales médicos. Es la base de la confianza en nuestra sociedad digital, tan crucial para la seguridad personal como para la nacional.
A pesar de ello, el cifrado se encuentra bajo una amenaza sin precedentes por parte de las democracias consolidadas, que, sin darse cuenta, están abriendo un camino peligroso que los autócratas del mundo están deseando seguir. En concreto, los responsables políticos de estos países suelen presentar el cifrado fuerte como algo incompatible con una aplicación eficaz de la ley. Pero esta es una elección errónea. La realidad es que necesitamos una legislación que proteja a las personas en línea y, al mismo tiempo, mantenga la infraestructura de seguridad que salvaguarda nuestros datos. Estos objetivos no son mutuamente excluyentes.
Los responsables políticos siguen afirmando que la creación de «puertas traseras» para las fuerzas del orden (acceso gubernamental excepcional a comunicaciones cifradas) es necesaria para ayudar a atrapar a los delincuentes. Sin embargo, la investigación en ciberseguridad ha demostrado sistemáticamente la imposibilidad de construir una puerta trasera que solo los «buenos» puedan usar. Una puerta trasera es una puerta trasera.
El caso Salt Typhoon, en el que un grupo de hackers apoyado por el gobierno chino accedió a los sistemas de telecomunicaciones estadounidenses mediante puertas traseras creadas originalmente para las agencias policiales y de inteligencia estadounidenses, debería haber bastado para demostrar que no hay forma de controlar quién explota las vulnerabilidades de ingeniería integradas en un sistema. Por nobles que sean sus objetivos, estas herramientas se convertirán inevitablemente en un arma que delincuentes, agentes estatales hostiles y hackers maliciosos podrán utilizar de forma abusiva.
Consideremos el Reglamento sobre Abuso Sexual Infantil propuesto por la Unión Europea, más comúnmente conocido como Control de Chat, que requeriría que los proveedores escaneen las comunicaciones privadas. Para detectar material de abuso sexual infantil (MASI). Si bien el objetivo de proteger a los niños del abuso es urgente y crucial, la propuesta comprometería la confidencialidad que brinda el cifrado de extremo a extremo.
Según la normativa, los proveedores tendrían que implementar el escaneo del lado del cliente, una tecnología que escanea los mensajes en los dispositivos de los usuarios antes de cifrarlos y enviarlos. Si romper el cifrado es como abrir un sobre al pasar una carta por la oficina de correos, el escaneo del lado del cliente es como tener a alguien leyendo por encima del hombro mientras se escribe. El resultado es el mismo: se pierde la privacidad y la confidencialidad. Además, el escaneo del lado del cliente no detendría el abuso sexual infantil, ya que los autores pueden eludirlo comprimiendo las fotos o copiándolas y pegándolas en otro formato de archivo.
Una vez implementados, estos sistemas crean nuevas vulnerabilidades que afectan la libertad de expresión. No hay garantía, por ejemplo, de que no se utilicen para buscar otros tipos de contenido: disidencia política, organización sindical o información que actores poderosos quieran suprimir.
Otros también se enfrentan a daños desproporcionados debido a un cifrado debilitado. Cuando las comunicaciones se ven comprometidas, los periodistas pierden la capacidad de proteger sus fuentes, lo que dificulta los esfuerzos para exponer la corrupción. Los profesionales médicos necesitan el cifrado para mantener la confidencialidad del paciente. Los abogados lo necesitan para preservar el privilegio abogado-cliente. Las empresas lo necesitan para proteger secretos comerciales. Los gobiernos lo necesitan para la seguridad nacional. Para alguien que escapa de la violencia doméstica o vive en una comunidad donde su identidad lo pone en riesgo, la mensajería cifrada puede ser incluso una cuestión de vida o muerte.
Y sí, los niños también necesitan cifrado. Una investigación de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido concluyó que el cifrado refuerza la seguridad en línea de los niños al impedir que los depredadores sexuales obtengan información confidencial que podría utilizarse para fines de acoso. Descifrar el cifrado de extremo a extremo para «proteger a los niños» los expondría, paradójicamente, a un mayor riesgo.
El gobierno australiano obligó a las empresas tecnológicas a modificar sus servicios bajo su controvertida legislación de cifrado de 2018, que les otorga la facultad de emitir «avisos de capacidad técnica», probablemente porque las autoridades reconocen los riesgos políticos de usar estas facultades. En el Reino Unido, tras la movilización de la sociedad civil contra la Ley de Seguridad en Línea, las grandes empresas prometieron retirar sus servicios en lugar de acatar las órdenes de socavar el cifrado.
A medida que la propuesta de Control de Chat avanza en el proceso legislativo de la UE, los Estados miembros se enfrentan en torno al cifrado. Polonia, la República Checa, los Países Bajos y Finlandia se han opuesto a la legislación en el Consejo de la UE, argumentando que amenaza la privacidad, plantea problemas de seguridad nacional y es propensa a abusos. Sin embargo, Dinamarca, Francia, Hungría y otros países la apoyan, considerando que estos riesgos son compensaciones que valen la pena para proteger a los niños.
El resultado de estos desacuerdos políticos se sentirá mucho más allá de Europa. Los servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo se utilizan en todo el mundo, y la presión de un mercado clave como la UE podría obligar a las empresas a comprometer la seguridad y la privacidad de sus productos, poniendo en riesgo a los usuarios a nivel global.
Al conmemorarse este año el Día Mundial del Cifrado, debemos reconocer que este debate no se trata de especificaciones técnicas abstractas. Se trata de garantizar que internet sea seguro y confiable para todos. En términos de protección infantil, esto implica regulaciones que realmente los mantengan seguros, en lugar de brindar una falsa tranquilidad y crear vulnerabilidades sistémicas; aplicación de la ley específica basada en evidencia, no en vigilancia masiva; cooperación transfronteriza para garantizar la rápida eliminación del material de abuso sexual infantil conocido; y un sólido apoyo a las víctimas y campañas de prevención.
En otros ámbitos, también necesitamos soluciones que aborden los daños en línea sin socavar la privacidad, la confidencialidad ni la libertad de expresión. Un futuro digital digno de nuestras más altas aspiraciones se basa en el cifrado. Si queremos una internet para todos, donde personas de todo el mundo puedan conectarse, comunicarse e innovar de forma segura, no debemos permitir que esta base se debilite.
La autora es presidenta y directora ejecutiva de la Internet Society y de la Internet Society Foundation.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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