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No hay empleo en el Estado. La dictadura mantiene casi congeladas las contrataciones del sector público, lo que ha ocasionado que la planilla al cierre de julio de este año se sitúe en 108,506 trabajadores, un nivel que se ha mantenido casi estático en el periodo divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El tamaño del aparato burocrático público alcanzó su nivel máximo en lo que va del año, en enero con 109,499 servidores gubernamentales, lo que indica que desde entonces se ha enviado al desempleo a 993 trabajadores.
Contrataciones en 2025
Si la cifra hasta julio se compara con diciembre pasado, se han incorporado al sector público sólo 1,055 trabajadores, es decir a un ritmo de apenas 150 contrataciones por mes. El congelamiento abarcaría no sólo al Gobierno central, sino también a posiciones en varios poderes del Estado.
Sólo en el séptimo mes de este año, el régimen aceptó contratar a 32 trabajadores, respecto a los 108,474 que habían hasta junio del periodo en ejercicio.
De hecho, en agosto del año pasado, una de las medidas que adoptó el entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccini, fue suspender las nuevas contrataciones de personal en todo el Estado y que cualquiera incorporación nueva debía ser aprobada en la Presidencia, es decir depende de la voluntad de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Asimismo, se podrá solicitar contratación de personal con la debida documentación del marco normativo aquellas solicitudes que cuenten con la debida autorización de Presidencia de la República», establecía una circular de Hacienda de ese entonces.

La evolución por cargos
De esta manera, ¿cómo están estructurados los principales cargos en el Gobierno central y dónde han habido algunas contrataciones que debieron pasar por la aprobación de la dictadura, según cifras del Banco Central?
Mientras en el sector salud ha habido unas ligeras contrataciones, la dictadura ha castigado con despidos al sector educación. Para la atención médica a la población, la dictadura dispone de un personal en todos los niveles de 21,276 colaboradores, ligeramente por encima de los 20,829 contabilizados hasta diciembre del año pasado.
Es decir, se han agregado al sector salud 447 trabajadores, a un ritmo de apenas 64 personas por mes, en medio de una creciente demanda de atención médica a medida que la población envejece.
En el caso del sector docente, la dictadura ha decidido achicarla a 48,068 educadores. Despidió más de 300 trabajadores en julio con respecto a junio y si la cifra se compara con diciembre, hay una reducción de personal de 1,397 trabajadores.
Donde hay cierta flexibilidad, pero baja capacidad de absorción de mano de obra, es en los cargos de dirección. La planilla hasta julio ascendió a 4,704, más que los 4,527 contabilizados en diciembre pasado. No obstante, en este rango también hay obstáculos en las contrataciones, según muestran las cifras oficiales.
Servicios administrativos y generales
En el área de servicios administrativos, la planilla se situó en 9,831, por debajo de los 10,043 trabajadores que había en diciembre pasado. Es decir que en siete meses, la dictadura ha suprimido 212 plazas. Sólo en julio dejó sin trabajo a 37 personas.
Hay despidos también en el personal dedicado a técnicos-científicos. La planilla en julio fue de 10,319 trabajadores, menos que los 10,355 reportados en junio y los 10,585 en diciembre pasado. En otras palabras, en siete meses un total de 266 especialistas de este tipo han sido enviados al desempleo.
Las plazas en servicios generales han experimentado un cierto aumento. Esta planilla hasta julio ascendió a 13,418 trabajadores, un poco más que los 13,310 registrados en diciembre pasado y 13,297 en junio de este año. Sólo en el séptimo mes del año actual, Ortega y Murillo autorizaron 121 contrataciones nuevas.
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Contrataciones en producción gubernamental
Y finalmente también ha habido algunas autorizaciones para contrataciones de trabajadores del sector de producción gubernamental. Hasta julio habían 890 personas laborando, más que las 802 contabilizados en diciembre y 854 en junio.
Cabe mencionar, que la dictadura está enfocada en cumplir con un compromiso con el Fondo Monetario Internacional del año pasado de reducir los gastos corrientes, principalmente en salarios, y bienes y servicios en entre ½ y ¾ por ciento del PIB. Este porcentaje equivaldría a unos 300 millones de dólares. Esto explicaría principalmente por qué no hay contrataciones en el Estado o al menos conseguir un empleo es como una aguja en un pajar.