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La Alcaldía de Puerto Cabezas, según una publicación que realizó en sus redes sociales, ordenó a una familia de ese municipio desmantelar la humilde vivienda de madera que alzó en lo que calificó como un área verde. Alrededor de dicha vivienda —según las fotografías compartidas por la comuna— había otras propiedades construidas a base de bloques y cemento que también obstruían lo que la comuna calificó como área verde.
“Se sancionó a la propietaria de una vivienda que estaba siendo levantada sin permiso y sobre un área verde”, indicó la comuna de Puerto Cabezas en su publicación.
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Además, argumentó que dicha orden fue girada a través de la ordenanza municipal 005-2025, asegurando que se le dio a la familia “un plazo de 72 horas para desmantelar la obra y restaurar el espacio público”.
“Hacemos un llamado a las familias de Puerto Cabezas a solicitar su permiso a la Alcaldía antes de iniciar cualquier construcción y a respetar las áreas verdes, que son para beneficio de todos”, recomendó la comuna en su publicación.
La municipalidad de Puerto Cabezas, además, indicó que habilitó el número de WhatsApp +505 8356-9508, en el que recibirán reportes fotográficos y la dirección exacta del lugar en el que se esté violentando la nueva ordenanza municipal 005-2025.
Ordenanza aprobada este mes
La nueva Ordenanza Municipal 005-2025 sobre regulación de «acceso y uso de las vías públicas y servidumbres de aguas residuales», aprobada a inicios de este mes por las autoridades municipales de Puerto Cabezas, incluye entre las actividades prohibidas en ese municipio la «venta ambulante sin autorización, instalación de talleres (mecánica, soldadura, zapatería) en áreas verdes o andenes y la obstaculización de aceras o calles con objetos o estructuras».
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También, prohíbe el «uso indebido del espacio aéreo sobre las vías, construcciones que bloqueen el paso del agua, desvío de aguas residuales sin autorización, depósito de basura o desechos en cauces y alcantarillas y construcción de baños que desemboquen en ríos o desagües».
Algunas de las sanciones que establece dicha normativa por el incumplimiento de las prohibiciones que establece van desde faltas leves que incluyen advertencias verbales o escritas, faltas graves que imponen el pago de multas dese 500 hasta 10 mil córdobas; y faltas muy graves que incluso, según el documento divulgado por la municipalidad, «derivar en procesos judiciales».
