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Suiza, admirada desde hace tiempo por su estructura federalista, estabilidad política y compromiso con el Estado de derecho, ha socavado uno de los principios más fundamentales de una democracia liberal: la libertad de prensa. Tras su pulida imagen de bastión de la neutralidad, el país utiliza sus leyes de secreto bancario no para proteger la privacidad, sino para encubrir conductas indebidas, silenciar a periodistas y disuadir a posibles denunciantes.
En el centro de esta controversia legal se encuentra el Artículo 47 de la Ley Bancaria Suiza, que penaliza la divulgación de datos de clientes bancarios, independientemente del motivo o el interés público. Incluso cuando la información filtrada revele corrupción, abusos de derechos humanos o financiación ilícita, los periodistas y medios de comunicación que publiquen dicha información podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión y una multa. Los propios denunciantes también se arriesgan a penas de prisión.
Este no es un asunto abstracto. En 2022, la investigación Suisse Secrets, liderada por el Proyecto de Denuncias sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (donde uno de nosotros trabajaba en aquel momento), informó sobre la filtración de registros de más de 18,000 cuentas de Credit Suisse, pertenecientes a clientes extranjeros. En lugar de investigar a las decenas de clientes identificados como implicados en corrupción, blanqueo de capitales, narcotráfico y tortura, las autoridades suizas abrieron una investigación penal por posibles violaciones del secreto bancario. Poco después, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Opinión, Irene Khan, describió la ley como “un ejemplo de la criminalización del periodismo”.
Las acusaciones presentadas bajo la ley no auguran nada bueno para los esfuerzos por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En abril, el Banco Reyl, con sede en Ginebra, presentó una denuncia penal después de que Le Monde, OCCRP, IrpiMedia y Paper Trail Media (cofundador de uno de nosotros) le solicitaran comentarios sobre un artículo. La investigación, basada en comunicaciones filtradas, concluyó que el Banco Reyl estaba siendo investigado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo por su gestión de cuentas vinculadas a regímenes autocráticos y personas políticamente expuestas.
Aún más preocupante es el hecho de que, en junio, la fiscalía de Zúrich allanó el domicilio y la oficina de Lukas Hässig, fundador y editor del blog financiero Inside Paradeplatz, incautando ordenadores portátiles, teléfonos y notas. Su presunto delito fue utilizar datos bancarios filtrados en su reportaje de 2016 sobre Pierin Vincenz, entonces director ejecutivo del Banco Raiffeisen, quien posteriormente fue condenado por fraude. El mensaje a los periodistas es claro: quienes denuncien irregularidades financieras en los bancos suizos serán castigados.
Los efectos de la ley rozan lo absurdo. Neil Barofsky, exfiscal estadounidense contratado por Credit Suisse para investigar los vínculos previamente no revelados del banco con nazis y colaboradores nazis, probablemente no podrá compartir sus hallazgos, ni siquiera con el Senado estadounidense, porque hacerlo podría violar la legislación suiza. Esto no protege la privacidad; consagra el secreto a expensas de la verdad, la rendición de cuentas y la justicia.
El sistema financiero global es más opaco que nunca, mientras que los crecientes riesgos geopolíticos amenazan su estabilidad. En este contexto, los periodistas de investigación y los denunciantes desempeñan un papel esencial. Para exponer y sancionar la evasión de sanciones, la ocultación del patrimonio de los oligarcas, la corrupción transfronteriza y el crimen organizado, las sociedades democráticas dependen de que quienes están dentro del sistema puedan hablar abiertamente y de que la prensa pueda informar libremente.
Pero ese no es el caso en Suiza. Los medios de comunicación suizos rechazan cada vez más ofertas para participar en investigaciones transfronterizas por temor a represalias legales. El periódico suizo Tages-Anzeiger tuvo que rechazar una invitación para trabajar en Suisse Secrets y, en su lugar, publicó una mordaz caricatura política: Helvetia, el símbolo personificado de Suiza, aparece detrás de un periodista amordazado y atado mientras autócratas lo observan entre bastidores. Los denunciantes en Suiza ahora recurren a periodistas extranjeros para asegurarse de que se revele la verdad. Así no es como debería funcionar una democracia.
Algunos políticos suizos —principalmente de los socialdemócratas y los verdes, pero también varios centristas escarmentados— empiezan a admitir que la ley, significativamente endurecida en 2015, podría haber ido demasiado lejos. Sin embargo, hasta ahora el gobierno se ha mostrado desdeñoso, escudándose en el argumento de que ningún periodista ha sido condenado en virtud del Artículo 47, como si esta herramienta de intimidación, que conduce a la autocensura y al autoexilio, no tuviera ya un efecto disuasorio sobre la profesión. Además, el caso de Hässig e Inside Paradeplatz podría acabar invalidando esta premisa.
La disyuntiva que enfrenta Suiza es clara. Puede aferrarse a un modelo obsoleto de secretismo que reprime la libertad de prensa, o puede alinear sus leyes con los estándares democráticos y garantizar que el periodismo de interés público sea protegido, no procesado. Ninguna democracia debería criminalizar decir la verdad, y ningún periodista debería ir a la cárcel por revelar delitos. El Artículo 47 es un ejemplo de cómo las democracias liberales pueden subvertirse. Suiza debe eliminar esta amenaza.
Los autores, Delphine Halgand-Mishra, exdirectora de Reporteros Sin Fronteras en EE. UU., es directora ejecutiva de The Signals Network, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a denunciantes que comparten información de interés público con la prensa. Frederik Obermaier, periodista de investigación ganador del Premio Pulitzer y exdirector adjunto de investigaciones del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, es cofundador y codirector de la sala de redacción de investigación Paper Trail Media .
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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