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Alejandro Moraga lleva siete años exiliado en Costa Rica, esperando que las autoridades migratorias lo reconozcan como refugiado.
Moraga salió de Nicaragua en el año 2018, cuando surgieron las protestas antigubernamentales. Él se sumó a las manifestaciones con la esperanza de «un cambio» desde su natal Niquinohomo, Masaya. Pero al igual que más de 100 mil opositores, tuvo que salir del país para salvaguardar su vida de la represión estatal.
«Yo me involucré en las protestas porque vi muchas cosas que no estaban bien», dijo Moraga a LA PRENSA. «Por eso tuve que salir. Yo nunca debí haber salido de Nicaragua, no tendría por qué estar en Costa Rica. Yo pensaba salir del país como turista, pero nunca con la calidad de refugiado», añadió.
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Moraga no pensó que migrar a otro país sería un calvario no solo desde el punto de vista emocional al dejar a su familia, amigos y su propio entorno, sino también por lo difícil que sería obtener un documento que lo identificara como refugiado.
Desde el año 2018 que llegó a Costa Rica solicitó refugio y hasta en 2021, es decir, tres años después, tuvo su primera cita de elegibilidad para que consideraran si era o no una persona perseguida política. «Presenté mis pruebas y a la fecha no he obtenido una respuesta», dijo.
Como una medida de respuesta acudió a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, conocida popularmente como la Sala IV para interponer un recurso de amparo sobre su caso, pero fue rechazado sin una razón aparente.
Los recursos de amparo se han convertido en un escape para los nicaragüenses para que los casos de asilados sean respondidos, según defensores de derechos humanos.
«La Sala se encarga de proteger los derechos contemplados en la Constitución Política de Costa Rica… y en ese sentido pedir asilo es un derecho humano establecido en la constitución de ese país», explicó a LA PRENSA Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Moraga volvió a interponer otro recurso de amparo en la Sala IV de Costa Rica en agosto de este año y se lo rechazaron alegando que ya había una resolución al respecto. Acudió nuevamente a la Unidad de Refugio de Migración y Extranjería sin éxito alguno.
Una espera sin fin
Para Moraga es importante obtener su documento de refugio en Costa Rica por muchas razones. Una de ellas su seguridad personal, pero también por el tema de crecimiento.
«En materia de derechos civiles, no puedo optar a préstamos o adquisición de algunos tipos de bienes o créditos», señaló.
En Costa Rica, la mayoría de entidades financieras no emiten tarjetas de créditos sin un documento de asilo aprobado. A la mayoría de solicitantes de refugio se les extiende un documento provisional que se debe estar renovando constantemente.
Desde el punto de vista de su seguridad, el temor crece. «Estar en el limbo, de no saber si me van a aprobar o rechazar la solicitud de refugio me preocupa… al final soy perseguido político y desde 2018 he sido víctimas de amenazas y persecución de parte del régimen sandinista y sus adeptos», dijo.
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«Conozco muchos casos que siguen esperando que les aprueben sus casos. Acá estamos pasando una situación muy precaria aquí y la dictadura de Nicaragua ha utilizado a organismos internacionales para darle persecución a exiliados, como el caso de Douglas Pérez Centeno, o Reinaldo Picado, que se está pidiendo extradición», dijo.
Pérez Centeno fue extraditado por Costa Rica el pasado 16 de febrero, ya que es acusado por la dictadura de Ortega por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil.
Solo el 8 por ciento de solicitud de refugio han sido aprobadas
De las más de 190 mil solicitudes de refugio presentadas por nicaragüenses en Costa Rica durante los últimos años, apenas unas 16 mil han sido aprobadas, lo que equivale a cerca del 8.4 por ciento, según confirmó en una entrevista con LA PRENSA el viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería de Costa Rica, Omer Badilla Toledo.
El funcionario costarricense explicó que al ser el cuarto país con más solicitudes a nivel global efectivamente el volumen los supera a nivel administrativo. No obstante, resaltó que están “resolviendo una estrategia y se están atendiendo paulatinamente”.
Los solicitantes de refugio pueden obtener un permiso laboral tres meses después de hacer la petición. Las solicitudes deben ser presentadas en la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Con el permiso pueden trabajar, pero no estudiar.
El canciller tico Arnoldo André dijo en una entrevista para un medio internacional que «la capacidad administrativa no alcanza». «La dirección de migración destina ciertos funcionarios públicos ACNUR y OIM apoyan con otros funcionarios públicos, habrán unos 50 actualmente, entre todos procesando al menos 250.000 solicitudes. Pero como le explicaba, hay listas de espera hasta de 9 años para resolver», reconoció André al medio Voz de América.
En ese sentido Moraga teme por la respuesta que vayan a darle. «Últimamente he conocido de casos de exiliados que les están negando el refugio valiéndose de los más mínimos detalles para cancelarles el proceso. Tiene mucho que ver con las nuevas dinámicas implementadas por gobiernos a fin de detener la migración, pero sin que las causas que producen la migración se resuelvan».
«Es frustrante», lamenta Moraga. «En mi caso no puedo abandonar mi proceso porque yo soy perseguido político y estoy expuesto a que la dictadura utilice organismos internacionales para pedir una extradición. En 2023 dos oficiales de inteligencia llegaron a donde vivía en Nicaragua pidiendo información de mí, según ellos yo pertenecía a una banda de lavado de dinero y narcotráfico», concluyó.
