A través del evento “Fe bajo fuego”, realizado el pasado miércoles, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, junto a otras organizaciones civiles, expuso cómo operan las instituciones que ejecutan la represión contra la Iglesia católica en Nicaragua desde el estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Esta represión se materializa en confiscaciones, destierros, prohibición de actividades religiosas, entre otras medidas de la dictadura de Ortega y Murillo para ejercer un control absoluto sobre la fe.
Según el reporte presentado por el abogado Yader Valdivia, el Ministerio Público formula acusaciones y “pruebas” en procesos judiciales y políticos contra miembros de la Iglesia, que luego pasan al Poder Judicial, el cual, debido a su falta de independencia, ordena los destierros.
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Vigilancia
Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Policía, ejecuta detenciones arbitrarias, vigilancia, asedio, torturas, prohibición de actividades religiosas y ocupación de bienes.
“Hemos mostrado cómo el régimen de Ortega y Murillo, a través de todas las instituciones del Estado, poderes, órganos y dependencias, utiliza sus recursos para perseguir a religiosos y violentar la libertad religiosa”, dijo Valdivia en declaraciones a LA PRENSA.
El abogado señaló que, aunque el informe no lo menciona, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) juega un papel relevante en el cierre de medios de comunicación católicos de radio y televisión.
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Alcaldías
Las alcaldías, bajo control total del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también participan en la represión. Las municipalidades suplantan las actividades religiosas y organizan eventos en las afueras de los templos para interrumpir las celebraciones.
Asimismo, las estructuras políticas de la dictadura en los barrios, como los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), realizan vigilancia política durante las homilías y figuran como testigos contra religiosos en juicios políticos.
Persecución religiosa
Valdivia expresó que, más allá de la persecución puntual contra religiosos, el régimen emprendió una persecución generalizada contra la fe misma.
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“La persecución religiosa también implica afectar directamente la libertad de profesar una fe. Ejemplo de ello son el cierre de medios católicos, la prohibición de procesiones de Semana Santa durante tres años consecutivos, la detención y destierro de sacerdotes únicamente por su ministerio, y la expulsión de congregaciones religiosas como las monjas misioneras”, dijo Valdivia.
El informe contabiliza al menos 261 líderes religiosos desterrados, campañas de odio contra obispos y sacerdotes, y reformas constitucionales que restringen el papel social de la Iglesia bajo el principio de “estricta separación” del Estado.
