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Ninguna obligación es tan consustancial e intransferible para el Estado como el deber de proteger. Nótese que digo el Estado, es decir, el conjunto de instituciones, políticas y normativas que lo integran, no solo una parte de ellas.
Esto debe quedar claro, porque la responsabilidad de garantizar seguridad y bienestar los dos componentes esenciales de proteger requieren de la totalidad de fuerzas y recursos que conforman la columna vertebral de un país, sin importar su signo ideológico.
Ahora bien, aunque el deber de proteger corresponde al Estado en general, es en el Poder Ejecutivo donde reside la competencia y donde se ubican las potestades legales y financieras para cumplir con esa tarea. Esa responsabilidad es irrenunciable e indeclinable; no puede evadirse alegando falta de colaboración, debilidad presupuestaria, mala fe, inoperancia o ausencia de voluntad política de otros actores públicos o privados, incluida la ciudadanía, de donde, por cierto, provienen su legitimidad y su fuerza.
Los dos elementos esenciales del deber de proteger son, por tanto: la unidad del Estado frente a amenazas contra el bien común y el liderazgo del Poder Ejecutivo, cuya misión es encontrar las formas específicas de lograr ese objetivo utilizando todos los recursos lícitos disponibles (y subrayo: lícitos, porque en un Estado de Derecho no es admisible otra vía). Por lo tanto, o existe colaboración y armonía entre los distintos estamentos estatales, junto a un liderazgo con visión, fuerza, capacidad de gestión y un diálogo multisectorial inteligente interno y externo, o la tarea se vuelve imposible. En caso contrario, las condiciones nacionales terminan acercándose a la distopía, un escenario indeseable y contrario al deber de proteger.
Hasta ahora me he referido al deber de proteger en sentido amplio: defender a la población de todo tipo de amenazas, desde las estructurales relacionadas con la economía, la distribución de la riqueza y la justicia social hasta las coyunturales, como desastres naturales, conflictos armados, pandemias o incluso los trastornos emocionales que alimenta el miedo.
Pero entre todas esas amenazas, quizá la que más preocupa hoy en Costa Rica y en muchos otros lugares es la inseguridad, la violencia y el predominio de poderes fácticos cuyas acciones de terror generan graves daños de todo tipo y terminan imponiéndose sobre unas fuerzas estatales legítimas, pero cada vez más ineficaces.
Es en ese cruce de caminos adonde nos encontramos y para avanzar en la senda correcta se necesitan tres cosas: primero, devolverle valor político, respeto y visión de futuro al diálogo interinstitucional y entre los poderes de la República.
Segundo, capacidad, eficiencia, financiamiento, contundencia, y claridad estratégica al gobierno, que ha abandonado su obligación más básica de proteger.
Y tercero, admitir que el combate eficaz a la criminalidad organizada requiere tanto de acciones de contención como de prevención, pues más y mejor educación, salud pública, agua potable, infraestructura comunitaria y la puesta en escena de una política respetuosa del pluralismo y respeto a la cultura política del país, vale más que mil policías y una mega cárcel.
El autor es expresidente de la República de Costa Rica. Este artículo fue publicado originalmente en el costarricense Diario Extra.
