Este miércoles 20 de agosto LA PRENSA publicó una información titulada “Dictadura asesta estocada final al derecho a un juicio justo con la Procuraduría General de Justicia”.
La información se refiere a la reforma constitucional totalitaria aprobada el pasado 6 de agosto por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que eliminó al Ministerio Público o Fiscalía General de la República y creó una nueva Procuraduría General de Justicia (PGJ), que sustituye a la anterior Procuraduría General de la República (PGR) y supuestamente combatirá la corrupción.
El tema es de singular importancia, porque el derecho a un juicio justo —o al debido proceso— es fundamental en una sociedad en la que el respeto a los derechos de las personas es la condición indispensable de una sana y pacífica convivencia social. A lo largo de la historia universal, desde que la gente espontáneamente comenzó a asociarse hasta que llegó a crear el Estado, y después fue avanzando poco a poco en la búsqueda de la mejor manera de juzgar y sentenciar a los miembros de la comunidad que violaban las reglas de vida comunitaria comúnmente establecidas.
Pero fue necesario que pasara mucho tiempo y que se ensayaran diversas formas de aplicación de la justicia, casi siempre en detrimento de la dignidad de las personas acusadas y condenadas; hasta que en 1948 los representantes de los Estados de todo el mundo aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la cual se consagró, entre muchos otros, el derecho a un juicio justo o al debido proceso.
Los juristas entrevistados para la mencionada información de LA PRENSA sobre el fin del derecho a un juicio justo en Nicaragua, y otros que opinan en diversos medios independientes y democráticos de comunicación, han explicado ampliamente en qué consiste ese derecho. Pero eso no obsta para que podamos resumirlo aquí.
El derecho a un juicio justo, o al debido proceso, se refiere ante todo a la presunción de inocencia de todo acusado mientras no se demuestre su culpabilidad; al derecho a defenderse y de ser juzgado en juicio público y oral dentro de un plazo razonable; y a no ser sustraído de la jurisdicción del juez que le corresponde; a que el tribunal y el juez que juzguen al acusado sean independientes e imparciales.
En resumen, el derecho a un juicio justo o al debido proceso consiste en la vigencia y respeto de una serie de garantías de las personas acusadas, así como de los procedimientos legales que debe seguir la autoridad del Estado para juzgarlas y privarlas de su libertad cuando esto corresponda. Radica asimismo en la prohibición de la tortura y cualquier clase de maltrato físico, sicológico y moral a los detenidos; y en el derecho del sentenciado a apelar el fallo cuando le sea desfavorable, ante autoridades judiciales superiores.
Ahora bien, la institución que debe garantizar el juicio justo es el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado, el mismo que en Nicaragua ha sido liquidado por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Ministerio Público fue creado en Nicaragua mediante reforma constitucional en el año 2000, durante el período de los gobiernos democráticos que hubo de 1990 a 2006, precisamente en la administración del presidente “liberal” Arnoldo Alemán.
Sin embargo, desde que se constituyó el Ministerio Público el fiscal general y el fiscal general adjunto fueron nombrados por las autoridades políticas libero-sandinistas, de manera que su independencia fue cuando menos dudosa. Hasta que las dudas se disiparon completamente cuando Daniel Ortega y el FSLN recuperaron el poder en enero de 2007 y comenzaron a reinstaurar la dictadura sandinista.
A partir de entonces el Ministerio Público se fue convirtiendo en un instrumento de la dictadura, por lo que decenas de fiscales independientes y honestos tuvieron que renunciar a sus cargos. De manera que en 2018, cuando ocurrió la rebelión nacional democrática de abril, la Fiscalía se encargó de imputar toda clase de acusaciones falsas contra centenares de personas que fueron acusadas y condenadas sin derecho al debido proceso.
Se puede asegurar, entonces, que la reforma constitucional totalitaria del 6 de agosto pasado no puso fin al derecho al juicio justo, o al debido proceso. Lo que hizo fue ponerle la lápida. Y allí estará sepultado hasta que en Nicaragua vuelva a haber una república democrática.
