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El 9 de agosto fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito de visibilizar su contribución a la humanidad, reconocer sus derechos colectivos y promover la protección de sus territorios, culturas y modos de vida. Sin embargo, en Nicaragua esta fecha está marcada no por el reconocimiento, sino por el silenciamiento sistemático, la violencia estructural y el despojo territorial.
Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la situación de los pueblos indígenas —particularmente en la Costa Caribe— ha alcanzado niveles alarmantes de vulneración. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado nicaragüense, incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos colectivos y la libre determinación de estos pueblos han sido sistemáticamente ignorados.
En lugar de garantizar sus derechos, el régimen ha promovido actos simbólicos carentes de contenido: celebraciones folclorizadas, eventos estatales y discursos vacíos que pretenden encubrir una realidad profundamente dolorosa. Mientras tanto, continúan las agresiones armadas, las invasiones de colonos, el desplazamiento forzoso, la destrucción ambiental, la violencia sexual contra mujeres indígenas, y la criminalización y desaparición de sus líderes y defensores.
El caso del diputado indígena Brooklyn Rivera y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, desaparecidos desde el 29 de septiembre de 2023, constituye un hecho grave que demuestra el nivel de represión que enfrentan quienes alzan la voz. A esto se suman las desapariciones de líderes mayangnas, como los guardianes territoriales de la zona Sauni As, y el caso de Stedman Fagoth, está desaparecido por denunciar la venta ilegal de tierras comunales.
Estas violaciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que responde a intereses económicos y geopolíticos claros: la apropiación de territorios indígenas para el avance de proyectos extractivos —particularmente mineros—, muchos de ellos con capital chino, facilitados mediante concesiones estatales opacas. Se trata de territorios ricos en recursos naturales: tierras altamente fértiles, bosques primarios, fuentes de agua, minerales estratégicos. Esta riqueza es vista por el régimen como botín, y sus legítimos custodios como un obstáculo a remover.
La pobreza es una situación real en la vida de los Pueblos Indígenas y, desde 2005 no se han publicado estudios oficiales actualizados sobre la situación social, económica y territorial de los pueblos indígenas. El último informe relevante, Nicaragua asume su diversidad (PNUD, 2005), ya advertía la pobreza extrema que afecta a los 12 territorios del Caribe Norte, en particular a los municipios de Waspam y Prinzapolka. La ausencia de datos actualizados no es casual: el Estado ha optado por la invisibilización deliberada como estrategia de dominación. Los pueblos indígenas están solos, no tienen dónde encontrar justicia, pues los batallones ecológicos del ejército, se encuentran en los territorios, con un solo fin, de proteger a los criminales, porque comparten los mismos intereses.
Lo que está en curso en la Costa Caribe de Nicaragua puede ser descrito, sin exageración, como un proceso de etnocidio progresivo. Una combinación letal de violencia, despojo, cooptación institucional, impunidad, silenciamiento y destrucción del tejido comunitario, que amenaza la pervivencia misma de los pueblos Indígenas. Han destruidos a las organizaciones no gubernamentales que eran las que acompañaban a los pueblos, ahora están solos sin protección ni acceso a los servicios básicos.
Frente a esta realidad, apelamos a la comunidad internacional, a la academia, a las organizaciones de derechos humanos y a los organismos multilaterales a que no permanezcan indiferentes. El silencio cómplice, la diplomacia tibia y la falta de acción solo consolidan la impunidad.
Este 9 de agosto no hay nada que celebrar. Hay mucho que denunciar. Y, sobre todo, mucho que defender.
La autora es miembro fundadora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan). Docente de la escuela virtual de América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ha trabajado en programas en misiones de la ONU en África, Kosovo, Afganistán, Ginebra, Colombia y Nicaragua. Es consultora independiente y posee varias publicaciones de estudios sobre la Costa Caribe. Es la actual coordinadora de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia en Nicaragua.
