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Cada día crecen las posibilidades de que la dictadura caiga antes de lo previsto. Eso exige tener listas propuestas aptas para construir una Nicaragua libre y mejor. Dentro de este esfuerzo he venido presentado algunas ideas para el área educativa. Algunas pueden ser controversiales, porque rompen con mitos populistas, como el de la gratuidad indiscriminada. Pero creo que vale la pena discutirlas y estar dispuesto a pensar “fuera de la caja”, un poco a lo Milei, inspirados en el pensamiento libertario que, a diferencia de la izquierda, busca empoderar a los individuos y desapoderar al Estado.
En el tema de la educación universitaria la propuesta es financiar la demanda y no la oferta. Esto quiere decir que los fondos para la educación vayan directamente a los estudiantes y no, como sucede hoy, a quienes la imparten, sea este el CNU u otra institución. Asumamos como ejemplo —no muy distante de la realidad— que el estado destina a las universidades públicas 500 millones de dólares anuales para una población de 100,000 estudiantes (5,000 dólares anuales por estudiante). Financiar la demanda sería pasar esos fondos directamente a los estudiantes dándoles la potestad de escoger la universidad de su preferencia, sean estas públicas o privadas.
En este esquema las universidades no quedarían sin dinero. Recibirían los $500 millones, pero a través de las cuotas pagadas por los estudiantes. Evidentemente, esto implicaría grandes cambios y regulaciones. Las universidades públicas operarían como privadas, estableciendo cobros con relación al costo de las distintas carreras. Las cuotas de las escuelas de derecho, por ejemplo, serían menores que las de medicina. Los estudiantes recibirían gradualmente el dinero en forma de bonos para pagar sus estudios y su monto estaría influenciado por sus ingresos. Los más pobres recibirían la cuota plena. Pero todos estarían expuestos a perderla si no mantienen un buen nivel académico.
Esta no es una propuesta disparatada. La defendió, como la mejor opción, Milton Friedman. Se conoce como el sistema de váucheres educativos que algunos estados aplican en el sistema escolar y que el gobierno federal norteamericano realiza, parcialmente, al otorgar a los universitarios de menores recursos préstamos a largo plazo. En la propuesta para Nicaragua se esperaría también que, tras salir de la universidad, repagaran al país (o a los contribuyentes) parte del costo de educarlos. Los bonos o váucheres serían pues una especie de préstamos a plazos razonables de varios años; diez, veinte o más, y en proporción a los ingresos que generen tras dejar la universidad.
Esto necesitará un buen sistema de acreditación que conceda licencia para abrirlas y operar universidades mientras satisfagan las exigencias de calidad propias de la educación superior. A fin de evitar la intromisión politizada del Estado, dicha agencia debería ser privada; idealmente integrada por representantes del sector privado, de la sociedad civil y, como minoría, por delegados del gobierno.
El sistema propuesto tendría grandes ventajas. Primera: mejoraría la calidad académica. El estudiante, al tener la opción de elegir la universidad de su preferencia, sea esta pública o privada, forzaría a las universidades a mejorar su lucha por captar más estudiantes mejorando la calidad de sus servicios. Segunda: Aseguraría la verdadera autonomía universitaria y la despolitización de la enseñanza. Los proveedores de educación superior ya no dependerían del favor o la voluntad del estado sino del estudiantado. Tercera: aumentaría considerablemente el financiamiento de la educación superior, tanto por el repago que asumirían los estudiantes como por la mayor eficiencia que produce la competencia. Cuarta: Produciría mejores estudiantes. Tener que repagar, al menos una parte del costo de sus estudios promovería la responsabilidad personal, más aún si las malas notas redundan en pérdida de los bonos. Las exigencias de calidad educativa, monitoreada por la agencia de acreditación a través de evaluaciones periódicas, impediría que las universidades regalaran notas para conservar alumnos.
Evidentemente esta propuesta producirá resistencias en las izquierdas estatistas. Pero son necesarias si queremos superar los desfasados modelos prevalecientes. Insistamos: no son reformas tibias, las que necesita Nicaragua, sino cambios verdaderamente revolucionarios que aseguren el progreso y la libertad ciudadana frente al poder. ¡Viva la libertad, carajo!
El autor es sociólogo, exministro de Educación.