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La atención y detección de problemas de depresión, tendencias suicidas y violencia doméstica en menores de edad en los centros escolares públicos, regidos por el Ministerio de Educación (Mined), confirman docentes de la Unidad Sindical Magisterial consultados por LA PRENSA, por ahora se reduce a una simple cartilla de 18 páginas, en la que se promueven discursos a favor de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A inicios de julio, el Mined inició una campaña, a través de sus redes sociales, en la que promovía el contenido de la cartilla “Previniendo depresiones y suicidios”, esto a raíz del parricidio de dos menores de edad cometidos por su madre.
En sus publicaciones, las autoridades animaban a la población a “estar atentos cuando un miembro de la familia presente golpes, moretones, quemaduras —comúnmente de cigarro—, rasguños, se hale el cabello, se inserte objetos en la nariz y oídos, incluso se agreda a través de calificativos despectivos, pensamientos negativos o expresiones verbales, autorreproches, vergüenza o culpa, ya que podría ser indicio de alteraciones en la salud mental”.
Comentarios en las publicaciones de redes sociales del Mined insistían en la urgencia de que las escuelas del país tengan un personal capacitado para atender casos de este tipo.
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La cartilla “Previniendo depresiones y suicidios”, un documento breve de 18 páginas que incluye fotografías de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, inicia promoviendo el discurso de la también vocera del Frente Sandinista, en el que se insiste en que en el país hay “alegría, tranquilidad, seguridad, concordia, en los hogares, en las familias… por eso hemos luchado tanto, para que se respete nuestro derecho a vivir tranquilos, estudiando, trabajando, cuidando nuestra salud, creando todas las condiciones para mejorar la vida”.
«No tenemos herramientas para atender problemas mentales»
«Clara», docente con más de 10 años de experiencia, labora en un colegio público del departamento de Granada. Bajo anonimato, afirmó a LA PRENSA que en los colegios públicos, e incluso en algunos privados, no se tienen las herramientas para atender o detectar problemas psiquiátricos en los menores, ya sea por depresión, violencia intrafamiliar, abusos, explotación infantil o intentos de suicidio.
«Llevé algunas asignaturas relacionadas al tema, pero son pinceladas. Es a diario que los estudiantes tienen problemas emocionales dentro de la familia y por consiguiente lo reflejan en el colegio, pero no somos expertos para detectar de qué se trata. No recibimos capacitaciones ni formación en estos temas, y esas cartillas son pobres. No son suficientes para tratar esos casos y no tenemos otras herramientas», señaló «Clara».
Asimismo, lamentó que como docentes, en la mayoría de los casos en que es evidente la violencia que sufren los menores, muchas veces se sienten «con las manos atadas, porque muchas veces las niñas nos dicen su problema, pero cuando llegan los padres lo niegan. Es la palabra de ellos contra la de los niños, que muchas veces, por miedo, luego dicen que no es así, y entonces ponen denuncias por injurias y calumnias contra el maestro».
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Aseguró que en los centros escolares públicos «no hay psicólogos ni consejeros escolares», y que ni el Mined ni el Minsa dan ese apoyo y han «dejado solos a los docentes, que hacemos lo que podemos con los estudiantes, con la sobrecarga de alumnos, porque nos ponen grupos de más de 40».
«Es claro que muchos alumnos no rinden porque pueden tener problemas de ansiedad, depresión. Incluso, en el departamento, hace algunos años, estudiantes de colegios públicos se suicidaron en temporada de vacaciones, usando la técnica de asfixia mecánica. Y es hasta que eso ocurre que llegan todos los de la delegación departamental y municipal, pero luego se desaparecen», criticó.
Estudiantes requieren atención psicológica
«Juana», docente de Managua, con cinco años de experiencia en colegios públicos, confirmó a LA PRENSA que no existe consejería escolar con profesionales de la psicología en los colegios públicos, sino que a los docentes las direcciones, en algunos casos, los mandan a «aconsejar» a los alumnos que se cree que «se portan mal».

«Muchas veces los chavalos llegan sin comer de sus casas, lloran de la nada estando en el salón, te dicen que están tristes, que les pegan, que trabajan para que les den comida en sus casas, que viven solo con la abuela y les toca cuidarla. Pasan por muchas cosas, y son esos chavalos a los que luego se les dice que se portan mal, pero nosotros, aunque los escuchemos, no tenemos la capacitación ni los conocimientos de un psicólogo para atenderlos», explicó la docente.
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Ambas maestras coincidieron en que en los colegios públicos, una vez se logra detectar un caso de violencia o abuso en un menor, lo que a ellos como trabajadores les corresponde es «hacer un escrito» a la dirección de cada centro. Son ellos quienes deciden si el caso se puede pasar a la delegación municipal, departamental y hasta el Mined central, que además coordina con la Policía o el Ministerio de la Familia.
Solo un centro de atención para menores
Nicaragua, a nivel nacional, cuenta con pocos Centros de Atención Psicosocial (CAP), los cuales se encargan de atender trastornos mentales, problemas de consumo de sustancias, crisis emocionales o conductas suicidas. El Ministerio de Salud (Minsa), según datos publicados por medios oficialistas, tiene 16 CAP departamentales.
Fue hasta octubre de 2020 que se inauguró el Centro Nacional de Salud Mental Infantil Doctor Luis Alfonso Velásquez Flores, pero se desconoce públicamente cuántas atenciones ha ofrecido anualmente ese lugar o si existe alguna coordinación con el Mined para atender situaciones específicas en los colegios públicos.
En mayo pasado, la dictadura sandinista también inauguró el Centro de Salud Mental Doctor Jacobo Marcos Frech, montado sobre el Monasterio Inmaculada Concepción de María, propiedad robada a la orden de las Hermanas Clarisas, congregación expulsada en enero pasado por el orteguismo.
El Minsa, en 2023, en una nota en la que detalló las atenciones en salud mental, especificó que desde enero de 2022 hasta mayo de 2023 atendieron a 299,155 menores de edad y adultos. En ese período se informó que 7,012 atenciones se ofrecieron en el Centro Nacional de Salud Mental Infantil.