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Mejorar la educación deberá ser una de las mayores prioridades del gobierno que sustituya a la dictadura. Es tan obvia la importancia de educar que es sobrancero insistir sobre cómo afecta el desarrollo personal y colectivo. Es menos obvio, quizás, la conciencia sobre lo mala que es la nuestra. ¿Sabía usted que, en una prueba de 2011, sólo la mitad de los estudiantes de tercer grado pudieron resolver la suma 5 + 6?
Habrá pues que hacer un esfuerzo monumental, titánico, por mejorarla. Un elemento indispensable será financiarla mejor, exigencia que no puede desvincularse de la riqueza del país. Si no crece considerablemente el PIB (producto interno bruto) no podrá mejorar mucho la educación. Si Nicaragua invierte en ella US$769 millones anuales, mientras Costa Rica US$3,200, (cuatro veces más), esto no solo se debe a voluntad política sino al hecho de que su ingreso por habitante es 6.5 veces mayor que el nicaragüense: US$18,587 versus US$2,847.
Lo anterior significa que un paso obligado para mejorar la educación es llevar al poder un gobierno capaz de hacer crecer rápidamente la economía. Y esto nos lleva a otra conclusión avalada por la experiencia: que sólo podrá lograrlo uno que entienda que la pobreza no se supera, como creen los izquierdistas, con políticas sociales o distributivas, sino con mucha inversión privada. Que es, precisamente, la que traen los capitalistas, pequeños o grandes, pero en la medida en que les son rentables. Por tanto, si queremos una mejor educación habrá que favorecer a gobernantes que no vean al empresario como el mezquino explotador, a quien hay que gravar con impuestos, sino al productor de riquezas que hay que alentar con políticas amigables.
Junto con mayores ingresos debe existir también voluntad política de incrementar la cuota del PIB asignada a la educación. En Nicaragua es 4.16 por ciento, en Costa Rica el 6.28 por ciento. Algo que le ha ayudado a llegar a estos niveles, aparte de su estabilidad política y respeto al estado de derecho, es el ahorro producido por la abolición del Ejército. En Nicaragua el presupuesto de este, más el de la abultada Policía suman $256 millones anuales equivalentes, casi igual a lo gastado en educación superior. Luego está el tema de los desequilibrios entre los subsistemas. Costa Rica gasta el 24.3 % de su presupuesto educativo en la educación universitaria mientras Nicaragua le asigna el 34 %. De los US$769.6 millones programados en 2024 a la educación, $509.3 fueron para primaria y secundaria, que atiende a 1,806,518 niños ($282 por estudiante) mientras $260.3, casi la mitad, fueron a las universidades que atienden a 180,220 estudiantes ($1,444 por persona). Obviamente, estos análisis dejan afuera aspectos cuantitativos y cualitativos no suficientemente estudiados. De esos 180,220 universitarios, ¿cuántos terminan sus carreras? ¿Cuál es la calidad y rentabilidad de distintos subsistemas?
Algo que ayudaría a incrementar el financiamiento y calidad de la educación superior sería acabar con el mito de su gratuidad indiscriminada. Es entendible que quiera subsidiarse a los más pobres, pero hay un buen porcentaje de los universitarios que son capaces de aportar algo a sus estudios, como el caso de aquellos que pagaban cientos de córdobas mensuales en las secundarias privadas. También es el caso que aún los más pobres suelen, tras graduarse, incrementar sus ingresos por encima de la media nacional. Sería bueno que una vez que lo obtengan repaguen algo a la sociedad que los financió, implementando un sistema de préstamos similar al practicado en Norteamérica.
Medidas como estas producirían fondos adicionales para mejorar la calidad educativa y fomentaría la responsabilidad personal del estudiante. Muchos de ellos —la mayoría— desertan o no se afanan por estudiar, causando un gran desperdicio de recursos sufragados por el sudor de los contribuyentes. El problema es que cuando un producto se recibe sin costo tiende a no valorarse. Pagar al menos una parte del precio de sus estudios bajaría seguramente las tasas de deserción y mejoraría el rendimiento académico. Junto con esto deberían establecerse políticas de admisión más estrictas y no tolerar la extendida práctica de alumnos “perpetuos” que repiten años o van de carrera a carrera sin graduarse.
Otra medida, que se analizará después, será el implementar el sistema de váucheres educativos, en los que se financia a quienes demandan educación y no a quienes la ofertan.
El autor es sociólogo. Exministro de Educación.
