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Este jueves se cumple un mes desde que la Policía —bajo las órdenes del dictador Daniel Ortega— redujo la velocidad máxima en carreteras a 50 kilómetros por hora para automóviles y a 40 km/h para motocicletas, aduciendo que con esta medida se reducirían los accidentes de tránsito, así como el número de lesionados y fallecidos. Aunque el dictador aseveró el 23 de junio de este año que la estrategia se probaría durante 15 días, y pese a que las cifras de la Policía reflejan que no ha dado muchos resultados, el régimen la mantiene.
Una revisión realizada por LA PRENSA a los reportes de la Policía muestra que en la semana del 9 al 15 de junio, la Dirección de Tránsito Nacional registró ocho fallecidos, 42 lesionados y 1,109 colisiones.
En la semana del 16 al 22 de junio, ya con la medida vigente, la cifra de fallecidos se elevó a 14, aunque las colisiones disminuyeron a 1,109 y los lesionados a 31.
Sin embargo, entre el 30 de junio y el 6 de julio, las cifras aumentaron nuevamente: se registraron 15 fallecidos, 46 lesionados y 1,110 colisiones.
Según el conteo oficial, hasta el 13 de julio se reportaron 471 fallecidos y 1,323 lesionados en accidentes de tránsito. De estos, 111 fallecimientos ocurrieron desde que entró en vigor la medida impuesta por la Policía. Entre el 16 de junio y el 13 de julio, se reportaron 4,488 accidentes de tránsito.
No obstante, en comparación con el período anterior a la entrada en vigor de la medida —entre el 19 de mayo y el 15 de junio—, la Policía reportó 4,873 colisiones, 59 fallecidos y 177 lesionados. Es decir, desde que la medida está en vigor se han registrado 385 accidentes, siete fallecidos y 34 lesionados menos. Sin embargo, también se contabilizan 1,125 suspensiones más de licencias.
Especialista advierte riesgos para la seguridad vial
El especialista en seguridad vial costarricense y exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerardo Castaing, dijo a LA PRENSA que la reducción de la velocidad continua en carretera a 60 km/h genera retrasos, mayor consumo de combustible y dificultades para las actividades económicas. Además, advirtió que puede traducirse en un riesgo para la seguridad vial si no se implementa correctamente.
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«El establecimiento de una velocidad continua a nivel general es improcedente e inconveniente, ya que puede generar efectos negativos en la economía del país, así como muertes y lesiones graves, dependiendo del lugar donde se aplique. No es lo mismo una carretera que un centro urbano, donde la gente cruza calles, hay escuelas y colegios. Esta medida podría aumentar la mortalidad en el país», dijo Castaing.
Cifras reflejan interés recaudatorio
Aunque la cantidad de fallecidos y lesionados no disminuye, la Policía ha incrementado la suspensión de licencias. Si bien no especifica los motivos de cada suspensión, el aumento coincide con la entrada en vigor de la nueva regulación de velocidad.
En la semana del 9 al 15 de junio, la Policía suspendió 334 licencias de conducir. A la semana siguiente, del 16 al 22 de junio, cuando se implementó la medida, la cifra subió a 366. Entre el 30 de junio y el 6 de julio, la institución suspendió 880 licencias, la cifra más alta desde el inicio de la medida.
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Un especialista, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, indicó previamente que esta reducción podría obedecer a un interés recaudatorio del régimen.
«Reducir el límite de velocidad es una medida que no tendrá ningún impacto en la reducción de la velocidad. Por eso la medida solamente beneficiará la aplicación de multas y recaudación de dinero. Una política eficiente de control de siniestros de tránsito debe considerar medidas que sensibilice a los conductores», señaló el especialista.
