La Declaración de Independencia de EE. UU. y el derecho a la rebelión

El documento se inicia reconociendo el deber de justificar la decisión adoptada por los representantes de las colonias de romper con el imperio inglés: “Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación”. Exigencia, hay que advertir, que es frecuentemente ignorada por los tiranos que inconsultamente y sin explicación imponen a sus países el rumbo que se les antoja.

Luego viene su parte medular o filosófica en que señala que su derecho a independizarse deriva de “las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza”. Es decir, no nace de la voluntad humana. Viene entonces su famoso párrafo seminal:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Aquí está expresado el principio, de origen cristiano, de la igualdad del hombre y la trascendental afirmación de que dichos derechos, por venir de Dios y no del Estado o del legislador, son inalienables, es decir, que no pueden ser transados, ni transgredidos por ningún individuo u poder alguno; derechos que nadie puede irrespetar pues son sagrados.

La Declaración menciona expresamente tres derechos, pero no implica que sean exhaustivos. Por eso dice: “Que entre estos están…” etc. Puede haber otros. El derecho a la libertad, por ejemplo, tiene varios derivativos, como son la libertad de expresión, de movimiento, de asociación, etc. Este párrafo tendría una gran influencia en la revolución francesa cuyos tres principios fueron “Igualdad, libertad, fraternidad” y que más tarde los expandiría en su Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Entonces la Declaración expresa su innovadora visión sobre la razón de ser del Estado con palabras que resonarían en todo el planeta: “Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos”.¡Bingo!: esta es la única justificación de los gobiernos y sus respectivas facultades. No son creados, pues, para promover el desarrollo económico o difundir las artes o el saber, o proteger el medio ambiente y, ni siquiera, la justicia social. Estos pueden ser objetivos nobles, pero sólo en cuanto estén subordinados a la misión toral del gobierno: garantizar, proteger, defender, los derechos individuales.

Sigue la Declaración con esta otra línea, sensacional para su época, al afirmar que estos gobiernos, “derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados…” Aquí esta expresada, en tan pocas palabras, otro principio fundacional del sistema democrático: que la única fuente de legitimidad de un gobierno es que sea producto del consentimiento, es decir, de la voluntad o aprobación libre de los ciudadanos la cual sólo puede verificarse a través de procesos electorales libres y competitivos.

Tan fundamentales son estos enunciados que la declaración afirma sin timidez “que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, (garantizar los derechos humanos y respetar la voluntad popular) el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno”. Claro, advierte la declaración, este no es un tema que deba tomarse a la ligera “por motivos leves o transitorios”. Sin embargo, continúa, “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno…”

Importa pues conocer estas verdades que, aunque luzcan obvias al leerlas, son ignoradas por muchos. Hay que hacerlas virales para que accedan a ella universitarios, militares, políticos y todos aquellos que aspiren a gobiernos verdaderamente al servicio de la dignidad inalienable del ser humano.

El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.