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La Fiscalía General en coordinación con la Policía Nacional desarticularon una pandilla estudiantil en formación en El Salvador con la detención de 46 jóvenes – 32 mayores de edad y 14 menores- señalados de agrupaciones ilícitas y de delitos de «naturaleza sexual», según informaron este lunes las autoridades de Seguridad en una comparecencia ante la prensa.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que las detenciones «se hicieron efectivas» la semana pasada y que, de acuerdo con las investigaciones, «se buscaba crear una estructura criminal para perturbar la paz y la seguridad en el país».
Indicó que los jóvenes estudiaban en diferentes institutos públicos de educación media de San Salvador que «amenazaban a docentes, conspiraban para asesinar a policías» y que «también se dedicaban a la falsificación y alteración de moneda».
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«No vamos a permitir que estas iniciativas prosperen, ni que nuestra juventud sea arrastrada nuevamente a la criminalidad. Este operativo lleva un mensaje claro, nadie, sin importar su edad, condición social o nivel educativo, está por encima de la ley», dijo Delgado durante su comparecencia en la que no se abrió un espacio para preguntas de la prensa.
Entre tanto, el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, apuntó que «la investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla», con «una actividad criminal definida, que era la venta de droga al menudeo».
Añadió que los jóvenes detenidos «estaban retomando la denominada pandilla ‘La Raza’ que hacía muchos años había estado en estos institutos» de educación públicos.
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Los jóvenes detenidos serán llevados ante los tribunales correspondientes en los «próximos días», concluyó el fiscal Delgado.
El operativo de detención se realizó en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción contra las pandillas, el cual se ha convertido en la única medida de Gobierno contra estos grupos.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85,900 supuestos miembros de pandillas y supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
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Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de «permanente -y no temporal- de control social».
