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La imputación de la Fiscalía de Costa Rica contra el presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios públicos resalta el contraste que hay entre ese país y su vecina Nicaragua, donde es impensable que Daniel Ortega, quien ocupa el cargo de presidente de la República, pueda ser procesado por un sistema judicial bajo su control.
En Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia recibió las acusaciones del Ministerio Público contra el presidente Chaves, el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller Arnoldo André Tinoco; las diputadas oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y el también diputado oficialista Waldo Agüero. La Fiscalía los denunció por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Chaves al poder en 2022.
La Corte Suprema de Justicia deberá determinar si remite el expediente a la Asamblea Legislativa para tramitar el eventual levantamiento del fuero de improcedibilidad —más conocido como inmunidad— que protege a los altos funcionarios de los poderes del Estado. Presuntamente Chaves y los otros imputados recibieron 500 mil dólares de manera ilegal.
El oficialista Partido Progreso Social Democrático (PSD) tiene 10 diputados en la Asamblea Legislativa, de un total de 57 legisladores.
En la vecina Nicaragua
Al otro lado de la frontera norte costarricense, la situación de sus vecinos no podría ser más diferente. Como en un universo paralelo, el dictador de Nicaragua ha cometido irregularidades, delitos, fraudes desde hace años y hasta se ha comprobado la ejecución de crímenes de lesa humanidad bajo sus órdenes, según investigaciones del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de que la represión y la corrupción de la dictadura han sido ampliamente documentadas, es impensable que Ortega pueda ser siquiera acusado por el sistema judicial nicaragüense.
Las acusaciones por delitos electorales que podrían llevar al presidente costarricense al banquillo de los acusados serían solo uno de los numerosos delitos de los que se acusa al dictador Ortega.
Campaña electoral eterna del FSLN
Daniel Ortega lleva años usando los recursos públicos para hacer proselitismo político. La bandera rojinegra del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es visible en todas las instituciones del Estado. Durante las campañas electorales, los trabajadores públicos son movilizados en vehículos de las diferentes instituciones del Estado. Hasta las patrullas policiales participan en caravanas del FSLN y los policías alzan banderas sandinistas sin ningún rubor.
Por años los opositores nicaragüenses han denunciado esta situación, pero a diferencia de Costa Rica, todo el sistema judicial, la Fiscalía, la Contraloría, están bajo el control de los partidarios del FSLN y leales a Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien también es «copresidenta» de acuerdo con una reforma constitucional impuesta el año pasado.
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El año pasado, la dictadura Ortega Murillo finalmente convirtió la bandera rojinegra en un símbolo nacional, tras la reforma constitucional de 2024, por lo cual ahora es obligatorio portar esa bandera en todos los actos nacionales y escolares.
Chaves no puede optar a la reelección
La acusación de la Fiscalía de Costa Rica contra el presidente Rodrigo Chaves llega durante su cuarto y último año en el poder, de un período total de cuatro años.
En Costa Rica, la Constitución Política establece que la persona que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, ya sea por elección popular o por sustitución, no podrá volver a ocuparlo en el siguiente período inmediato.
En una entrevista con el medio Trivisión en 2024, el presidente Rodrigo Chaves dijo que podría plantearse una reelección en 2030, “si es que quisiera y Dios me mantiene con vida”.
Chaves recordó en ese momento que la ley costarricense le permitiría buscar un segundo período como mandatario, como consecuencia del voto de la Sala Constitucional que reactivó la reelección presidencial en Costa Rica desde hace más de 20 años.
En Nicaragua, Daniel Ortega se ha reelegido tres veces consecutivas tras procesos electorales fraudulentos, amañados y sin competencia, lo que lo ha mantenido en el poder los últimos 18 años. También estuvo en el poder en los años 80, primero al frente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1979-1985 y luego como presidente del país en el período 1985-1990.
El período presidencial de Costa Rica es de cuatro años, mientras que en Nicaragua, tras la última reforma, es de seis años.
Fondos externos
La Fiscalía de Costa Rica comunicó que “existen suficientes elementos» para castigar con penas de prisión las acciones de recaudación o recepción de fondos fuera de los mecanismos permitidos, la participación de estructuras paralelas y el ocultamiento de aportes no autorizados.
En Nicaragua, Daniel Ortega ha usado fondos de la cooperación externa para construir proyectos a los que le pone el sello partidario en plena campaña electoral. El caso más emblemático fue el de la cooperación venezolana que se incrementó cuando Ortega regresó al poder en 2007 y se privatizó dos años después.
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En los primeros años del regreso al poder del FSLN, el acuerdo de cooperación petrolero entre Ortega y el entonces presidente Hugo Chávez significó un monto de 300 millones de dólares al año, los cuales fueron manejados de forma discrecional y fuera de los fondos públicos.
Ortega usó esos millonarios recursos para programas populistas de cuyos resultados no existe información concreta, y para negocios familiares. Pero a pesar de las quejas y denuncias de la débil oposición nicaragüense, nunca se ha imputado legalmente a Ortega por este desvío de fondos, que sólo obtuvo por parte de Venezuela tras su regreso al poder.
Sanciones en la ley
En Costa Rica el financiamiento de las campañas electorales es un asunto que se observa con lupa y que puede llegar a un proceso penal de no cumplirse con los procedimientos de ley. La Fiscalía costarricense está acusando al presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios públicos de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
El artículo 273 sanciona con hasta seis años de prisión a quien recaude fondos sin aval del tesorero partidario o al contador que altere información en los reportes.
El artículo 274 inciso e) castiga a quien done o contribuya a través de terceros o estructuras no aprobadas por el comité ejecutivo del partido.
El artículo 275, en sus incisos a) y b), impone penas a miembros del comité ejecutivo, candidatos o responsables de campaña que conozcan, no reporten o reciban donaciones ilegales, incluyendo las gestionadas por estructuras paralelas.
Nueva Ley Electoral de Nicaragua
En Nicaragua, la nueva Ley Electoral, aprobada en marzo de 2025, establece también controles y penas, sin embargo, en este país las regulaciones y controles al financiamiento de los partidos políticos sólo se aplican a otros partidos opositores si son potenciales rivales de Ortega, es así que se han cancelado las personalidades jurídicas de numerosos partidos políticos desde que Ortega regresó al poder. Estas cancelaciones de personalidades jurídicas llegaron a tal extremo que las votaciones nacionales de 2016 y 2021 se realizaron sin competencia real.
Costa Rica va a elecciones en 2026
Costa Rica tiene elecciones nacionales el 1 de febrero de 2026, en las que se elegirá un nuevo presidente, a esas elecciones Chaves no se puede postular. En Nicaragua, Ortega —quien maneja la Asamblea Nacional a su antojo—, hizo reformar la Constitución para dar a su esposa el título de «co-presidenta» y extendió el período presidencial de cinco a seis años y al haber eliminado a la oposición mediante represión y destierro, planea mantenerse en el poder el tiempo que le quede de vida. La próxima farsa electoral del dictador será en noviembre de 2027.
