El recién pasado lunes 23 de junio, Daniel Ortega arremetió contra la Organización de Naciones Unidas (ONU), la que según él “debería desaparecer”. Eso lo dijo en un acto de ascenso de cuatro jerarcas policiales.
Ortega no atacó a Estados Unidos (EE. UU.) e Israel por bombardear a Irán, como cabía esperar. Ya fuese por astucia, prudencia o temor al gobierno de Trump, prefirió salirse por la tangente y arremeter contra la ONU de la que Nicaragua todavía es miembro.
Decimos que todavía es miembro, porque la dictadura ya sacó al país de las principales agencias e instituciones de las Naciones Unidas que promueven programas de desarrollo y beneficio socioeconómico, cultural, medioambiental y humanitario; y de los que velan por el respeto a los derechos humanos.
La dictadura ha hecho eso porque las agencias de la ONU de una u otra manera han denunciado los atropellos del régimen. En el caso particular de la Unesco, porque concedió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa al Diario LA PRENSA; y en el del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque aprobó un informe y denuncia de que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Según Ortega, la ONU debe de ser sustituida por “una sociedad de naciones en la que se escuche la voz de los pueblos”, en la que “no deberán estar los imperialistas de la tierra”. Obviamente, lo que quiere el dictador sandinista es una asociación internacional de dictaduras y regímenes a los que nos les importan la democracia ni los derechos humanos.
La pertenencia a la ONU es importante para todos los Estados y gobiernos, ante todo porque les da reconocimiento y legitimidad internacional. Además, en el caso de los países pobres la membresía de la ONU les permite canalizar apoyo humanitario, cooperación financiera, asistencia técnica y otros beneficios para los pueblos.
Pero a juzgar por los antecedentes de la política exterior de la dictadura y lo que dijo Ortega el lunes pasado, no les interesa que Nicaragua siga perteneciendo a la ONU ni que pierda los beneficios de su membresía. De manera que cabría esperar que el país sea retirado de las Naciones Unidas en octubre próximo, cuando el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presente ante la Asamblea General su informe sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en Nicaragua.
Si la dictadura excluyera a Nicaragua de la ONU sería apenas el segundo país en la historia que se va voluntariamente. El único que lo ha hecho hasta ahora ha sido Indonesia, en 1965, en protesta por el ingreso de Malasia al Consejo de Seguridad. Sin embargo, las autoridades indonesias reconocieron muy pronto su error y al año siguiente volvieron a ocupar su silla en la ONU.
El caso de Taiwán fue distinto, porque no se retiró voluntariamente de la ONU, fue expulsado en 1971 por la traición de EE. UU. y demás países democráticos que cedieron al chantaje de los gobernantes comunistas de Beijing, de que sólo ellos debían representar a China en la ONU. No tomaron en cuenta que tanto la Alemania democrática como la Alemania comunista, estaban debidamente representadas en las Naciones Unidas.
Ya veremos, pues, en octubre próximo, si la dictadura de Ortega y Murillo saca o no al país de la ONU. O tal vez, por presiones de sus poderosos aliados de Rusia y China logra impedir que el GHREN presente ante la Asamblea General el informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
