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Los nicaragüenses nos hemos visto obligados a permanecer en el exilio ante el riesgo de retornar a nuestro país sin garantías de hacerlo en condiciones de seguridad apropiadas. La dictadura criminal de los Ortega Murillo continúa violando en forma sistemática y masiva los derechos humanos, ha cerrado todos los espacios cívicos, incluso de libertad de culto para sus ciudadanos, desarrolla una feroz persecución contra todo opositor real o percibido como tal y esta se extiende a los familiares.
La grave situación que afecta a nuestro país ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU) y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todos han establecido en sus informes los extensos niveles de tortura, represión, asesinatos, deportaciones, desnacionalizaciones, prisión, confiscación de bienes, desapariciones forzadas, discriminación y negación de derechos.
Existe temor creíble y razonable de que la vida e integridad de los retornados corre riesgo, diariamente crecen las denuncias de deportados y autodeportados que al llegar al aeropuerto de Managua son trasladados a prisión. A algunos los dejan irse a sus casas después de uno o dos días de encarcelamiento, en los que son amenazados ellos y sus familiares. Una vez fuera, son sometidos a una vigilancia permanente que les impide desarrollar una vida normal; y terminan como el resto de los opositores expuestos a discriminación y acoso.
Las torturas a las que la dictadura somete a sus prisioneros están documentadas en los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y otros organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Los métodos de tortura
Los sanguinarios métodos de tortura del régimen Ortega Murillo fueron recordados por el reciente fallecimiento de Bryan Rogelio Cruz Calderón, uno de los 222 exreos políticos desterrados a Estados Unidos, al que violaron con una bayoneta, le cercenaron un testículo y provocaron secuelas graves.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a Reinaldo Picado Mairena, por el riesgo que enfrentaría su vida e integridad física si lo extraditaban desde Costa Rica bajo el contexto actual en Nicaragua.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el protocolo de 1967, establecen que los refugiados no pueden ser devueltos a un país donde su vida y libertad estarían en peligro.
El artículo 3 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas prohíbe la expulsión, devolución o extradición de personas a países donde hay razones fundadas para creer que serán torturadas.
The Foreign Affairs Reform and Restructuring Act of 1998 (FARRA), implementa en los Estados Unidos la Convención contra la Tortura que ratificó en 1994 y desarrolló el principio de Non-refoulement. La prohibición de devolver a países donde existen riesgos no admite excepciones, ni por razones de seguridad nacional ni por conducta criminal previa. Incluso, quienes no califican para asilo o refugio pueden ser protegidos bajo la FARRA si enfrentan riesgo de tortura.
El retorno seguro es un derecho
Los nicaragüenses somos muy apegados a nuestra tierra, costumbres y tradiciones, lo demostramos en 1990 con el triunfo de la democracia, cuando regresamos masivamente del exilio apenas se apreciaron condiciones mínimas de seguridad, que actualmente no existen.
Consecuentemente, la Alianza Cívica mediante acuerdo suscrito en la mesa de negociación con el régimen Ortega Murillo, acordó en marzo de 2019 que todos los nicaragüenses en el exterior, en particular aquellos que salieron a partir de abril de 2018, podrían regresar con plenas garantías y seguridad personal y familiar. Estos acuerdos han sido permanentemente incumplidos y las condiciones que llevaron a su firma se agravaron.
El retorno seguro es un derecho de los exiliados y constituye una obligación de parte del derecho internacional para los países receptores.
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La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) comparte el principal objetivo de los nicaragüenses, la restauración de la democracia y la libertad, que permitirá regresar a sus hogares a los miles que se vieron obligados a emigrar huyendo de un régimen criminal que con su política de violación sistemática de los derechos humanos afecta a sus ciudadanos y a los países donde estos buscan refugio.
La solución del problema de la migración provocada por regímenes dictatoriales no puede radicar en empujar a las víctimas de la represión criminal a volver a sufrirla, corresponsabilizándose con esta. Debe basarse en identificar las causas subyacentes para superarlas, dejando de ser tolerantes y complacientes con quienes irrespetan los derechos humanos y desarrollar una diplomacia activa y eficaz en pro de los mismos y de la libertad, respaldando fehacientemente la lucha de sus pueblos para lograr condiciones apropiadas para su pronto retorno.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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