LA PRENSA y demás medios que por la censura y la represión física interna sólo pueden informar desde el exterior, reportaron que el pasado fin de semana la Policía de la dictadura ejecutó en el norte del país una redada de más de veinte ciudadanos opositores.
Algunos días antes, un antiguo y prominente operador de la dictadura sandinista en sus dos etapas, el general en retiro Álvaro Baltodano, también fue apresado por una fuerza policial junto a otros exmilitares.
En el sentido básico de la palabra, una redada es una “operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto de personas”. Si son políticas las redadas sólo ocurren en las dictaduras. En las democracias únicamente se realizan contra la delincuencia organizada, nunca por motivos políticos y menos contra ciudadanos que ejercen sus derechos de asociación política y libre expresión.
Las redadas policiales son una práctica regular de la actual dictadura de Nicaragua, desde el año 2018 cuando aplastó de manera sangrienta las protestas sociales y la rebelión ciudadana por la democracia. La represión ha sido dirigida también contra la Iglesia católica y algunas denominaciones evangélicas, de manera que la Policía igualmente ha ejecutado redadas de sacerdotes, pastores y otros servidores religiosos.
Según las informaciones, la redada de la semana anterior ha sido de personas asociadas con el ilegalizado partido político democrático Ciudadanos por la Libertad (CxL), particularmente exalcaldes y exconcejales. Pero casi al mismo tiempo, en las redes policiales cayeron también antiguos militares sandinistas, incluyendo al antes mencionado general retirado.
Los familiares y amistades de las personas encarceladas no tienen a dónde recurrir en busca de información y justicia. Eso no es posible dentro del país donde la Policía y demás cuerpos represivos operan con total impunidad.
Lo mismo o algo parecido ocurrió durante la primera dictadura sandinista, en los años ochenta del siglo pasado. Y precisamente por eso, cuando advino el período de la democracia con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, y se creó la oportunidad de reformar la Constitución sandinista, los procedimientos policiacos arbitrarios y dictatoriales fueron prohibidos constitucionalmente.
“Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley y con arreglo a un procedimiento legal”, se consignó en el artículo 33 de la Constitución reformada. En el cual se determinó, además, que “toda detención ilegal causa responsabilidad de parte de la autoridad respectiva”.
Eso desapareció después de que Ortega volvió al poder en el año 2007 por las razones que son ampliamente conocidas y no es del caso repetir aquí. Lo que debemos destacar es que una vez más se ha demostrado que de poco o nada sirve aprobar leyes democráticas, incluyendo las normas constitucionales, si no existen instituciones robustas ni gobernantes que las acaten.
Algunas personas del exilio opinan que la represión de la dictadura muestra sus contradicciones, debilidades y temores. Otras lo interpretan al contrario, como una demostración de fuerza de los dictadores y el mensaje de que están dispuestos a mantenerse en el poder a cualquier precio.
Como sea, el hecho es que la única defensa que pueden tener las personas que caen en las redadas policiales y los presos políticos en general, del color político que sean, es la denuncia internacional de sus casos particularmente ante los organismos institucionales de derechos humanos.
Los cuales continúan acumulando evidencias y documentación verificada, para cuando sea posible acusar a la dictadura ante la justicia internacional.
