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La semana recién pasada la dictadura continuó demoliendo los últimos restos de la institucionalidad democrática que con gran esfuerzo se construyó en el breve período de la democracia, de 1990 a 2006.
Las instituciones indispensables de la democracia como el Estado de derecho, la separación de poderes, la libertad de prensa y demás libertades públicas e individuales, la justicia y el respeto a los derechos humanos, hacen digna la vida humana, aceptables los poderes públicos y respetables a los países. Pero todo lo que había de eso en Nicaragua, aunque insuficiente y defectuoso, ha sido arrasado por el furor totalitario de la pareja dictatorial apoyada en los cuerpos armados de vigilancia y represión.
Las nuevas leyes aprobadas por la dictadura para crear el consejo nacional de rectores y abolir definitivamente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; la de organización judicial que remacha el control de los dictadores sobre los magistrados y jueces; y la que condena a la pérdida de la nacionalidad de los nicaragüenses que hayan adoptado o adopten la de otro país; y las demás ya dictadas e igualmente liberticidas son muestras contundentes del avance totalitario en la configuración legal del nuevo Estado.
Los juristas democráticos señalan con sólida argumentación y denuncian la irracionalidad de las leyes totalitarias impuestas por la dictadura a partir de 2007, pero, sobre todo después del aplastamiento sangriento de las protestas sociales y la rebelión ciudadana democrática de 2018.
Esto que ocurre en Nicaragua ha venido a replantear un viejo debate jurídico que comenzó en los años veinte y treinta del siglo pasado, cuando en Italia fue dictada la “ley de plenos poderes” de Benito Mussolini y las llamadas “leyes fascistísimas”; en la Unión Soviética fue dictado el Código Penal para ejecutar los procesos represivo de Moscú, y en Alemania dictaron la Ley Habilitante de Adolfo Hitler y las Leyes nazis de Nüremberg.
Hasta entonces había entre los juristas el consenso de que un sistema legal es válido sólo si se corresponde con un orden jurídico coherente; y si no contradice los principios básicos de justicia, dignidad humana y moral universal. Por eso, cuando los nazis comenzaron a dictar sus leyes totalitarias, el eminente jurista, filósofo del derecho y maestro universitario alemán, Gustav Radruch, declaró que “el derecho extremadamente injusto no debe ser considerado derecho”, que “hay un límite moral a la obediencia jurídica” y que las leyes totalitarias no deberían ser acatadas.
Pero la verdad es que las leyes totalitarias se acatan no porque sean racionales y justas, sino porque las imponen por medio de la fuerza bruta estatal. Los que se resisten a obedecerlas son castigados de la manera más severa, con cárcel, torturas, destierro, confiscaciones y no pocas veces inclusive con la muerte. Nicaragua, en los últimos 19 años, pero sobre todo desde 2018, es una vitrina en la que se muestra cómo dictan las leyes totalitarias y de qué manera imponen su cumplimiento.
Se puede decir que las leyes totalitarias no deben ser acatadas porque no se ajustan a las normas jurídicas universales ni a la moralidad pública y la dignidad humana. Pero quienes viven en el interior del país y están sometidos a la jurisdicción de la dictadura, tienen que cumplirlas por fuerza aunque no quieran y se resistan a hacerlo.
En todo caso lo que se debe tener claro es que nada, absolutamente nada de la armazón institucional y los tentáculos legales de la dictadura se deberá conservar cuando ella desaparezca del modo que sea, y necesariamente la sustituya un gobierno nacional y plural de transición a la democracia.
En 1979, después de derrocar a la dictadura somocista, los sandinistas abolieron la Constitución y todo el sistema legal, y disolvieron o transformaron radicalmente las instituciones para que pudieran servir al nuevo régimen revolucionario.
Pero los sandinistas lo hicieron para imponer una nueva dictadura, y ahora tendrá que ser para construir una democracia republicana auténtica y plena. Lo cual ocurrirá inevitablemente algún día, porque no hay manera de que los dictadores y la dictadura sean eternos.
