La Policía orteguista orientó, a través de una circular, que los oficios judiciales sobre embargos, ocupación de bienes por deuda o desalojo, sólo podrán ser autorizados por el jefe de la Policía y consuegro del dictador Daniel Ortega, Francisco Díaz, y el comisionado general Victoriano Ruiz Urbina.
La circular denominada «Autorización para ejecución de órdenes judiciales relacionadas a deudas y litigios de propiedad» tiene fecha del 4 de mayo de 2025 y es una orientación directa de Díaz.
El mandato está dirigido a jefes de delegaciones policiales, jefes de especialidades nacionales y órganos de apoyo. Detalla que la ocupación de propiedades, lotes de terrenos, vehículos y otros bienes, requerirán autorización del jefe de la Policía y del comisionado Victoriano Ruiz Urbina «cuando se trate de denuncias recibidas por los delitos de estelionato, estafa o usurpación de dominio privado».
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También precisa que «las órdenes de captura por delitos patrimoniales (estafas, estelionatos o vinculadas a temas de propiedad o deuda), no serán ejecutadas, deberán informar y requerirán autorización del suscrito (Francisco Díaz) y el comisionado general Victoriano Ruiz Urbina».
«Las solicitudes de autorización se fundamentaron con los resultados del levantamiento de la situación operativa, criterios del tendido territorial, caracterización de las personas implicadas y datos de los jueces que emitieron los oficios y órdenes de captura».
Para los críticos, todo esto significa que la Policía estará por encima de las órdenes judiciales y decidirá a qué parte beneficiar en un conflicto de propiedad privada de acuerdo con sus criterios.
«Se ponen por encima de los jueces»
Un abogado que analizó la circular y que pidió no ser identificado, manifestó que esta orden trastoca todo lo que tiene que ver con propiedad urbana, rural, inmueble, los derechos a recuperar las deudas, que también son derechos de propiedad.
«No hay voluntad de proteger la propiedad privada, hay una evidencia absoluta de que no va haber ningún apoyo a la defensa del derecho de propiedad del sector privado en Nicaragua. El sector privado queda desprotegido, al garete, en manos de los delincuentes, en manos de cualquiera que quiera apoderarse de la propiedad de un ciudadano», dijo la fuente.
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El abogado también dijo que este es otro mensaje negativo para la inversión del país.
La fuente también señaló que no hay duda de que para tomar una decisión en un conflicto de propiedad los jefes policiales van a orientarse por criterios políticos o intereses de la dictadura.
«Tienen que hacer una evaluación de quién es el que solicita. ¿En qué consiste esa evaluación? Si esa persona es proclive al régimen o no. Si esa persona es independiente o no es militante sandinista no se le atiende; si una persona ha sido independiente, menos que se le atienda», agrega.
«Incluso se ponen por encima de los jueces y se autoconceden la facultad de determinar cuál orden puede ser atendida y cuál no, es decir, juzgar ellos sobre las calidades de los jueces, el carácter de los jueces o sobre la orientación de los jueces», agregó la fuente.
La Policía ha sido la cara de la represión contra los opositores desde 2018. Las fuerzas policiales, bajo el mando de Francisco Díaz, han ejecutado encarcelamientos políticos, persecución, agresiones, confiscaciones y robos descarados.
La Policía también ha sido la ejecutora de decenas de confiscaciones de propiedades privadas a opositores políticos, críticos, entre estos la Iglesia católicas, por eso no dudan que esta nueva orientación policial significa que el régimen seguirá arrebatando propiedades privadas bajo criterios políticos.
