Por decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en noviembre de 2023 Nicaragua salió de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y como consecuencia abandonó también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero, a pesar de eso, la dictadura no se puede escapar del escrutinio de la CIDH ni evitar sus denuncias de las violaciones a los derechos humanos en el país, porque Nicaragua sigue siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). O sea, del tratado internacional de derecho público que sustenta la existencia y determina el funcionamiento de la CIDH.
De manera que con todo derecho y en cumplimiento de su obligación, el 9 de mayo corriente la CIDH presentó al Consejo Permanente de la OEA su informe correspondiente a 2024, en el cual de manera detallada denuncia la continuación de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
En el Capítulo IV. B de su informe a la OEA, la CIDH denuncia que Nicaragua sigue siendo escenario de las más graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en la región. Revalida las denuncias contenidas en sus informes de los años anteriores e incluye algunas adicionales muy graves, como por ejemplo la de que el año pasado la dictadura terminó de barrer mediante una grotesca reforma constitucional los vestigios que quedaban en este país de Estado de derecho y libertades ciudadanas.
El nuevo informe de la CIDH subraya la privación arbitraria de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses, que califica como “una de las formas severas de la represión empleadas por el régimen”. “Desde 2023 al menos 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad”, señala el informe, y agrega que en su desborde represivo la dictadura ha convertido en apátridas no sólo a opositores y militantes democráticos, sino también a personas ajenas a cualquier clase de actividad política e inclusive simpatizantes del régimen.
Cabe recordar que desde junio de 2018 en el marco de la CIDH existe el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que fue creado por invitación del mismo régimen nicaragüense “con el objetivo principal de dar seguimiento” a la situación del país en el campo de los derechos humanos.
Como el Meseni no apañó las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Nicaragua, sino que las documentó y denunció como era su deber, la dictadura lo sacó del país en diciembre del mismo año 2018. Pero el Meseni continuó su trabajo desde fuera de Nicaragua, aprovechando las facilidades y recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación.
Algunas personas se preguntan para qué pueden servir los informes del Meseni y la CIDH, si la dictadura de Nicaragua no los atiende y ni siquiera reconoce su autoridad. Pero es obvio que a los dictadores les molesta que la CIDH siga trabajando y reiterando su llamado a la comunidad internacional, para que se mantenga la atención sobre Nicaragua y se sigan haciendo los esfuerzos para restablecer en este país el Estado de derecho, las garantías democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Además, los informes sobre las violaciones a los derechos humanos, como los de la CIDH sustentan y fortalecen el expediente de cargos y acusaciones contra la dictadura de Nicaragua, que oportunamente deberán o podrán ser presentados ante la justicia penal internacional.
