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Cuando Rosario Murillo estalló en cólera el pasado 3 de mayo por el premio mundial de periodismo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) otorgó a LA PRENSA, muchos premios ya habían pasado frente a sus narices.
Y no eran premios para ella o su régimen, sino para organizaciones y personas a quienes ella considera enemigos y a las cuales ha perseguido, ofendido, amenazado, encarcelado, torturado, exiliado y desnacionalizado desde el inicio de las protestas en abril de 2018.
El Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano 2025 a LA PRENSA fue la gota que derramó el cúmulo de rabia que Murillo venía acumulando desde hacía años.
Todo comenzó en 2021.
Ese año, el dictador Daniel Ortega y su pareja, Rosario Murillo, entonces designada “vicepresidenta” de Nicaragua por el mismo Ortega, decidieron eliminar todo vestigio de democracia en el país.
Crearon leyes draconianas para perseguir a los líderes opositores, desarticular a los medios de comunicación, aniquilar a la sociedad civil y controlar la narrativa nacional en torno a su discurso de ser víctimas de un intento de golpe de Estado.
Pero quisieron ir más allá: obligar a la comunidad internacional a aceptar la tesis del “golpe de Estado”.
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Aquel decreto fallido
Entonces emitieron el decreto presidencial 17-2021, publicado el 5 de agosto de 2021 en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, que específicamente en su artículo 24 establecía que cualquier gobierno, Estado extranjero, organismo o institución internacional que deseara otorgar un premio, condecoración o reconocimiento a una persona natural o jurídica nicaragüense, debía solicitar previamente el consentimiento del régimen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La medida señalaba que la gestión de los reconocimientos internacionales se haría “por conducto de Cancillería, a fin de que otorgue en términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito”.
La disposición fue adherida al decreto que regulaba el Protocolo de Estado de Nicaragua, en vigor desde 2015, y se envió copia de la comunicación a todas las embajadas, agencias de cooperación y organismos internacionales acreditados en el país.
El contexto, para entonces, ya era adverso a nivel internacional para la dictadura bicéfala: las sanciones, condenas, resoluciones y proclamas por la violación de derechos humanos salían a granel. Nadie compraba la narrativa del “golpe de Estado”.
“Desde su origen, el decreto era insostenible a la luz del derecho internacional: ninguna disposición interna de un país puede regir las decisiones, voluntades y reglamentos de países, organismos e instituciones internacionales, ni públicas ni privadas”, considera Gonzalo Carrión.
El abogado es fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, creado en el exilio en Costa Rica para monitorear y denunciar los abusos en Nicaragua.
Y luego se multiplicaron los premios.
En unas declaraciones de ese momento, emitidas en las redes sociales del Colectivo, Carrión expresaba que “nada de las intenciones del decreto se explica en el ordenamiento jurídico constitucional porque —incluso en el marco del concierto internacional— todo está basado en la racionalidad”, comentaba Carrión.
“Quieren tener el control de eso (los premios y reconocimientos) y borrar de raíz la memoria colectiva para preservar la narrativa oficial”, cuestionaba.
Aquel mismo año, pocos meses después del decreto, el Colectivo ganó el Premio a la Democracia de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), de Estados Unidos, por su labor en la promoción de los derechos humanos y la memoria histórica.
Desde entonces, periodistas, sacerdotes, escritores, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y personas críticas al régimen sandinista acumulan tantos reconocimientos internacionales, como sanciones y condenas recibe la dictadura Ortega Murillo.
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Premios vienen, premios van
Desde 2021 destacados escritores y críticos del régimen nicaragüense como el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017; la poetisa y novelista Gioconda Belli; y el fallecido poeta y sacerdote trapense Ernesto Cardenal, eran galardonados con premios internacionales por su talento literario y sus posturas críticas contra el sistema represivo nicaragüense.
Por ejemplo, el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro ese mismo 2021, en pleno exilio, fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de España. Al año siguiente, en 2022, recibió el Premio a la Trayectoria Profesional, también en España. Más recientemente, el 24 de mayo de 2024, fue reconocido con la Pluma de Oro de la Libertad durante el Congreso Mundial de Medios de Noticias de WAN-IFRA en Copenhague, Dinamarca.
Otro caso es el del escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, quien fue galardonado en 2017 con el prestigioso Premio Cervantes en España y dedicó, en pleno abril de 2018, el galardón a las víctimas de la represión en Nicaragua, usando un lazo negro en la ceremonia.
Y desde entonces ha recibido reconocimientos en más de 12 países del mundo. El último de ellos, apenas el pasado 29 de abril de este 2025, fue el Premio Iberoamericano de Literatura de la Fundación Carlos III en Madrid.
Homenaje a vivos y muertos
Cuando se enteró del decreto del régimen, la escritora Gioconda Belli denunció que Ortega y Murillo se estaban atribuyendo “facultades que no poseen”, puesto que el reconocimiento de los nicaragüenses en el exterior es “por méritos individuales” y “nada de eso les toca aprobar al régimen”.
Dos años después de la intentona dictatorial de administrar los laureles ajenos, la poeta y novelista recibió, en noviembre de 2023, el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía, entregado por la Reina Sofía en la Universidad de Salamanca, en España.
También fue galardonada con el Premio de Novela Mario Vargas Llosa (Perú) y ha recibido reconocimientos en Alemania, Chile, Colombia, España, México y los Países Bajos.
Uno de los casos más significativos que explica, en cierto modo, el desafío del mundo al esfuerzo perverso de los Ortega Murillo es el del poeta Ernesto Cardenal (Premio de Poesía Reina Sofía 2012).
Cardenal, en vida, fue vilipendiado y perseguido por Murillo, quien llegó al deleznable extremo de profanar la misa de cuerpo presente en la catedral de Managua cuando el poeta murió en marzo de 2020.
En 2021, cuando la dictadura emitió el decreto, en España se creó el Premio Internacional de Poesía Ernesto Cardenal, con el fin de resguardar, preservar, difundir, conservar, organizar y clasificar la obra del poeta nicaragüense.
En la edición 2024 se le otorgó el galardón a la escritora mexicana Elena Poniatowska, figura de gran nivel intelectual que celebró el premio con un emotivo discurso de reconocimiento a la figura de Cardenal.
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Oleada de reconocimientos
Antes del decreto, personas consideradas opositoras y líderes de las protestas sociales habían recibido el reconocimiento mundial, como la estudiante y excarcelada política Amaya Coppens.
Ella fue distinguida en 2020 con el Premio Internacional Mujeres de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su papel en las protestas de 2018 y su perseverancia ante la persecución del régimen Ortega Murillo.
Cuatro años después, nueve exprisioneras políticas que el régimen desnacionalizó y desterró junto a 222 excarcelados más a Estados Unidos en febrero de 2023, fueron galardonadas con premio colectivo Madeleine Albright, de las Mujeres de Coraje 2024, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De igual modo, la periodista, expresa política y directora de 100% Noticias, Lucía Pineda, había sido reconocida en 2019 con el Premio Coraje en el Periodismo, otorgado por la International Women’s Media Foundation (IWMF).
En 2024, junto a Wendy Quintero, recibió el Premio de Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), en Alemania, en representación de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
La organización se ganó el premio en reconocimiento al trabajo en defensa de la libertad de expresión, pese a la persecución, exilio y despojo de nacionalidad que sufrieron muchos de sus miembros.
¿Y qué decir de Miguel Mendoza? Al cronista deportivo secuestrado y condenado a prisión por cuestionar en redes sociales las atrocidades de la familia Ortega Murillo, le otorgaron en octubre de 2023 una mención especial del premio internacional de periodismo María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia.

El récord de monseñor Álvarez
El intento de Murillo por silenciar los premios internacionales explotó estrepitosamente con la persecución contra la Iglesia católica.
Por ejemplo, monseñor Rolando Álvarez, mientras estuvo encarcelado por el régimen, entre 2022 y 2024 recibió múltiples galardones internacionales como ningún otro religioso nicaragüense ha merecido en tiempos modernos.
Entre ellos destacan: el Premio Libertas Internacional (España 2024), el Premio John S. McCain a la Libertad (EE. UU.), el Premio de la Organización de Derechos Humanos de Centroamérica 2024, el Premio Carisma de la Conferencia Española de Religiosos en 2024 y el Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, otorgado por organizaciones democráticas con sede en EE. UU. y Cuba.
En 2023, el obispo también fue postulado al Premio Sájarov del Parlamento Europeo y fue finalista junto a la activista de derechos humanos Vilma Núñez, exdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
También el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, recibió el 14 de noviembre de 2023 la Medalla al Servicio de la Democracia, otorgada por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Entonces, Báez dijo que la distinción no solo era un honor personal para él, sino que también significaba «testimonio de la resiliencia colectiva del pueblo nicaragüense y del compromiso inquebrantable de la Iglesia Católica de Nicaragua por defender la libertad, la paz y la justicia».
Báez tuvo que salir de Nicaragua por orden del Papa Francisco en abril de 2019, después de que se conociera un plan para asesinarlo.


A la vez, la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina fue galardonada en enero de 2024 con el Premio Internacional a la Libertad Religiosa, otorgado por el Departamento de Estado de EE. UU., por su labor documentando la persecución a la Iglesia católica y otras denominaciones en Nicaragua.
Y finalmente, la rabia acumulada desde 2021 estalló el pasado 3 de mayo con el premio de Unesco a LA PRENSA, que ya antes venía acumulando premios internacionales.
El decano de los medios nicaragüenses recibió en 2024 el Gran Premio a la Libertad de Prensa, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En marzo de 2025 fue galardonado con el Premio Rey de España en la categoría de Medios de Comunicación, el cual se entregará por el rey Felipe IV en una fecha aún por determinar.
Y en mayo de 2025, el periódico recibió el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, por su valentía al seguir informando desde el exilio. Hecho que llevó a Murillo, iracunda, a despotricar durante varios días contra Unesco, Naciones Unidas, los medios de comunicación y contra los directivos, periodistas y socios de LA PRENSA.
El galardón lo recibieron los editores de LA PRENSA, Dora Luz Romero y Fabián Medina, en Bruselas, sede de Unesco en Europa.
“Dedicamos este premio a todos los periodistas en el mundo que no pueden ejercer libremente su profesión, a los que han sido condenados al silencio”, dijo el jefe de información del periódico, Fabián Medina.
Y Romero, editora de Información Digital, expresó que el premio era un orgullo, “pero también un recordatorio doloroso del camino que nos trajo hasta aquí. LA PRENSA es un medio de comunicación en el exilio, y este premio es una declaración al mundo de que, aunque el régimen de Daniel Ortega ha querido silenciarnos, aquí seguimos, y nuestro compromiso con la verdad y la democracia sigue intacto”.
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¿Por qué fracasó el decreto de Murillo?
Wilfredo Miranda es uno de esos periodistas nicaragüenses ampliamente laureado por la calidad y valentía de sus escritos e investigaciones.
En 2019, con la represión estatal aún caliente en Nicaragua, ganó el Premio Rey de España por un reportaje sobre los asesinatos a balazos de los manifestantes en abril de 2018.
Luego, el medio Divergentes, que fundó en 2019 junto a otros colegas, fue galardonado en 2022 con el Premio Ortega y Gasset por un reportaje multimedia que apela a la memoria y a la justicia de las víctimas de la represión sandinista.
El periodista, exiliado en Costa Rica, fue reconocido nuevamente en octubre de 2024 con el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría de Opinión, por su texto sobre el despojo de su nacionalidad, que la dictadura ha impuesto como política de Estado contra la sociedad nicaragüense.
A criterio de Miranda, el objetivo de Murillo de controlar los premios nació muerto por su propia irrelevancia.
“Ese decreto nunca tuvo ni va a tener utilidad práctica. Eso nació muerto porque es ridículo, en principio, querer obligar a otros gobiernos a pedirle permiso a una dictadura para otorgar o recibir un reconocimiento, ya sea por trayectoria como el premio de LA PRENSA o por méritos profesionales”, dice Miranda.
Para él, entre todo ese follaje institucional represivo de la dictadura, el decreto 17-2021 “es uno de los más ridículos, porque no tienen manera de impedir que nadie reciba u otorgue un premio si no les pedís permiso”.
“Creo (que el decreto) es una manera más de Rosario Murillo, como lo menciona Juan Lorenzo Holmann (gerente general de LA PRENSA), de tratar de imponer su envidia, ya que no recibe ningún premio, más que sanciones, por ser una criminal de lesa humanidad”, dijo Miranda.