La administración del presidente republicano Donald Trump, por medio del Departamento de Justicia, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule la orden judicial emitida por la jueza Indina Talwani, que impide temporalmente la conclusión acelerada del parole humanitario, implementado por la administración de Joe Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La petición, presentada por el procurador general de los EE. UU., John Sauer, a los magistrados de la Corte Suprema, surge tras una decisión de la jueza federal Talwani, con sede en Boston, respaldada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que ordenó la suspensión cautelar de la medida impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para cerrar el programa el 24 de abril pasado.
«Respetuosamente presenta esta solicitud de suspensión de la orden 14 de abril de 2025, emitida por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, en espera de procedimientos de apelación», se lee en el documento.
Los demandados argumentan que la «solicitud busca corregir una tendencia reciente y desestabilizadora en los casos de inmigración».
Insisten en la función del secretario de Seguridad Nacional
Quienes presentaron la solicitud ante la Corte Suprema por el caso Svitlana Doe v. Noem radicada en Boston, Massachusetts, son Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del Secretario de Inmigración y Control de Aduanas; Pete R. Flores, comisionada interina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.; Kika Scott, directora de Uscis, y Donald Trump, presidente de EE. UU.
Los representantes de Trump insisten en que la Ley de Inmigración y Nacional de EE. UU. (INA) otorga al secretario de Seguridad Nacional «amplia discreción sobre categorías de determinaciones de inmigración, e impide la revisión judicial de dichas determinaciones».
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Agregan que «la INA permite al secretario conceder libertad condicional a los extranjeros caso por caso por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo y permite al secretario revocar dicha libertad condicional cuando, a juicio del secretario de Seguridad Nacional, se hayan cumplido los propósitos de dicha libertad condicional».
También hacen hincapié en que el anterior secretario, Alejandro Mayorkas, otorgó mandatos de dos años años de libertad condicional a más de 532 mil extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, basándose en «razones categóricas de inmigración y de país» y cuando la nueva Administración revisó los resultados concluyó que «intercambiaron una población inmanejable de migración ilegal a lo largo de la frontera suroeste por la complicación adicional de una población sustancial de extranjeros en el interior de los Estados Unidos sin un camino claro hacia un estatus duradero».
Los argumentos
Los solicitantes resaltan que el tribunal del distrito «carecía de jurisdicción para dictar esa orden y carecía de la autoridad para usurpar el control del Poder Ejecutivo sobre la política exterior y la inmigración».
Destacan que las terminaciones de la libertad condicional no son revisables judicialmente debido a que «la INA priva al tribunal de distrito de jurisdicción» y que «la terminación de libertad condicional es legal».
Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), explicó a LA PRENSA que el recurso presentado ante la Corte Suprema «no sorprende mucho», dado a que «eleva al máximo tribunal los mismos argumentos presentados en las dos instancias anteriores y alegan que la decisión de dar por finalizado el parole no está sujeto a escrutinio judicial y se ajusta al marco legal vigente».
Rocha señaló que «si la Corte Suprema admite este recurso a trámite, es posible que resuelva las dos cuestiones jurídicas presentadas y devuelva el caso a la segunda instancia para continuar con el proceso de apelación y permitir que se valoren allí los puntos jurídicos de fondo».
Enseguida explicó que el argumento presentado por la Administración para justificar el recurso es que de mantenerse en vigor la orden de la juez Talwani, «el Ejecutivo se vería perjudicado al no poder implementar su decisión anunciada en marzo. Ese es el punto más débil, pero habrá que esperar a ver qué valoración hacen los magistrados de la Corte Suprema, si es que admiten el recurso a trámite».
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Rocha insistió en que «este paso es una nueva muestra de firmeza y determinación de la administración Trump para implementar su nueva política migratoria, que contempla la eliminación de programas de alivio temporal como el parole humanitario. Eso pone presión nuevamente en el Congreso, que es constitucionalmente el poder del Estado facultado para regular migración y nacionalidad».
El presidente de Naldef refirió que la respuesta de la Corte Suprema «no hay plazo fijo, y puede, por ejemplo, pedir que las partes comparezcan para una vista presencial, aunque es poco probable, eso sería difícil en estos momentos porque la Corte Suprema ya está en las últimas semanas previas a su receso de verano, y quedan todavía muchos casos pendientes de resolver».
