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Las rebeliones indígenas Matagalpa, según narran los historiadores: Julián M. Guerrero y Lola Soriano de Guerrero ocurrieron en dos ocasiones durante el año de 1881. La primera fue el 30 de marzo, terminando el mismo día del ataque. La segunda más larga, ocurrió entre el 5 y el 10 de agosto. Estos levantamientos fueron propiciados por los abusos del prefecto de la ciudad de Matagalpa, Gregorio Cuadra, y de las autoridades, quienes cometían muchas injusticias contra la casta indígena. Los indígenas eran reclutados para trabajar largas jornadas mal remuneradas en los caminos carreteros y en los edificios de las municipalidades de la ciudad. Se les obligaba a traer los rollos de alambres telegráficos sobre sus espaldas desde Managua; siendo castigados los que incumplían con trabajos públicos gratuitos o imponiéndoseles altas multas. Como ordenanza, tenían que declarar sus propiedades agrícolas para ser vendidas arbitrariamente contra su voluntad; se les negaba la producción de la chicha de maíz (cususa) y el destace rural de reses, sin el previo pago de los impuestos. Acciones que los llevarían a la desesperación.
¡Muera la gobierna! era su grito de guerra. Cuando hacían sus descargas contra los defensores de la plaza decían: “Allá va el alambre!”, “Allá va el telégrafo!” (Guerrero y Soriano).
Durante la primera insurrección más de mil indígenas acordonaron la ciudad entre medio del terror del pueblo. Aunque esta revuelta durara apenas unas cuantas horas, fueron lamentables las pérdidas humanas y materiales que acaecieron en ella. El gobierno para entonces envió tropas desde Managua comandadas por el ministro de Guerra, coronel Joaquín Elizondo.
Después de los sucesos y de muchas negociaciones, los caciques indígenas pidieron disculpas a las autoridades. Finalmente estos fueron indultados, volviendo temporalmente la calma.
Después de las indagaciones pertinentes, el gobierno del presidente Joaquín Zavala decretó bajo sospecha, la expulsión inmediata de Matagalpa de los miembros de la Compañía de Jesús. Ellos fueron primeramente desalojados hacia Granada entre medio del llanto de los matagalpinos. Días más tarde, tanto los jesuitas de Matagalpa, León, Corinto, Masaya, Granada, Rivas, San Juan del Sur y San Juan del Norte fueron exiliados del territorio nacional entre medio del rechazo a las autoridades y de la conmoción de los pueblos. La ciudad de León, para entonces, se levantó en fuertes protestas.
Durante la segunda rebelión, cinco a siete mil indios bien armados sitiaron la ciudad de Matagalpa causando muchas desgracias humanas y materiales, entre ellas las muertes despiadadas a que fueron sometidos dos jóvenes de la ciudad: Juan Vélez, quien trabajaba de telegrafista y Benedicto Vega, estudiante del Colegio de Granada. Entre las pérdidas materiales se encuentra un lienzo de la Sagrada Familia perteneciente a la familia Baldizón-Medina. Dicha obra de arte fue utilizada como bramante para envolver lo robado; según apunta Guillermo Kühl, en la obra de Eddy Kühl: Raíces del centro norte de Nicaragua.
La segunda rebelión se dio ya sin la presencia física de los jesuitas en el país. Los jesuitas estuvieron alrededor de nueve años en Nicaragua. Ellos trajeron muchísimo progreso y adelanto y la gente apreciaba su dedicación y su entrega.
En ese mismo año de 1881, serían también expulsados algunos profesores laicos del Instituto de Occidente de León, traídos por Pedro Joaquín Chamorro desde Europa a través de su amigo español y liberal Emilio Castelar. Estaba entre ellos, José Leonard Bertholet; antiguo profesor de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), de origen polaco-español, un políglota quien había recorrido por Alemania, Francia, Suiza, España y fundador de varias logias masónicas.
El Instituto de Occidente fue inaugurado el 6 de marzo de 1881, con un acto de apertura en el cual su nuevo director, José Leonard Bertholet, otorgó un discurso de “fe y fuego”; (utilizando palabras del mismo Darío) bajo la mirada del desacuerdo y del escándalo del clero y de los padres de familia, quienes veían en los nuevos profesores visos de librepensamiento. Siendo esta institución clausurada el 29 de mayo del mismo año y sus profesores destituidos, “debido a la guerra que hicieron allá el clero y los jesuitas” según lo establece en su Diario íntimo Enrique Guzmán (escritor liberal granadino). Ya para agosto del corriente año, Leonard trabajaba como docente en el Colegio de Granada. Finalmente, este legendario académico tuvo que marcharse fuera de Granada debido las presiones internas surgidas en su contra y del atentado a balas que sufrió de parte de Chico Leal; dejando en dicha ciudad, una logia recién fundada: Progreso No. 41; saliendo definitivamente del país hacia El Salvador en 1883.
Las expulsiones, tanto de los jesuitas como de los profesores laicos, trajeron muchísimo retraso a Nicaragua. Rubén Darío que vivió de adolescente los sucesos, en su autobiografía expresó su mismo pesar lamentándose por ello.
En cuanto a los jesuitas, las autoridades nunca pudieron probar claramente su culpabilidad, ni que hubieran provocado con sus instigaciones las revueltas propiciadas por la casta indígena.
Cabe aquí mencionar que Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios tomaron el poder en Guatemala después de la revolución victoriosa de 1871; imponiendo según dictan los historiadores Guerrero y Soriano, “un régimen dictatorial y de tendencia ideológica anticatólica y radical”. Para el mes de febrero de 1872 en el puerto de la Unión de El Salvador, en las costas del Golfo de Fonseca, se firmó “un curioso pacto Centroamericano” entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde se plegaban a las mismas políticas anticatólicas del régimen de Guatemala. Concluyendo los historiadores Guerrero-Soriano que el presidente Zavala “actuó por la presión extranjera y persistente de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala”.
A pesar de que estas injusticias contra los indígenas fueron las verdaderas causas de las revueltas, el gobierno se aprovechó de estos levantamientos para justificar la expulsión de los jesuitas, amparándose del artículo 55, fracción 27 de la Constitución, la cual les concedía a las autoridades “la facultad de negar la entrada a la República o hacer salir ella, gubernativamente, a personas de otros puntos que fueren sospechosos”. Guerrero y Soriano: Managua, 1982, pág., 152.
Desgraciadamente, estas tropelías, causantes de las rebeliones, siempre provocan muertes, pérdidas y sufrimientos.
La autora es máster en Literatura Española.
