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Detrás de las imágenes oficiales que muestran a cientos de personas encapuchadas, alineadas de manera uniforme, hay relatos de vergüenza, miedo a perder su trabajo e impotencia frente a un sistema que obliga a los trabajadores públicos a participar en actividades partidarias en horas laborales y en días libres.
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Los funcionarios y empleados públicos son forzados a participar en las actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para salvaguardar sus puestos de trabajo e incluso su seguridad.
Para los universitarios y estudiantes de colegios públicos tampoco es una opción participar en los actos ordenados por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Todo el cuerpo estudiantil está obligado ahora a ir a las marchas del mes de Abril, por mandato de la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional.
No todos participan por obligación en las actividades sandinistas, pero quienes van porque realmente quieren son pocos en comparación con los que van por imposición.
En los pueblos más pequeños, donde todos se conocen, es más palpable la inconformidad de quienes van obligados. Entre los locales se habla de está situación entre susurros, lamentando ver a los universitarios, que alguna vez fueron orgullo y admiración, obligados a caminar con los llamados «policías voluntarios» encapuchados, izando banderas rojinegra.
Una estudiante de nuevo ingreso de la carrera de derecho agachó la cabeza cuando miró a su vecina caminar en sentido opuesto en la marcha «en defensa de la paz» de este primero de abril.
«Hizo como que no me miró, creo que le dio pena, pero yo creo que a mí me dio más pena verla caminando con esa gente. La otra vez me dijo que íbamos a ser colegas cuando la aceptaron en la carrera de derecho», relató una fuente que no puede ser identificada por motivos de seguridad.
Declararse sandinista es una protección para la familia
La fuente dijo que toda la familia de la joven universitaria era conocida en la localidad por ser opositora, debido a que en los años ochenta dos familiares fueron asesinados por los sandinistas y les quitaron propiedades que eran una herencia familiar.
Sin embargo, bajo el control social de la dictadura Ortega Murillo, esta familia con hijos jóvenes que siguen estudiando en el sistema público, prefiere silenciar sus críticas y hasta si es necesario se muestran como sandinistas, para evitar problemas con los coordinadores locales del partido.
En otra localidad, una profesora se quebró frente a su vecina cuando le contó que tenía que ir a la juramentación de los policías voluntarios.
«A ella no le gusta eso, pero los están obligando a todos los profesores sino los corren», dijo otra fuente que también habló bajo anonimato.
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Pero para la vecina lo peor fue ver llorar a la anciana madre de la profesora, una señora que depende totalmente de su hija y le duele verla forzada a hacer algo que no quiere y que saben que no es correcto.
La profesora le contó a su vecina que los coordinadores amenazan a quienes se ven menos convencidos de participar en las reuniones y actividades.
«No puedo renunciar, necesito mi trabajo», dijo entre sollozos la maestra, según el relato de la fuente.
Las capuchas que les dan a los paramilitares para las marchas están contadas y etiquetadas con los nombres de cada uno, así que si alguno falta saben quién es y lo buscan en su casa para saber por qué no llegó.
Hay ámbitos laborales en los que hay menos control y los trabajadores se las ingenian para no asistir.
«Mi prima pide permiso días antes cuando se da cuenta que los van a sacar a marchar o mandar a actos de noche. A veces dice que tiene cita médica, otras veces se reporta enferma, otras veces pide vacaciones desde antes. A veces ha tenido que ir, pero ella tiene maña para escaparse», dijo otra fuente.
Los universitarios y estudiantes de secundaria también están entre los grupos más ingeniosos para «perdérseles» a los dirigentes políticos que los llevan a las concentraciones y actos partidarios. Ya en el lugar de las concentraciones, se escabullen entre las multitudes y abandonan las actividades. Estos relatos son más comunes en Managua, donde la orientación es juntar a todos los asistentes de los diferentes distritos de la capital, para que se mire un grupo multitudinario marchando. Esto hace que las personas reunidas no se conozcan con otros grupos, así que es más difícil identificar a quienes no están.
Eso fue notable el día de la marcha «en defensa de la paz» del primero de abril en Managua, que tuvo como punto de reunión donde antes era la universidad Upoli. Decenas y decenas de buses que trasladaron a los estudiantes y trabajadores del Estado al sector de la Upoli. Tramos y tramos de buses se podían ver alineados desde el punto de encuentro en la Upoli hasta la carretera norte, un kilómetro y medio de distancia aproximadamente.
La gente se iba bajando de los buses para comenzar a marchar, pero algunos jóvenes fueron vistos escapándose entre risas y complicidad, escondiéndose detrás de los buses mientras otros caminaban al punto de reunión.
Instrumentalización de los empleados públicos
La suspensión de las actividades administrativas y rutinarias de las instituciones públicas, debido a que los trabajadores deben participar en actos partidarios, se ha vuelto una práctica sistemática en el régimen Ortega Murillo.
«Es una característica del verticalismo, autoritarismo y centralización que impera entre ellos; además de la visión instrumental que tienen del estado y de los empleados públicos. En esa idea, no importa la función o el servicio público que la institución debe cumplir con la ciudadanía sino la subordinación de toda la administración pública a sus caprichos y órdenes», manifestó un analista político que también habló bajo condición de anonimato.
