No al chantaje de Ortega y Murillo contra Panamá

En otros  términos, dándose por sentado, de que el malentendido  quedó debidamente aclarado;  justo en la víspera de la salida del expresidente panameño de nuestro país, la opinión pública nacional e internacional se ve sorprendida por una nueva exigencia del gobierno nicaragüense, que desempolva un problema que data de  2023 relacionado con su incapacidad de imponer   su candidato a la Secretaría General del Sistema  de Integración Centroamericana (SICA), para ahora condicionar  la  acogida en su territorio del expresidente panameño,  a  que Panamá levante el veto  a la propuesta de su representante en el SICA.

A efectos de que la opinión pública conozca en profundidad los entresijos de dicha problemática, pasamos revista  a la misma. Efectivamente, en últimos meses, la narrativa impulsada desde ciertos sectores gubernamentales de Nicaragua han insistido en proyectar una imagen de crisis o resquebrajamiento institucional del SICA. No obstante, esta visión dista de la realidad que experimenta el Sistema en su conjunto. Contrario a lo planteado, el SICA no sólo se mantiene  funcionando, sino que ha encontrado alternativas viables para asegurar el correcto desempeño de sus órganos e instituciones, incluso ante medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Nicaragua.

Lejos de experimentar un colapso institucional, el SICA ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación ante los desafíos que enfrenta. Desde sectores clave como la agricultura, la salud, el ámbito social, las finanzas y el sector político, el Sistema ha asegurado el funcionamiento continuo de sus órganos, fundamentado en marcos jurídicos sólidos que le han permitido tomar decisiones estratégicas, a través del consenso de las representaciones presentes y/o por mayoría, en favor de la institucionalidad regional.

Este fortalecimiento ha sido impulsado mediante la adopción de medidas jurídicas que contrarrestan el desconocimiento unilateral de obligaciones por parte de Nicaragua. De esta manera, el SICA ha logrado consolidar espacios de decisión y coordinación que, más allá de los contratiempos políticos, garantizan el avance del proceso de integración subregional.

Contrario a los alegatos de resquebrajamiento institucional planteados por Nicaragua ante la negativa de los Estados miembros de nombrar a un secretario general propuesto por el binomio Ortega-Murillo, son precisamente sus acciones las que intentan atentar contra el funcionamiento efectivo del SICA. Según información de orden financiero, Nicaragua, estaría ya  acumulando una deuda en concepto de cuotas ordinarias a las instancias del SICA, que supera los USD 7 millones, siendo el país que más adeuda a las instancias del SICA.

Esta realidad contradice las declaraciones brindadas del canciller Valdrack Jaentschke, quien aparte aseguró que Nicaragua mantiene sus cuentas «al día» y saldadas.

Recientemente, el Gobierno de Nicaragua ha insinuado la posibilidad de retirarse plenamente del SICA, tomando como referencia su reciente denuncia del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). No obstante, más allá de interpretarse como una simple expresión de inconformidad política, esta postura debe analizarse desde una perspectiva de costo-beneficio para dicho país.

Es de conocimiento general que la CCJ siempre fue un bastión de Nicaragua, y que sus decisiones y fallos polémicos beneficiaban al régimen. Por esta razón, gobiernos como los de Costa Rica y Panamá han mantenido una postura de no integración al órgano jurisdiccional del SICA, considerando que su funcionamiento responde a los intereses nicaragüenses.

Aunque la posición oficial de Nicaragua respecto a su retiro de la Corte ha sido que este se debe a la falta de integración de otros países a la instancia y al hecho de que los magistrados están sujetos a la juramentación del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), siendo este una organización que no pertenece al SICA; esta explicación dista de las posibles causas reales del retiro. Según lo expresado en diversos medios de comunicación, Nicaragua presentó ante la Corte una solicitud de opinión obligatoria, esperando un pronunciamiento favorable que le permitiera congelar el plazo que le corresponde ante la acefalía que presenta la SG-SICA de cara a agosto de 2026, fecha que por decisión de la Reunión de Presidentes del SICA es cuando finalizará el periodo por el cual Nicaragua se encuentra disputando un nombramiento y del cual espera recuperar el tiempo que, según ellos, no ha sido ejercido por Nicaragua.

Posterior a la “renuncia” de Werner Vargas del cargo en noviembre de 2023, y tras revisar múltiples ternas presentadas, Nicaragua ha propuesto hasta 16 candidatos para la titularidad de la Secretaría General del SICA ninguno de los cuales ha contado con el apoyo y beneplácito de los Estados miembros. Por ello, y ante la falta de respaldo por parte de la CCJ respecto de la opinión obligatoria, el binomio Ortega-Murillo se ha desesperado, tomando una medida que extrapola sus prácticas políticas nacionales al ámbito subregional. En términos jurídicos, Vargas es aún el secretario general del SICA nombrado, en tanto su puesta a disposición del cargo y posterior renuncia no haya sido objeto de decisión por la Reunión de presidentes.

Además, dado que el Estatuto de la Corte no contempla una cláusula de denuncia se debe aplicar supletoriamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que en su artículo 56, establece el plazo de 12 meses para hacer efectivo el retiro, sin embargo, los magistrados nicaragüenses ante la Corte presentaron su renuncia de manera inmediata, lo que genera un limbo jurídico-práctico, especialmente considerando que la sede de la Corte está en Managua.

Ante todo esto, se debe hacer énfasis en que Nicaragua es el Estado que más se beneficia del proceso de integración subregional, especialmente en los ámbitos financieros, económicos y comerciales. Los acuerdos de integración económica le han permitido acceder a mercados, recursos y cooperación que, de materializarse su salida, sufrirían un impacto directo. El Protocolo de Tegucigalpa y otros acuerdos fundamentales en el marco del SICA establecen compromisos que, de ser abandonados, podrían traducirse en un retroceso significativo en los pobres niveles de desarrollo y crecimiento económico que Nicaragua posee.

Otro argumento utilizado por Nicaragua para legitimar su postura es el supuesto respaldo de países como Honduras y El Salvador, sin embargo, esta posición más que un respaldo genuino a las acciones nicaragüenses, dicho comportamiento responde a la degradación interna de sus propias instituciones democráticas y a la adopción de posturas autoritarias que, en conjunto, reflejan un patrón subregional de debilitamiento democrático para ambas naciones.

El silencio o la tibieza en la respuesta de estos países no constituye, por tanto, un apoyo político legítimo hacia Nicaragua, sino un reflejo de contextos internos que han erosionado sus propios principios democráticos y normativos.

La narrativa nicaragüense también intenta legitimar sus decisiones bajo el argumento de un derecho soberano a retirarse de órganos regionales y subregionales. Sin embargo, lo ocurrido en otras organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), así como con esquemas de integración como la Unión Europea, pone en evidencia que las acciones unilaterales de Nicaragua resultan incompatibles tanto con el derecho comunitario centroamericano, como con el derecho internacional público y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Si bien la postura oficial de Nicaragua está orientada a exhibirse como paladín de la democracia exigiendo que el propuesto excanciller Denis Moncada Colindres, al cargo de secretario general sea aceptado, más allá de la notas con jerigonza, estas no contribuyen a lograr un clima de diálogo diplomático-jurídico en respeto al SICA. También, el binomio Ortega-Murillo se ha valido para atacar a los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a través de sus medios de comunicación afines, porque sus intereses no se ven satisfechos en el esquema subregional. El pecado de estos gobiernos genuinamente democráticos es exigir el cumplimiento de los propósitos y principios del SICA.

En materia comercial, es fundamental resaltar la importancia de los países del SICA como destino de las exportaciones nicaragüenses. En 2023, este mercado subregional se consolidó como el segundo socio comercial de Nicaragua, representando el 25.1 por ciento de sus exportaciones, solo por detrás de Estados Unidos, que concentra el 39.8 por ciento. De concretarse las amenazas del presidente Donald Trump de sacar a Nicaragua del Cafta-DR dicho país tendría como único aliado estratégico a los países del SICA, situación que sería catastrófica en términos económicos y sociales para este país, si  también choca con dicho  sistema de integración.

Por otro lado, en materia de acceso a créditos, uno de los principales apoyos financieros que Nicaragua ha recibido en los últimos años proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una instancia regional del Sistema de la Integración Centroamericana. Este respaldo ha representado alrededor de USD 3,500 millones en el último quinquenio (2020-2025), consolidándose como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos estratégicos en el país.

Dada la dinámica actual y el desgaste político derivado de la situación del secretario general, la alternativa más pragmática para Nicaragua, en vez  de utilizar  el asilo al expresidente  Ricardo Martinelli, para volver a intentar  chantajear  a Panamá, tal como en  su momento lo hizo con la bancada  legislativa del partido de gobierno, que se vio  obligada a  votar  a favor  de  su propuesta de ingreso de Rusia como Estado observador del SICA y que ahora intenta emular,  coaccionando   al ejecutivo panameño,   para  que avale  su candidato a la presidencia de la organización subregional; sería optar por un retiro parcial, centrado principalmente en los órganos políticos y de gobernanza. Esta decisión permitiría al país mantener su vinculación con los acuerdos comerciales y de integración económica que le generan beneficios tangibles, mientras se reduce el impacto de su desvinculación política. En conclusión: Panamá no debe permitir que Nicaragua artificialmente vincule dos asuntos totalmente diferentes, como lo son la exigencia de Nicaragua  de  apoyo  a su candidato al SICA y  la  acogida en su territorio sin más dilación del expresidente Ricardo Martinelli.

El autor es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.