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Fue el genio de Milei quien enarboló la motosierra como símbolo de la necesidad de recortar el burocratismo ineficiente. Elon Musk, más tarde, adoptó la misma bandera con el propósito de hacerlo en Estados Unidos. Ojalá lo hicieran todos los países. Los Estados abultados, con millares de empleados innecesarios o improductivos, y con programas y procedimientos innecesarios o absurdos, abundan.
Yo tuve la oportunidad de palpar esta realidad cuando tras ser nombrado ministro de Educación por la presidente Violeta Chamorro, asumí en 1991, la administración de la burocracia heredada del gobierno sandinista. Al visitar la Dirección Nacional de Planificación, en la que trabajaban más de cuatrocientas personas, me llamó la atención las grandes pilas de documentos en los escritorios. Ante mi curiosidad una funcionaria me explicó que eran los planes anuales que cada una de las 144 sedes municipales remitían anualmente a Managua. En ellos detallaban sus estadísticas y sus presupuestos deseados. La información la remitían al Ministerio de Finanzas. Pero descubrí que no servía para nada. Ni siquiera la leían. El presupuesto asignado a cada ministerio lo decidía el ministro de la Presidencia en consulta con uno o dos o ministros más, y esto dependía exclusivamente de los montos globales a repartir.
Compartí mi hallazgo con el entonces ministro de Economía, Silvio de Franco, quien sabiamente me dijo: “Humberto, quien de verdad planifica es el ministro y sus directores inmediatos. No hace falta esa dirección de planificación”. Vi que tenía sobrada razón y decidí eliminarla. Sus 400 empleados fueron reasignados como docentes a distintos centros. No tuvo ninguna consecuencia a excepción de ahorrar muchos recursos. Tras esto decidimos aplicar más motosierra. Al final de mi gestión los 2,200 empleados de la sede central del Ministerio habían sido reducidos a 420.
En otra ocasión visité el Instituto Ramírez Goyena y observé que muchos de sus servicios sanitarios tenían fugas. Le pregunté al director cuánto gastaba en agua al mes y me dijo desconocerlo; que las cuentas las pagaba directamente la sede central. No había pues incentivo alguno para que los directores ahorrasen en los servicios básicos. Mi sorpresa fue mayor cuando, revisando el gasto de todas las escuelas, descubrimos que unas, siendo menores en alumnos que otras, generaban cobros diez o más veces más altos en agua. Encontramos la razón: vecinos pegados ilegalmente a sus conexiones.
Todo cambió cuando descentralicé el cobro de las facturas y a cada centro escolar se le asignó un presupuesto de servicios en proporción al número de sus alumnos. Si el centro gastaba menos que su cuota podía disponer libremente del ahorro. Si la excedía, tenía que buscar los medios de cancelar la diferencia, ya sea con kermeses u cuotas voluntarias. Como resultado el gasto anual del MED en agua se redujo a una quinta parte.
¿Sobrevivieron dichos cambios? Seguramente no. A los estatistas que vinieron después no les interesan.
Cabe advertir, sin embargo, que este tipo de desperdicios no son excepcionales. Si bien los gobiernos de izquierda son los más propensos a engordar al Estado ocurren, aunque en distinta medida y formas, en muchos otros gobiernos e instituciones públicas y caritativas. Ocurre con UNICEF (el fondo para la niñez de las Naciones Unidas), con USAID y muchas otras agencias. Típico de ellas es que el grueso de su presupuesto se gasta en sus caras burocracias mientras un porcentaje mucho menor llega al destinatario final. El problema ocurre, en parte, porque muchos gobiernos no quieren ser transparentes y premian la lealtad política antes que la eficiencia. También porque no suelen tener mecanismos para evaluar su desempeño, como lo son las utilidades en el sector privado.
Corregir estas calamitosas anomalías es una obligación moral. No tiene sentido malgastar los dineros de los contribuyentes para alimentar burocracias parasitarias. Los Estados están para servir a la ciudadanía y no para servirse de ella. Es prioritario desarrollar metodologías para la medición de resultados, fomentar la rendición de cuentas y eliminar personal sobrante. Debe poder medirse la eficacia de asambleas o congresos —comenzando por conocer la asistencia de sus diputados—, igual de universidades, escuelas, sistemas judiciales, y, en fin, de toda institución que usa fondos de contribuyentes o donantes. Mucho cambiaría, mucho mejoraría, mucho se ahorraría, si más políticos exigieran eficacia y enarbolaran la motosierra libertaria.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
