Al menos 52 opositores y críticos al Gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país o bajo arresto domiciliario, incluidos 15 adultos mayores, entre ellos un comandante sandinista, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
«La cifra actualizada de presos políticos en Nicaragua es de 52», precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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De esas 52 personas privadas de libertad por razones políticas, siete son mujeres y 45 hombres (en los que se incluyen diez detenidos antes de la crisis de 2018), indicó el organismo.
Asimismo, de ese total, 35 han sido condenados por delitos considerados «traición a la patria» y 17 aguardan un juicio, de acuerdo con la información.
El organismo avalado por la CIDH advirtió, además, que entre las 52 personas detenidas hay 13 que se encuentran «desaparecidas por ocultamiento de paradero y negación de visitas».
La lista actualizada incluye al comandante (en retiro) de la Revolución sandinista, Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado.
Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.
El mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traidores a la patria».
