El suspendido presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, enfrenta este martes su última audiencia en la Corte Constitucional antes de que los jueces decidan si lo destituyen formalmente de su cargo por su fallida declaración de una ley marcial.
La breve interrupción del mando civil hundió al país de gobierno democrático en un torbellino político y Yoon fue suspendido de su cargo en diciembre por el Parlamento.
Yoon, de 64 años, no estuvo presente el martes en la sala, donde enfrentó semanas de tensas audiencias ante los jueces del máximo tribunal.
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En el inicio de las sesiones, la defensa de Yoon citó un fallo de 2024 de la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar que el presidente destituido no podía ser castigado por «ejercer sus poderes constitucionales».
Ese fallo, sobre el actual presidente Donald Trump, «debe ser considerado en el contexto de los procedimientos de destitución», sostuvo el abogado de Yoon, Lee Dong-chan.
Oposición se siente traicionada con la decisión de Yoon
En respuesta, el abogado opositor Lee Gum-gyu se pronunció emotivamente sobre su hijo, un soldado activo de quien dijo habría tenido que participar en la ley marcial de Yoon.
«Como ciudadano y como padre, guardo una sensación de rabia y traición hacia Yoon, quien intentó convertir a mi hijo en un soldado de la ley marcial», declaró en el tribunal.
Tras la audiencia del martes, los ocho jueces se retirarán para decidir en privado la suerte del mandatario suspendido. Observadores esperan un fallo para mediados de marzo.
Frente a la corte, manifestantes pro Yoon coreaban «paren la destitución».
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De ser aprobada su separación, Corea del Sur deberá celebrar nuevas elecciones presidenciales en 60 días.
Yoon declaró ley marcial el 3 de diciembre pero la medida tuvo solo seis horas de vigencia, hasta que fue derogada por el Parlamento luego de que los diputados pudieron ingresar a la sede legislativa pese a que el presidente envió soldados a bloquear el acceso.
El gobernante suspendido ha estado encarcelado desde su arresto en enero por cargos de insurrección, por los cuales podría ser sentenciado a prisión perpetua o incluso la pena de muerte.
El juicio por estos cargos comenzó la semana pasada.
