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En general, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Consulta del Artículo IV de 2024, elogia las políticas del régimen Ortega Murillo, e ignora las consecuencias de la crisis sociopolítica, las violaciones a los derechos laborales y empresariales, que las remesas que mandan unos 900 mil nicaragüenses son las que dinamizan el consumo, y que cerca de la mitad de ellos están en riesgo de deportación por las nuevas políticas de Donald Trump. Pero también advierte que el INSS requiere otras reformas para garantizar su viabilidad, las que el régimen está «negociando» y deben ser consensuadas.
Según el informe, «la economía nicaragüense está experimentando un crecimiento sólido… gracias a una demanda interna robusta, mientras que la inflación se está moderando. Las políticas macroeconómicas prudentes y las remesas en niveles récord sostuvieron este desempeño», dice parte del informe.
Además, menciona que la economía se mantiene abierta y resiliente, después de enfrentar múltiples shocks importantes y en un contexto de transferencias de propiedades privadas al Estado, sanciones internacionales y reorientación del financiamiento oficial. Pero ignora que las propiedades que se están transfiriendo al Estado son las que el régimen Ortega Murillo le confiscó a los opositores que ha desterrado y a casi seis mil organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones empresariales y organizaciones religiosas, la mayoría de la Iglesia católica, a las que les canceló su personería jurídica.
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INSS agotó sus reservas en 2022
Pese al excelente panorama económico que describe el informe de la consulta del Artículo IV de 2024 que realizó el FMI, en uno de sus anexos explica que para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), deben aprobar nuevas reformas, entre otras cosas porque las reservas líquidas del INSS se agotaron en 2022 y el rendimiento de sus inversiones se redujo. Estas y otras circunstancias obligan al Estado a seguir cubriendo sus déficit.
Según el FMI, «los shocks que afectaron al empleo formal en 2018-19 y la posterior recuperación lenta y limitada del empleo formal también afectaron la situación financiera del INSS. La prolongada contracción económica durante 2018-20 y una lenta recuperación del empleo formal desde entonces han ejercido más presión sobre la disminución de las contribuciones. Como resultado, la tasa de dependencia ha disminuido de 4.5 personas empleadas que mantenían a un jubilado en 2013 a 2.6 en 2023».
A esta crisis con los ingresos se sumaron los cambios en la estrategia de inversión que aceleró el agotamiento de las reservas. «El cambio de la estrategia de inversión, de los títulos públicos a los activos reales, dio lugar a una caída de los ingresos del fondo de reserva y a la consiguiente disminución del tamaño del mismo. Dado que los rendimientos del fondo de reserva también pueden utilizarse para financiar los gastos del INSS, la situación se volvió especialmente grave a partir de 2021, cuando el fondo de reserva se agotó (a finales de 2022 se situaba en -5.3 millones de dólares o el 0.9 por ciento del PIB)», detalla.
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Situación del INSS es dramática
Por esto, el organismo considera que el sistema actual no tiene asegurada su sostenibilidad a largo plazo, ya que además del agotamiento de las reservas líquidas, se prevé que la institución seguirá percibiendo menores ingresos por sus inversiones y la relación trabajador-beneficiario seguirá en descenso, hasta 2.2 en 2028.
Estas circunstancias obligarán al Estado a seguir cubriendo sus déficit con partidas presupuestarias o donaciones de propiedades, como lo hizo durante el año pasado cuando le entregó más de setenta, que se presume pertenecían a exreos políticos que fueron desterrados.
Además, detalla que «el sistema sigue acumulando pasivos no financiados y el Gobierno central tendrá que seguir cubriendo los déficits del INSS, lo que conducirá a una política fiscal restrictiva cada vez más subóptima o a donaciones ad hoc hasta que se encuentre una solución permanente».
«La descripción que hace el Fondo Monetario sobre la situación del INSS es más que dramática en el sentido fiscal y de sostenibilidad del sistema. Básicamente están confirmando lo que ya todos sabemos, que el régimen Ortega Murillo quebró el sistema de Seguridad Social en Nicaragua, y que desde la represión del 2018 ha llevado a un cambio estructural en el sistema donde el crecimiento del empleo formal no ha sido como antes y eso ha comprometido aún más las finanzas públicas», dice el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
¿INSS lava propiedades expropiadas ilegalmente?
Chamorro considera que a los señalamientos que hace el FMI se debe sumar que la crisis se ha agudizado por la falta de control de los gastos, la utilización de la institución como caja chica y las pésimas inversiones en activos que realizó en los últimos años la entidad. «Esos edificios de apartamentos que están abandonados y los de oficinas, todo esto ha sido la tormenta perfecta para hundir aún más al sistema de seguridad social», sostiene.
Con respecto a las propiedades que le han transferido a través de la Procuraduría General de la República, que es la responsable de confiscar los bienes, considera que están intentando «hacer un lavado de las propiedades ilegalmente expropiadas, para pasárselas al INSS y luego subastarlas para incrementar sus ingresos a través de la venta de estos activos».
«El FMI debe estar consciente de que están liquidando activos ilegalmente sustraídos a sus legítimos dueños y por tanto, al aceptar eso, inadvertidamente se están convirtiendo en una institución que está recomendando y viendo bien esta transacción, lo cual es sumamente grave», advierte Chamorro.
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FMI dice que la reforma debe ser consensuada
Además, lamentó que los funcionarios del FMI no hayan visto los problemas del país de manera profunda e integral, y que hayan realizado su análisis, tomando en cuenta únicamente cifras macroeconómicas. «Que tengan mucho cuidado con sus recomendaciones, porque podrían estar recomendando la liquidación de activos robados y estoy segurísimo que los economistas del Fondo Monetario no quisieran ser parte de una transacción de esta naturaleza, pero al recomendarla podrían estar cayendo inadvertidamente en ese error», señala Chamorro.
Por su parte el FMI en su informe asegura que «continúan las conversaciones entre el INSS y el Gobierno central para explorar posibles opciones de reforma» y que esta debe ser consensuada con el sector empresarial y aceptada por la población. Cabe recordar que una reforma inconsulta, que luego derogaron, fue la chispa que provocó la crisis sociopolítica que estalló en 2018 y derivó en el asesinato de más de 350 personas, el encarcelamiento de miles y la migración de cerca de un millón de nicaragüenses.
«Cualquier medida potencial planificada incluirá una combinación de reformas paramétricas y otros cambios, incluidos los de la reforma de pensiones de 2019 que no se implementaron. La reforma debe garantizar que no cree distorsiones en la economía o el mercado laboral. El Gobierno también debe garantizar la aceptación de la población y la comunidad empresarial para una implementación más fluida, mediante la transparencia, la implementación gradual y el consenso», aconseja el FMI en su informe.
Recomendaciones del FMI para la reforma
Además, menciona que las reformas de 2013 y la también inconsulta reforma al sistema de pensiones de 2019, que fue más severa que la fallida de 2018, no fueron suficientes para frenar la crisis financiera que enfrenta el INSS desde 2013 cuando por primera vez sus ingresos no pudieron cubrir todos sus gastos y acumuló un déficit.
Entre las reformas que aconseja el FMI para garantizar la sostenibilidad del INSS están:
1. Aumentar el número de afiliados que contribuyen al sistema de pensiones sin afectar negativamente los costos laborales, las tasas de participación y la competitividad.
2. Aumentar el empleo formal.
3. Aplicar políticas para aumentar las tasas de participación en la fuerza laboral y reducir las disparidades.
4. Diversificar la cartera de inversiones para aumentar los ingresos financieros y profundizar el mercado de capitales interno.
5. Reducir los costos administrativos, incluso aumentando la inclusión financiera mediante la distribución electrónica de las pensiones y reduciendo las donaciones ad hoc.
Desde 2019 que entró en vigencia la más reciente reforma a la seguridad social el régimen Ortega Murillo no se ha vuelto a referir a la posibilidad de que se apruebe una nueva reforma.
