Medios de comunicación y grupos políticos opositores se han alarmado porque el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo está constitucionalizando sus fuerzas represivas paramilitares o parapoliciales.
“Policía Voluntaria” es el nombre que se da a los paramilitares en la nueva constitución totalitaria de Nicaragua, la que están aprobando sin un verdadero debate y mucho menos oposición.
Según información de LA PRENSA, hasta el martes 21 de enero habían sido juramentados más de 75 mil efectivos parapoliciales en apenas cuatro de los 15 departamentos, más dos regiones autónomas que tiene el país. De manera que es fácil prever que al final de las juramentaciones será monstruosa la cantidad de paramilitares que tendrá el régimen a su disposición para ejecutar la represión política.
Pero las fuerzas paramilitares o parapoliciales ya existían, ahora solo las están barnizando de legalidad. Existían desde antes de 2018, cuando aplastaron sangrientamente la sublevación popular democrática que iniciaron y encabezaron los estudiantes universitarios.
Cabe indicar que las fuerzas paramilitares, ya sea que las llamen policía voluntaria, milicias populares, fuerzas de choque o “colectivos” (como son denominadas en Venezuela) existen y han existido en todas las dictaduras autocráticas y totalitarias.
En Nicaragua el somocismo creó los Frentes Populares Liberales Somocistas, o turbas “nicolasianas” como las llamaba la población porque las encabezaba una violenta activista llamada Nicolasa Sevilla. Pero no estaban armadas, eran fuerzas de choque integradas por fanáticos somocistas y personas desclasadas que disolvían a garrotazos y pedradas las manifestaciones públicas opositoras y asaltaban instituciones que vinculaban con la oposición.
También es necesario aclarar que tampoco son paramilitares las fuerzas institucionales de reservistas que por lo general tienen los ejércitos en los países civilizados, que no son tropas regulares de combate, sino que están disponibles para actuar en situaciones de emergencia, sobre todo civil.
La experta española Asma El Kanfoudi, en un artículo publicado en la revista El Orden Mundial define a los paramilitares —independientemente del nombre que les pongan— como “grupos de civiles armados con estructura militar que no forman parte del ejército oficial y actúan con violencia a la sombra del Estado o de manera independiente”. Y que en ocasiones —agregamos nosotros— operan como “escuadrones de la muerte” para ejecutar extrajudicialmente a personas o grupos de enemigos del régimen que defienden.
Un prototipo histórico de las organizaciones paramilitares fue la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional (MVSN), que integraban los “camisas negras” en la Italia fascista de Benito Mussolini. Y en Alemania las SS (Schutzstaffel) y las SA (Sturmabteilung), tenebrosas agrupaciones de matones uniformados y armados, creadas por los nazis de Adolfo Hitler para imponer el terror entre sus adversarios y disidentes.
El derecho internacional y las instituciones de derechos humanos prohíben y condenan las organizaciones paramilitares y parapoliciales de los Estados autoritarios y totalitarios. Pero igual existen y actúan con impunidad, porque las normas humanitarias y democráticas del derecho internacional no valen nada para las dictaduras y tiranías. Las que incluso revisten de legalidad y hasta constitucionalizan a sus fuerzas paramilitares o parapoliciales, como sucede actualmente en Nicaragua.
Pero hay que seguir denunciándolas internacionalmente. Y sobre todo tener claro que deberán ser disueltas y abolidas cuando se abra el camino a otra transición democrática en Nicaragua.
