Como es bien sabido, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, comenzará su segundo mandato presidencial el próximo lunes 20 de enero. En esa fecha habrá allí unos 450,000 migrantes nicaragüenses amenazados con ser deportados, de acuerdo con las amenazas del mandatario.
La elevada cifra la aporta el experto en temas migratorios, doctor Harold Rocha, en un artículo de su autoría que publicamos en la sección de Opinión de LA PRENSA de este mismo día, miércoles 15 de enero.
Ad bonum hominum (Por el bien de los hombres) es titulado el artículo en el que su autor aboga por una acción humanitaria de última hora del saliente presidente de EE. UU., Joe Biden, para evitar la expulsión masiva de los compatriotas nicaragüenses.
Según Rocha, el todavía presidente Biden tiene a su disposición el instrumento legal apropiado para evitar a última hora que ocurra esa tragedia humana. Usarlo depende de su conciencia humanitaria y de que pueda prestar atención a este drama en medio de todas las complicaciones de los preparativos de entregar el poder en orden. Lo que no hizo Trump cuando concluyó su primer mandato, en enero de 2018.
Hay que señalar que la gran desgracia que significa la deportación no la sufrirían solo las personas deportadas. También serían víctimas directas los miembros de sus familias en Nicaragua, que no podrán seguir recibiendo las modestas remesas de dinero que con mucho esfuerzo han logrado enviarles sus parientes desde EE. UU. Pero, además, los deportados vendrán a ser una pesada carga en sus hogares porque seguramente no podrán encontrar empleo fácilmente.
Se dice a menudo que las migraciones y las deportaciones representan uno de los principales problemas humanitarios del mundo actual. Un mundo con muchos problemas, pero como ha lamentado tantas veces el papa Francisco, cada vez con menos corazón de los gobernantes.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, elaboró un estudio académico sobre las deportaciones de migrantes en EE. UU., en el cual hace ver que el principio de soberanía que invocan los gobernantes para justificar la expulsión de los migrantes no tiene un carácter absoluto. “El derecho internacional otorga al Estado la facultad para controlar el ingreso, la residencia y la expulsión de no ciudadanos; pero también reconoce los derechos humanos que los Estados se comprometen a garantizar dentro de sus jurisdicciones”, se señala en el documento.
Explica el estudio académico mexicano que “Estados Unidos es un país reacio a firmar acuerdos internacionales que protejan los derechos humanos de los migrantes. La resistencia a ratificar la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de 1990 (OHCHR), muestra su falta de interés en los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, aunque Estados Unidos es signatario de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, su nivel de compromiso es débil”.
A pesar de eso lo cierto es que varios gobiernos estadounidenses han aprobado y aplicado leyes y medidas de protección a los migrantes, como por ejemplo el TPC y el parole humanitario.
Precisamente a eso, al humanitarismo, apela el doctor Harold Rocha para pedir al todavía presidente Joe Biden que dicte una medida legal de protección a los miles y miles de inmigrantes nicaragüenses amenazados con la deportación.
Puede hacerlo y, por el bien de tanta gente nicaragüense, ojalá que la apelación sea atendida.
